Oxigenaci¨®n

La causa abierta sobre los negocios de Jordi Pujol Ferrusola, hijo de quien fuera 23 a?os presidente de la Generalitat, inaugura una temporada judicial muy densa en asuntos de presunta? corrupci¨®n. Se investiga si cobr¨® comisiones ilegales a empresas adjudicatarias del Gobierno aut¨®nomo: un importe sustancioso, superior a los ocho millones de euros, que habr¨ªan sido aportados por 17 compa?¨ªas, am¨¦n de otros movimientos financieros no explicados de cuant¨ªa a¨²n superior. Es de desear que este caso, como el de G¨¹rtel o el de los ERE andaluces, se sustancie a la mayor velocidad que permita el escrupuloso respeto a las garant¨ªas procesales propias del muy protector ordenamiento criminal. Cada uno de los Pujol sigue gozando de la presunci¨®n de inocencia y en su caso el derecho a un juicio justo: no hay lugar en un Estado de derecho a los juicios paralelos, por m¨¢s que Pujol padre se atribuyera ¡ªy atribuyera indirectamente a sus descendientes¡ª una implicaci¨®n en operaciones fraudulentas y secretas.

La importancia de la causa estriba en que empezar¨¢ a indicar si las presuntas irregularidades afectan a un individuo, a una familia o a toda una Administraci¨®n. Es decir, si se agotan, caso de validarse judicialmente, en el ¨¢mbito de un apellido o ciernen su sombra sobre el de toda una obra pol¨ªtica. Por supuesto que para ello no bastar¨¢ el procedimiento judicial reci¨¦n arrancado; faltar¨¢ la deseable inspecci¨®n interna (nunca prometida) en la Generalitat, y desde luego los resultados de la comisi¨®n parlamentaria de investigaci¨®n. Es exigible que esta no se aborte por intereses partidistas, ni que sean disfrazados de exigencias de ning¨²n calendario referendario ni electoral. Porque los ciudadanos tienen derecho a saber: sin saber, ?c¨®mo se puede decidir?

Junto al garantismo del procedimiento conviene recordar que tambi¨¦n debe garantizarse la restauraci¨®n de los derechos de los eventualmente perjudicados, como ser¨ªan las compa?¨ªas pagadoras y la sociedad en general, en caso de comprobarse alg¨²n delito en la administraci¨®n de los recursos p¨²blicos o en las licitaciones. Desde luego, vistos los antecedentes, este derecho de la sociedad ser¨¢ en principio mejor servido por un tribunal que guarda las debidas distancias con los procesados, como la Audiencia Nacional. A veces los magistrados geogr¨¢ficamente muy cercanos resultan m¨¢s sensibles a las presiones p¨²blicas, y por ende, m¨¢s maleables.