Una renuncia obligada

La infanta Cristina debe renunciar a sus derechos a la Corona de Espa?a, cualquiera que sea el resultado del procedimiento conocido con el nombre de caso N¨®os en el que se encuentra incluida junto a su marido, I?aki Urdangarin, y otras personas. Cabe esperar que la Infanta tome la determinaci¨®n por s¨ª misma; de lo contrario, las Cortes tendr¨ªan que ocuparse de ello.

La cuesti¨®n jur¨ªdica que se debate es si particip¨® o no en los delitos tributarios presuntamente cometidos por su marido a trav¨¦s de la empresa que pose¨ªa a medias con ella, Aizoon. El fiscal, que acusa a 14 personas en total, no encuentra pruebas para que el procedimiento penal contin¨²e contra la Infanta, pero entiende que pudo haberse beneficiado de los presuntos delitos fiscales de Urdangarin. Por eso reclama a do?a Cristina la suma de 587.413 euros, como part¨ªcipe en aquellos a t¨ªtulo lucrativo.

Seg¨²n el criterio del ministerio p¨²blico, el pago de esa cantidad dejar¨ªa extinguida la responsabilidad civil de la Infanta simult¨¢neamente a la penal. Pues bien, los abogados de do?a Cristina han anunciado la consignaci¨®n inmediata de esa suma. Ahora corresponde al juez Jos¨¦ Castro ¡ªy en su caso, a la Audiencia de Palma¡ª decidir si esto es suficiente para archivar el procedimiento en lo referido a la Infanta, o si debe continuar adelante tambi¨¦n en lo que a ella se refiere.

Discusiones jur¨ªdicas al margen, la cuesti¨®n afecta a un familiar del Rey que se encuentra en la l¨ªnea sucesoria. Es verdad que do?a Cristina no forma parte de la familia real, no recibe asignaciones del presupuesto p¨²blico y carece de una agenda oficial que le permita representar a la Corona en acto alguno. Sin embargo, las graves acusaciones que pesan sobre su marido ¡ªpara quien el propio fiscal pide penas que podr¨ªan sumar hasta 19 a?os de c¨¢rcel¡ª responden a presuntos delitos que no habr¨ªan sido cometidos si ¨¦l no hubiera sido yerno del anterior monarca y marido de una de sus hijas.

Si el propio fiscal constata que do?a Cristina se ha lucrado de esos hechos, es imposible mantenerla en la l¨ªnea sucesoria. Aun en el supuesto de que la Infanta no supiera de las maniobras en la trama empresarial manejada por su marido, es evidente que se jug¨® al equ¨ªvoco cuando Urdangarin y su socio se presentaban a altos cargos de diferentes instituciones (Baleares, Comunidad Valenciana, Madrid) para obtener fondos p¨²blicos de los que, presuntamente, terminaron apoder¨¢ndose.

Es prudente asegurarse de que una persona en estas condiciones no pueda ser reina de Espa?a. Quien ocupa el sexto lugar en el orden sucesorio tiene posibilidades muy peque?as de acceder a la Jefatura del Estado, pero conviene cerrar definitivamente esa puerta.

El rey Felipe VI ha dejado muy claro su deseo de una Monarqu¨ªa intachable. Ha prohibido a la familia real aceptar favores o regalos que les comprometan, quiere evitar remuneraciones privadas y ha encargado que sus cuentas sean revisadas por una auditor¨ªa externa. Las cosas est¨¢n cambiando, y eso incrementa la confianza de los ciudadanos en el compromiso de renovaci¨®n lanzado por Felipe VI en su discurso de proclamaci¨®n. Todos los pasos que ha dado desde entonces se han visto respaldados por un grado elevado de aprobaci¨®n popular (67%, seg¨²n Metroscopia).

Ser¨ªa absurdo comprometer esa posici¨®n de integridad, que aplaudimos, manteniendo una zona de sospechas respecto a la l¨ªnea sucesoria, por remota que sea la posibilidad de que llegara a materializarse. M¨¢s all¨¢ de las responsabilidades legales, la confianza en las instituciones exige despejar cualquier duda al respecto.