Un poder excesivo

La insistencia del Ministerio del Interior en legalizar la interceptaci¨®n de comunicaciones, sin permiso judicial previo, plantea la duda de qu¨¦ motivos tiene el Ejecutivo para pedir un poder tan amplio. El espionaje por medio de tel¨¦fonos y de Internet ha dado origen a suficientes esc¨¢ndalos en el mundo democr¨¢tico ¡ªtambi¨¦n en Espa?a¡ª como para desconfiar de la concesi¨®n de poderes desmesurados a Gobierno alguno. Sobre todo si no se alegan causas verdaderamente excepcionales que lo requieran.

La cuesti¨®n salt¨® a la opini¨®n p¨²blica el viernes pasado, cuando el Consejo de Ministros aprob¨® un proyecto de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que incluye la posibilidad de permitir 24 horas de escuchas y rastreos sin autorizaci¨®n judicial. La condici¨®n es que se utilice en caso de delitos de ¡°especial gravedad¡± y de que se comuniquen al juez como m¨¢ximo al cabo de esas 24 horas.

La primera de tales condiciones resulta insuficiente. ?Cu¨¢les delitos son de especial gravedad y qui¨¦n aprecia que lo son? Hasta ahora se trata de una competencia reservada al juez, salvo en casos de terrorismo. Ahora el Ejecutivo quiere extender ese poder a otras situaciones imprecisas y se?ala a dos autoridades pol¨ªticas (el ministro del Interior o, en su defecto, el secretario de Estado de Seguridad) como las que deben tomar la decisi¨®n de ¡°acordar la medida de investigaci¨®n pertinente¡±.

No bastan las apelaciones generales a fiarse del Gobierno: ni del actual ni de ning¨²n otro. Los ciudadanos pueden estar dispuestos a aceptar limitaciones a sus libertades en aras de la seguridad, pero el Ejecutivo no debe atribuirse la facultad de decidir en qu¨¦ medida es correcto injerirse en la intimidad de los dem¨¢s, sin explicar las poderosas razones que le llevan a legalizar un permiso gen¨¦rico para hacerlo. La democracia implica un juego de contrapesos y, mal que les pese a los defensores de la primac¨ªa de la seguridad sobre las libertades, as¨ª debe mantenerse.

El proyecto en cuesti¨®n resucita otro aspecto anunciado tiempo atr¨¢s, que es la autorizaci¨®n a la polic¨ªa para usar virus troyanos, es decir, programas inform¨¢ticos que penetran en ordenadores particulares o corporativos sin ser advertidos. Aunque se exija para ello permiso judicial, hay que ser conscientes del poder que eso implica, igual que la instalaci¨®n de c¨¢maras y micr¨®fonos en domicilios y en las celdas de detenidos.

Es cierto que el enorme desarrollo de Internet requiere respuestas de investigaci¨®n proporcionadas a los riesgos que circulan por la Red, y que existe un gran vac¨ªo legal al respecto. Ahora bien, una regulaci¨®n como la esbozada por el Gobierno debe contener severas restricciones de procedimiento y un imprescindible control judicial. Nunca hay que olvidar que la confidencialidad de las comunicaciones es uno de los derechos fundamentales protegidos por la Constituci¨®n.