Est¨ªmulo, pero peque?o

El Gobierno aprob¨® ayer la llamada Garant¨ªa Juvenil de Empleo, que consiste en una bonificaci¨®n de 300 euros mensuales durante seis meses a las empresas que ofrezcan contratos de formaci¨®n, de pr¨¢cticas o de empleo a j¨®venes de entre 16 y 24 a?os. La iniciativa, financiada con dinero europeo, responde a la necesidad urgente de frenar la alarmante escalada del paro juvenil y, sin duda, en algo contribuir¨¢ a mejorar la situaci¨®n laboral de los j¨®venes. Pero, si bien es mejor contar con esta disposici¨®n que lamentarse por la ausencia de medidas espec¨ªficas, conviene no depositar esperanzas excesivas en su impacto. Ayudar¨¢ a limitar el da?o de la recesi¨®n en el segmento de la poblaci¨®n activa joven, aunque no es f¨¢cil que suponga una mejora importante y persistente en la ocupaci¨®n juvenil.

La creaci¨®n de empleo s¨®lo puede abordarse seriamente mediante acciones contundentes de est¨ªmulo de la demanda. Las empresas no se decidir¨¢n a crear puestos de trabajo de forma significativa hasta que sus expectativas de ventas y, por tanto de ingresos, sean favorables. Las bonificaciones y las desgravaciones no sustituyen las expectativas de beneficios.

Precauciones similares hay que reclamar respecto al apartado de medidas liberalizadoras expuestas en el Consejo de Ministros. La liberalizaci¨®n de horarios comerciales para diez ciudades espa?olas es una decisi¨®n que responde a la idea de que la libertad de horarios aumenta el negocio y el empleo, pero los empresarios de varios mercados incursos en esa liberalizaci¨®n (en Madrid, por ejemplo) discuten esa correlaci¨®n. Buena parte de los puntos de negocio no aprecian un crecimiento significativo de las ventas que compense claramente el aumento de los costes que supone la apertura durante m¨¢s horas y m¨¢s d¨ªas.

En todo caso, el impulso liberalizador que necesita la econom¨ªa espa?ola no debe concentrarse en la libertad de horarios, aunque sea un elemento positivo. Se echa de menos una liberalizaci¨®n efectiva en el mercado de los combustibles (gasolina, gas¨®leos) y en el del gas, t¨ªmidamente retocado este ¨²ltimo a trav¨¦s de una alicorta liberalizaci¨®n del butano y de disposiciones que se limitan a corregir el d¨¦ficit incipiente del mercado del gas con subidas autom¨¢ticas de peajes cuando los ingresos caigan.

Lo que los ciudadanos esperan es, adem¨¢s, una pol¨ªtica activa que estabilice los precios medios de los carburantes; y lo que pide la industria es una pol¨ªtica racional de precios que frene el elevad¨ªsimo coste energ¨¦tico por unidad de producto que pesa sobre la producci¨®n espa?ola.

Menci¨®n aparte merece la unificaci¨®n del impuesto sobre los dep¨®sitos, aplicado de manera desordenada por algunas comunidades aut¨®nomas. La iniciativa es loable, pero hay que recordar que supone un impuesto sobre el ahorro ¡ªtan escaso en Espa?a¡ª que se traslada a los depositantes y que la decisi¨®n m¨¢s racional no es armonizarlo, sino eliminarlo.