Poder de mando

La renuncia del fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, clausura un largo periodo de tensiones con el Ejecutivo y abre otra v¨ªa de agua en un Gobierno al que le sobran los problemas. Relevar al fiscal en v¨ªsperas de un a?o de elecciones generales y de posibles juicios sobre corrupci¨®n muy perjudiciales para el PP ¡ªy hacerlo despu¨¦s de un largo y evidente periodo de acoso que los obligados desmentidos de ayer no podr¨ªan disimular¡ª confirma la falta de respeto del Ejecutivo hacia el papel aut¨®nomo que el fiscal general debe ocupar en el equilibrio institucional del pa¨ªs.

Hace tiempo que el fiscal quer¨ªa marcharse, harto de soportar presiones. La cr¨®nica del desencuentro anunciado se ha precipitado por la tramitaci¨®n de la querella contra Artur Mas y otras autoridades catalanas, en cuyo recorrido el ahora dimisionario dej¨® patente su incomodidad por la falta de respeto a la autonom¨ªa del ministerio p¨²blico¡ªla jefa del PP catal¨¢n, Alicia S¨¢nchez-Camacho, se permiti¨® anunciar los planes de la fiscal¨ªa antes de que existieran¡ª. El episodio cuestiona tambi¨¦n la t¨¢ctica de judicializar problemas pol¨ªticos tan importantes como el del soberanismo catal¨¢n y la insuficiencia de tratar semejante asunto sobre la base de usar a la fiscal¨ªa.

Antes de que surgiera la cuesti¨®n de la querella, Torres-Dulce hab¨ªa pedido una importante dotaci¨®n de medios para el ministerio p¨²blico, sin obtener satisfacci¨®n. En principio, confi¨® en un proyecto prometido por el exministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallard¨®n, para incrementar los poderes de investigaci¨®n de la fiscal¨ªa. Pero inmediatamente se encontr¨® ante la frustraci¨®n de que el Gobierno incumpliera su compromiso. Las diferencias de fondo entre el fiscal y el Gobierno fueron siempre profundas durante el periodo de Gallard¨®n, y se han ido agravando con su sucesor. Algunos ministros no ten¨ªan escr¨²pulos en criticar en muy duros t¨¦rminos su actuaci¨®n.

La vacante en la Fiscal¨ªa General del Estado coincide, adem¨¢s, con el malestar de la Sala de lo Penal del Supremo ¡ªen concreto, de 13 de sus 18 magistrados¡ª respecto a lo que han considerado declaraciones poco respetuosas de varios miembros del Gobierno hacia los jueces que decidieron la excarcelaci¨®n de Santi Potros, en interpretaci¨®n de una norma europea.

Todo esto no hace sino profundizar el clima de tensi¨®n entre el poder ejecutivo y el mundo de los jueces y de los fiscales, o al menos de partes significativas del mismo. Parece evidente que al Gobierno le gustar¨ªa imponer m¨¢s clara y en¨¦rgicamente su poder de mando y que no termina de conseguirlo en terrenos muy sensibles, llenos de patatas calientes sobre las que un cierto coro pol¨ªtico y medi¨¢tico le critica por no ejercer su autoridad de modo mucho m¨¢s contundente.

Queda claro que el Ejecutivo no quiere una fiscal¨ªa aut¨®noma cuando toda una serie de causas judiciales, pol¨ªticamente muy sensibles, se encuentran en pleno desarrollo.