No es suficiente

La Constituci¨®n reconoci¨® la primac¨ªa de los partidos para reforzar la democracia frente a tentaciones autoritarias, pero las principales fuerzas pol¨ªticas no han correspondido a ese dep¨®sito de confianza con un control riguroso de sus actividades y una depuraci¨®n temprana de las sospechas de ilegalidad que surgen entre sus filas. Han preferido que algunos afiliados pasen de vez en cuando por los juzgados, a sabiendas de la lentitud de la maquinaria judicial, para dar la sensaci¨®n de que se trata de pocos casos, como el presidente del Gobierno sosten¨ªa todav¨ªa el domingo pasado.

La cortedad de esa estrategia ha quedado en evidencia. Tras la macrorredada contra la ¨²ltima trama de corrupci¨®n conocida y la declaraci¨®n judicial del ex secretario general del PP, ?ngel Acebes, sobre la contabilidad b de ese partido ¡ªque el imputado asegura desconocer¡ª, cambia el discurso. De defender machaconamente la honradez de sus sospechosos, el PP pasa a suspenderles de militancia y, por boca del propio Rajoy, a pedir perd¨®n.

Estas rectificaciones eran indispensables y se agradece la petici¨®n de perd¨®n, pero no es suficiente. El Gobierno lleva casi dos a?os anunciando medidas anticorrupci¨®n e insiste en que ahora va a llevarlas a cabo. Si solo se trata de aprobar las ya anunciadas, es probable que su incidencia sea escasa, aunque nunca est¨¢ de m¨¢s que se penalice la financiaci¨®n ilegal de partidos pol¨ªticos ¡ªque sigue sin ser un delito espec¨ªfico en Espa?a¡ª. El tr¨¢mite de esas leyes abre un espacio que la oposici¨®n tambi¨¦n deber¨ªa aprovechar.

Pero el fondo del problema es el abuso de posici¨®n dominante adquirido por los partidos en el conjunto del sistema pol¨ªtico, que se ha transformado en una camisa de fuerza y le traba para funcionar con razonables garant¨ªas de limpieza. Es indispensable una legislaci¨®n que imponga la democracia interna y la transparencia como formas de autolimitaci¨®n del poder partidista, adem¨¢s de auditor¨ªas profesionalizadas, acabando con la ficci¨®n ¡ªen la pr¨¢ctica¡ª de un Tribunal de Cuentas sometido al control del PP y del PSOE. No es posible seguir adelante con ¨®rganos reguladores y de control tan dependientes de los partidos como los que existen.

No cabe esperar que todo eso lo hagan las mismas c¨²pulas que aspiran a controlar cargos y puestos. Mientras la justicia intensifica su trabajo, las propuestas para regenerar el funcionamiento de los partidos deben venir de otra instancia, que podr¨ªa ser una comisi¨®n apartidista de personalidades, nombrada por las Cortes, o alguna otra f¨®rmula que tuviese encaje en nuestro ordenamiento constitucional. La conversi¨®n de esas propuestas en leyes y ¨®rganos efectivos de aplicaci¨®n habr¨ªa de ser inmediata.

Esto no es, desde luego, responsabilidad de una sola fuerza pol¨ªtica. Pero si el partido que dispone aun de mayor¨ªa absoluta no quiere dar pasos en esa direcci¨®n, le queda por delante una degradaci¨®n creciente ante una ciudadan¨ªa hastiada, hasta hacer irrecuperables sus propias posibilidades y, quiz¨¢, las del sistema pol¨ªtico en su conjunto.