Peligrosa sentencia

Un tribunal de la Audiencia Nacional ha dado un salto peligroso en la l¨ªnea de defensa de las acciones de ¡°democracia directa¡± contra representantes de los ciudadanos elegidos en las urnas. Para ello absuelve a 19 de los 20 acusados de entorpecer el acceso del presidente de la Generalitat, Artur Mas, y de numerosos diputados al Parlamento de Catalu?a el 15 de junio de 2011; en parte, por no considerar suficientemente acreditada la participaci¨®n de los implicados pero, sobre todo, porque dos de los tres jueces consideran ¡°obligado¡± admitir excesos en el ejercicio de las libertades de expresi¨®n o manifestaci¨®n ¡°si se quiere dotar de un m¨ªnimo de eficacia a la protesta y a la cr¨ªtica¡±, lo que puede interpretarse como un aval a los actos de intimidaci¨®n.

Sostienen tales jueces el delirante argumento de que el espacio p¨²blico est¨¢ ¡°delimitado y controlado por los medios de comunicaci¨®n, en manos privadas, o, pocos, de titularidad estatal pero gestionados con criterios partidistas¡±. ?Qu¨¦ tiene que ver esa palabrer¨ªa con los golpes contra el coche del presidente de la Generalitat y el acoso a decenas de diputados; con tirarles l¨ªquidos a sus trajes; con pintarrajear a alguno de ellos; con acometerles f¨ªsicamente en alg¨²n caso, y en otros de forma verbal? A dos de los tres miembros del tribunal les parece bien ¡°ponerse delante de los diputados con los brazos abiertos o caminar detr¨¢s de ellos con los brazos en alto, al tiempo que se coreaban las consignas sobre el recorte presupuestario o la falta de legitimidad de la representaci¨®n que ostentaban¡±, seg¨²n escriben en su sentencia: lo consideran ¡°conductas ¨ªntima e inequ¨ªvocamente conectadas con el derecho a la protesta que all¨ª se ejercitaba¡±.

Contraponer ¡°democracia directa¡± a ¡°democracia representativa¡± es la gran consigna populista que recorre Europa, animada, sobre todo, por movimientos extremistas. Resulta rid¨ªculo haber condenado a uno solo de los participantes ¡ªa una pena tan liviana como permanecer cuatro d¨ªas localizado¡ª, pero es mucho m¨¢s inquietante justificar los excesos cometidos, como lo hacen los magistrados Ram¨®n S¨¢ez Valc¨¢rcel y Manuela Fern¨¢ndez Prado, de los que ha disentido Fernando Grande-Marlaska, para quien hay pruebas suficientes para condenar a una decena de implicados.

Los derechos de reuni¨®n y expresi¨®n son inherentes a la democracia. Nada hay que decir sobre una protesta contra los recortes del gasto social, si se hubiera producido de forma ¡°pac¨ªfica¡±, como dice la Constituci¨®n. Tampoco hay reproche alguno que hacer a la mayor¨ªa de los manifestantes, que se abstuvieron de coacciones (y algunos trataron de contenerlas). Es cierto que las penas requeridas eran discutibles ¡ªla fiscal¨ªa pidi¨® hasta cinco a?os de prisi¨®n¡ª y que en su d¨ªa se cuestion¨® la actuaci¨®n de los Mossos d¡¯Esquadra en esa jornada. Pero de ah¨ª a justificar a una minor¨ªa intimidatoria va una distancia insalvable. Por ah¨ª no se puede pasar.