Contra la prostituci¨®n

La aplicaci¨®n por parte del INE del nuevo c¨¢lculo del PIB adoptado en septiembre para aplicarlo a los pr¨®ximos presupuestos generales, cuyo m¨¦todo incluye las cifras estimadas de la econom¨ªa ilegal de acuerdo a las directrices del Sistema Europeo de Cuentas SEC 2010, brinda la oportunidad de volver a discutir un tema tan controvertido como el de la prostituci¨®n, ahora incluida junto con las dem¨¢s transacciones ilegales libremente consentidas por las partes (como el contrabando y el tr¨¢fico de drogas) en el c¨¢lculo de las cuentas nacionales. Se trata de los tambi¨¦n conocidos como delitos sin v¨ªctimas,en la medida en que, aunque est¨¦n penalmente tipificados como ilegales, sin embargo excluyen los da?os criminales contra bienes y personas, al producirse como intercambios voluntarios entre adultos en plenitud de sus derechos. Una categor¨ªa en la que tambi¨¦n deber¨ªan entrar los matrimonios de conveniencia, la introducci¨®n de inmigrantes irregulares, el tr¨¢fico de ¨®rganos o la corrupci¨®n pol¨ªtica, entre otras transacciones m¨¢s o menos vergonzosas, estigmatizadas o inconfesables que sin embargo no violentan la voluntad de quienes aceptan acceder a ellas.

Pero la introducci¨®n en el PIB de la llamada prostituci¨®n presenta mayor inter¨¦s porque la nueva metodolog¨ªa europea para el c¨¢lculo de la actividad econ¨®mica (el citado SEC 2010) ofrece un criterio que quiz¨¢ permita resolver una est¨¦ril pol¨¦mica que se viene arrastrando desde hace ya demasiado tiempo. Se trata de qu¨¦ hacer con el comercio sexual alegal, si penalizarlo como proponen los abolicionistas y reclama la fracci¨®n puritana del feminismo, o regularizarlo como proponen las feministas m¨¢s comprensivas que luchan en defensa de los derechos de las trabajadoras sexuales. Pero digo que se trata de una pol¨¦mica est¨¦ril porque hasta ahora su enconamiento ha impedido aprobar legislaciones protectoras de las prostitutas a muchos de los Parlamentos que lo han intentado, como el catal¨¢n o el espa?ol. Y entretanto las trabajadoras sexuales permanecen en un limbo legal, sin derechos, reconocimiento ni protecci¨®n jur¨ªdica alguna, mientras se ven sometidas a la explotaci¨®n clandestina de las redes de proxenetas as¨ª como a la arbitrariedad discrecional de la polic¨ªa y de las autoritarias ordenanzas municipales.

Los servicios sexuales voluntarios se
tratan como libre
actividad econ¨®mica

La soluci¨®n al dilema deber¨ªa resultar evidente pues no se trata de elegir una u otra opci¨®n (o abolici¨®n o regulaci¨®n), sino de activar las dos a la vez: abolici¨®n del tr¨¢fico criminal y adem¨¢s regulaci¨®n del comercio libre. Pero esa soluci¨®n ha resultado hasta ahora imposible porque ambas opciones aparecen indisolublemente unidas como las dos caras de una misma moneda: el pago del comercio carnal. Por eso, para resolver tan sangrante dilema, har¨ªa falta adoptar una soluci¨®n salom¨®nica que viene a coincidir con el ya citado criterio del SEC 2010.

