Atasco reformador

El impetuoso plan de reformas penales y procesales propiciado desde el Gobierno se arrastra entre pol¨¦micas hacia un final de legislatura cada vez m¨¢s cercano. Aquellas que ya han salido adelante ¡ªimplantaci¨®n de las tasas judiciales, dr¨¢stica limitaci¨®n de la justicia universal¡ª lo han hecho al coste de m¨²ltiples cr¨ªticas, pero las que se refieren a la ley procesal penal o a la organizaci¨®n de la justicia avanzan muy lentamente o se encuentran empantanadas.

La Administraci¨®n de justicia atiende ocho millones de asuntos anuales y cada ejercicio termina con dos millones en tr¨¢mite. La reforma de la Ley del Poder Judicial intenta la concentraci¨®n de recursos en menos juzgados y tribunales, as¨ª como la desaparici¨®n de m¨¢s de 7.000 juzgados de paz. A una reorganizaci¨®n ya compleja de por s¨ª, el Gobierno le ha sumado la atribuci¨®n de la instrucci¨®n de grandes causas y asuntos complejos a ¨®rganos de tres magistrados, en vez del ¨²nico juez instructor que ahora se encarga de conducir cada causa. Se ha justificado esa reforma por la necesidad de acabar con los jueces estrella, pero en realidad hay que hablar de causas estrella, como suelen ser las que afectan al mundo pol¨ªtico o empresarial. Tambi¨¦n permanece confuso el papel del fiscal como conductor de las investigaciones, que ha figurado en algunas de las ideas de reforma y no ha llegado a materializarse.

No est¨¢n los tiempos como para que la opini¨®n p¨²blica acepte maniobras legales que afecten a este tipo de causas. A las cr¨ªticas a la reforma del Poder Judicial por parte de jueces de la Audiencia Nacional, el ¨®rgano donde se instruyen numerosas causas complejas, se suma su resistencia patente a aplicar las limitaciones a la justicia universal, estas ¨²ltimas tramitadas a la carrera por el Parlamento.

Mientras tanto, el proyecto de reforma del C¨®digo Penal ha sido objeto de fuertes cr¨ªticas por parte de expertos, bien por el endurecimiento de penas previsto ¡ªentre ellas la llamada ¡°prisi¨®n permanente revisable¡±¡ª, bien por otras deficiencias. La ¨²ltima procede del Grupo de Trabajo de la OCDE contra la Corrupci¨®n, que exhorta a Espa?a a ¡°reforzar urgentemente su marco jur¨ªdico para la lucha contra la corrupci¨®n¡± y a aplicar la legislaci¨®n contra sobornos en el extranjero, aspecto este ¨²ltimo sobre el que la OCDE se extra?a de que no se haya producido ¡°ni una sola acusaci¨®n¡± en 15 a?os. A su vez, las limitaciones a la regulaci¨®n del aborto presentadas en su d¨ªa por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallard¨®n, han obligado a librar una larga batalla en el Consejo del Poder Judicial sobre el sentido del informe que debe darse al Gobierno, saldada con una victoria p¨ªrrica a favor de la reforma, pero corrigi¨¦ndola para pedir la despenalizaci¨®n del aborto si el feto es inviable.

Cuando un Gobierno con mayor¨ªa absoluta tiene tantas dificultades, lo m¨¢s probable es que se haya equivocado al intentar dejar su impronta en solitario, en vez de buscar negociaciones y consensos.