Segunda correcci¨®n

El Gobierno tendr¨¢ que reformar, por segunda vez, las normas legales que regulan el mercado hipotecario para corregir las pr¨¢cticas abusivas en contra de los deudores y a favor de las instituciones financieras que denuncia el Tribunal de Luxemburgo. Las objeciones de los jueces europeos se resumen en que, a pesar de los cambios en la ley introducidos por la autoridad econ¨®mica espa?ola a instancias del mismo Tribunal, el deudor sigue en situaci¨®n desfavorable ante los tribunales respecto a los acreedores bancarios: si bien los bancos pueden recurrir cualquier resoluci¨®n judicial favorable a los acreedores, ¨¦stos no pueden recurrir cuando la decisi¨®n es favorable a las entidades financieras. Un desequilibrio que es contrario a los principios b¨¢sicos del derecho.

Conviene prestar mucha atenci¨®n al nuevo rev¨¦s infligido por el Tribunal europeo por dos motivos de valor pol¨ªtico y jur¨ªdico. No es habitual ¡ªy produce un cierto sonrojo¡ª que se rechace por segunda vez una legislaci¨®n despu¨¦s de una primera advertencia para que una ley injusta se acomode a criterios equitativos entre los firmantes de un contrato. Da la impresi¨®n de que el Gobierno procedi¨® a la primera modificaci¨®n hipotecaria a rega?adientes, arrastrando los pies, por pura obligaci¨®n institucional. Esta reticencia podr¨ªa atribuirse bien a que el Ejecutivo es m¨¢s sensible a los argumentos de bancos y cajas que a los intereses de sus clientes o bien a que no es consciente de la distancia que separa la ley espa?ola de las leyes europeas, donde los derechos de los tomadores de hipotecas est¨¢n m¨¢s protegidos, en l¨ªnea con criterios sociales y de bienestar com¨²n.

Otra circunstancia deber¨ªa llevar al Gobierno a la reflexi¨®n: los jueces espa?oles, encargados de interpretar y aplicar las sentencias de desahucio, han protestado sistem¨¢ticamente por la aplicaci¨®n de la ley hipotecaria; es m¨¢s, han encabezado en algunos casos la rebeli¨®n contra la norma. Resulta un mal negocio el que los encargados de aplicar una ley est¨¦n en contra de ella y aunque s¨®lo fuera por esa circunstancia el legislador deber¨ªa haberla modificado mucho antes. Y m¨¢s cuando se han recibido advertencias continuadas desde instancias europeas cualificadas.

Las observaciones del Tribunal de Luxemburgo deben ser aplicadas con prontitud en una modificaci¨®n de la Ley de Enjuiciamiento Civil, porque son justas y la sociedad espa?ola se merece normas financieras homologables con Europa. No son, sin embargo, las ¨²nicas pertinentes. Los desahucios no deber¨ªan aplicarse en condiciones de clima extremo (por ejemplo, en invierno); y desde luego convendr¨ªa revisar a fondo las sanciones a que da lugar el impago de una hipoteca. En todo caso, lo que ahora cabr¨ªa exigir al Gobierno es que atienda sin reservas mentales las observaciones del Tribunal de Luxemburgo para que no haya lugar a una tercera reconvenci¨®n.