Se trata de romper la aparente unidad sem¨¢ntica del concepto de prostituci¨®n para dividirlo en dos mitades antit¨¦ticas diametralmente opuestas entre s¨ª. Por una parte tenemos los servicios sexuales voluntariamente ofrecidos por trabajadoras libres que no est¨¦n sometidas a ninguna coerci¨®n f¨ªsica ni moral, econ¨®mica ni autoritaria. Llamemos a esa categor¨ªa ¡°comercio sexual¡±. Y por otra parte aparecen las cautivas sexuales obligadas a someterse a los clientes c¨®mplices de las redes criminales que las secuestran y las obligan. Llamemos a este otro contingente ¡°explotaci¨®n sexual¡±. Pues bien, ambas realidades son absolutamente ajenas la una a la otra en tanto que heterog¨¦neas entre s¨ª, del mismo modo que lo son el trabajo asalariado y la esclavitud, o el comercio libre y el fraude criminal. Y lo ¨²nico que las unifica en apariencia en un todo unitario es el designarlas falazmente bajo un mismo concepto com¨²n: la infamante voz de prostituci¨®n que las maldice por igual. Pero no son dos especies de un mismo g¨¦nero, la prostituci¨®n, sino dos g¨¦neros diametralmente opuestos, pues en el comercio sexual las mujeres ejercen voluntariamente su libertad como sujetos personales de sus actos mientras que en la esclavitud se ven privadas de ella y reducidas al papel de objeto pasivo sometido a la voluntad ajena. Mujeres libres frente a mujeres forzadas: dos posiciones antit¨¦ticas que deber¨ªan estar separadas para situarse en ambos lados opuestos de la ley.

Es un problema falaz porque mete en el mismo saco dos fen¨®menos muy diferentes entre s¨ª

Se trata, pues, de una cuesti¨®n pol¨ªtica, que s¨®lo el an¨¢lisis de marcos (framing),dedicado a deconstruir la naturaleza profunda de los problemas sociales que conforman la agenda p¨²blica, permite dilucidar para separar ambas cuestiones sin confundirlas entre s¨ª. ?Qu¨¦ clase de problema social es la prostituci¨®n? Un problema falaz porque mete en el mismo saco dos fen¨®menos muy diferentes entre s¨ª. Lo que s¨ª constituye un problema social porque genera multitud de v¨ªctimas forzosas es la esclavitud sexual, que afecta a cientos de miles de mujeres y menores, casi todos inmigrantes de las antiguas colonias, que son objeto de trata y tr¨¢fico criminal: una esclavitud de la que son c¨®mplices necesarios y culpables los clientes occidentales que la demandan y financian. Pero, en cambio, el comercio sexual no es ning¨²n problema social, dado que no genera v¨ªctimas ni entre las mujeres adultas que ofertan libremente sus servicios ni entre los clientes que los demandan. O mejor dicho, s¨®lo genera v¨ªctimas en la medida en que los derechos de las trabajadoras sexuales no est¨¦n legalmente reconocidos por parte de las autoridades p¨²blicas. Pues en cuanto los servicios sexuales quedasen legalmente regularizados, pasar¨ªan a ser transacciones sin v¨ªctimas.

Por eso resulta urgente luchar contra el totalitarismo sem¨¢ntico de la voz prostituci¨®n, a fin de separar ambos tipos de actividades, el leg¨ªtimo comercio libre frente a la criminal esclavitud sexual. Lo cual resulta afortunadamente facilitado por la nueva metodolog¨ªa contable aconsejada por el SEC 2010, que exige considerar los servicios sexuales voluntarios como libre actividad econ¨®mica pero siempre y cuando no incluya los cr¨ªmenes contra las personas, como sucede con la trata de mujeres y el tr¨¢fico de menores. A ver si as¨ª comprenden de una vez las autoridades p¨²blicas que el aut¨¦ntico problema no est¨¢ en la prostituci¨®n sino en la esclavitud sexual con fines recreativos. Pues los efectos perversos de meter bajo el mismo paraguas sem¨¢ntico de la voz prostituci¨®n dos realidades tan opuestas afectan no s¨®lo a la ilegalizaci¨®n de los servicios sexuales libres, lo que ya es suficientemente malo de por s¨ª, sino a algo mucho peor todav¨ªa pues tambi¨¦n conducen a la banalizaci¨®n de la esclavitud sexual, que en lugar de tomarse por lo que es en realidad, un crimen de lesa humanidad cometido tanto por los explotadores como por sus clientes, pasa a ser consentida y disculpada como si s¨®lo fuera una experiencia transgresora de barata sexualidad il¨ªcita.

Enrique Gil Calvo es catedr¨¢tico de Sociolog¨ªa de la Universidad Complutense de Madrid.