Canarias: del conflicto al consenso

C¨®mo deben tomar decisiones los pol¨ªticos cuando los efectos de tales decisiones son diferentes para determinados grupos sociales??Y si adem¨¢s esos efectos est¨¢n sujetos a incertidumbre radical? Estas son algunas de las cuestiones que planean sobre las prospecciones de petr¨®leo y gas en las aguas cercanas a Canarias. Algunos grupos ven en estas actividades posibilidades de empleo y beneficio, otros interpretan que hay riesgos asociados que pueden poner en peligro empleos y beneficios de actividades econ¨®micas existentes, condicionar el bienestar de la poblaci¨®n y producir efectos medioambientales irreversibles. Cualquiera que sea el contenido que est¨¦ asociado a lo positivo y lo negativo, ?qui¨¦n podr¨ªa decir que unos efectos son buenos y los otros son malos? Y para a?adir algo m¨¢s de complejidad a la decisi¨®n, todos estos efectos est¨¢n sujetos a incertidumbre o a ignorancia sobre el futuro: con certeza, ni conocemos de antemano las disponibilidades de recursos, ni si habr¨¢ un accidente, ni los efectos sobre el empleo y los beneficios.

El conflicto planteado procede de la distinta valoraci¨®n que los Gobiernos de Espa?a y Canarias han hecho de los efectos previstos. El Gobierno de Espa?a valora el efecto sobre los ingresos p¨²blicos, la sustituci¨®n de importaciones de hidrocarburos, la renta y el empleo; al tiempo, considera remota la posibilidad de un accidente y conf¨ªa en que sea suficiente una aplicaci¨®n parcial y moderada del principio de precauci¨®n. El ministro responsable ha hablado de un canon de extracci¨®n que ser¨ªa cedido a Canarias como compensaci¨®n por los riesgos. Tal canon supone una novedad fiscal y su cesi¨®n a la regi¨®n m¨¢s cercana a la explotaci¨®n una idea original que se antoja de dif¨ªcil encaje en el esquema de financiaci¨®n de las comunidades aut¨®nomas.

El Gobierno de Canarias toma en cuenta los riesgos asociados a las prospecciones y explotaci¨®n, porque es evidente que la percepci¨®n del riesgo es sensible a la distancia, y m¨¢s a¨²n, los impactos medioambientales no se eliminan con medidas asociadas a la prevenci¨®n; en cambio, valora que son moderados tanto los efectos sobre la poblaci¨®n ocupada de las islas como los beneficios asociados a los efectos de arrastre sobre otras actividades. Lejos pues de proponer una compensaci¨®n negociada de renta por riesgo, como el sugerido por el Gobierno de Espa?a, se hace una puja de protesta, esto es, ninguna renta compensar¨ªa el riesgo.

La toma de decisiones debe basarse en procesos bien informados

En realidad, el campo de decisi¨®n es m¨¢s amplio que el determinado por un s¨ª o un no a las prospecciones. En principio podr¨ªan considerarse cuatro alternativas generales, lo que no excluye la posibilidad de contemplar otras m¨¢s concretas, una vez acotado el campo de decisi¨®n. Las cuatro opciones m¨¢s generales pueden ser las siguientes: el mantenimiento de la situaci¨®n actual, la realizaci¨®n de prospecciones sin explotaci¨®n (sea porque no hay resultados conducentes a la comercializaci¨®n o porque se decide no pasar a la fase siguiente), prospecciones con explotaci¨®n y una apuesta decidida por la sustituci¨®n del consumo de hidrocarburos hasta donde sea posible tecnol¨®gicamente, sin explotaci¨®n de los posibles recursos existentes en las aguas cercanas a Canarias.

El reto est¨¢ en ordenar estas posibilidades para tener un criterio que permita tomar una decisi¨®n pol¨ªtica, informada con el mayor y mejor conocimiento disponible, fundamentada en el inter¨¦s p¨²blico que, por las razones m¨¢s arriba mencionadas, no es la suma de los intereses individuales, como resulta obvio decir.

Para ordenar estas posibilidades de decisi¨®n se pueden utilizar criterios que reflejen los efectos positivos y negativos seg¨²n la percepci¨®n de los grupos de la poblaci¨®n. En nuestro an¨¢lisis hemos utilizado 14 efectos que se refieren a los impactos directos e indirectos sobre la actividad econ¨®mica y el empleo, los ingresos p¨²blicos para la Hacienda estatal y de la comunidad aut¨®noma, los costes medioambientales, las consecuencias de un accidente y los impactos sobre la imagen de Canarias. Tales efectos se han ponderado utilizando cinco niveles, de acuerdo con los estudios y opiniones de especialistas en las diferentes materias consultados.

M¨¢s a¨²n, el an¨¢lisis se ha duplicado. En un caso suponiendo que quien toma la decisi¨®n es el Gobierno de Espa?a, que es la realidad seg¨²n el orden competencial, y en segundo lugar suponiendo que es el Gobierno de Canarias quien interpreta el inter¨¦s p¨²blico. Este doble an¨¢lisis no tiene connotaci¨®n alguna de orden soberanista. Se trata de reflejar que la percepci¨®n del riesgo es diferente desde la perspectiva del Gobierno de Espa?a que desde la posici¨®n de la comunidad aut¨®noma, siendo tambi¨¦n distinta la repercusi¨®n sobre los ingresos p¨²blicos.

Se trata de ordenar ideas e intereses que son contrapuestos

El resultado del an¨¢lisis permite establecer un orden de prelaci¨®n. Cuando la decisi¨®n de estimar el inter¨¦s p¨²blico corresponde al Gobierno de Espa?a, la mejor opci¨®n es la de seguir decididamente las orientaciones de la sustituci¨®n de energ¨ªas tradicionales por renovables sin expropiaci¨®n ni explotaci¨®n de nuevas fuentes de hidrocarburos. La segunda es la prospecci¨®n sin explotaci¨®n y en un nivel inferior aparecen las otras dos opciones. En el caso de que la decisi¨®n de interpretar el inter¨¦s p¨²blico correspondiera al Gobierno de Canarias, el resultado tiene algunas variantes. La mejor opci¨®n contin¨²a siendo la sustituci¨®n de las energ¨ªas sin exploraci¨®n ni explotaci¨®n, pero cambia el orden de las dem¨¢s. En segundo lugar y con el mismo nivel, resultan las opciones de prospecci¨®n sin explotaci¨®n y la situaci¨®n actual.

En ambos casos, se observa la prevalencia de la no prospecci¨®n, pero con el requisito de sustituci¨®n, frente a las actuales posturas a favor o en contra de las prospecciones y explotaci¨®n defendidas por los decisores gubernativos.

A partir de este resultado com¨²n para las dos visiones, podr¨ªan incluso establecerse otros requisitos que moderaran la decisi¨®n. Por ejemplo, teniendo en cuenta que se han estimado por la propia industria las posibles existencias de petr¨®leo y gas en las diferentes zonas de Espa?a, no s¨®lo en Canarias, cabr¨ªa plantearse un orden de prospecciones pautado temporalmente y concertado con las comunidades aut¨®nomas, partiendo de las de menos a las de m¨¢s riesgo, colaborando as¨ª, aunque moderadamente, durante un largo periodo de tiempo a la sustituci¨®n de importaciones y al incremento de los ingresos p¨²blicos.

En fin, se trata de ordenar ideas e intereses que son contrapuestos y que en una discusi¨®n desordenada aparecen mezclados. Creemos que la toma de decisiones en entornos de incertidumbre deben ser procesos informados donde el mejor conocimiento cient¨ªfico disponible se integre en un proceso donde los actores involucrados puedan participar. Los Gobiernos tienen la obligaci¨®n de buscar el inter¨¦s p¨²blico, pero en ocasiones tal inter¨¦s se oscurece con la visi¨®n particular de unos intereses privados leg¨ªtimos, que en ocasiones se relacionan con la b¨²squeda del beneficio y en otras con la concepci¨®n de la buena vida.

Seraf¨ªn Corral Quintana es profesor titular de Econom¨ªa Aplicada, y Jos¨¦ Luis Rivero Ceballos, catedr¨¢tico de Econom¨ªa Aplicada, ambos en la Universidad de La Laguna.