Sobre la necesidad de reformar la Constituci¨®n

Tenemos una Constituci¨®n deteriorada al no haber realizado labores de reforma y mantenimiento en nada menos que siete lustros. Varias de sus previsiones se han quedado obsoletas ante los nuevos desaf¨ªos, y los espa?oles menores de 57 a?os no pudieron votar los pactos constitucionales. Se ha producido, por tanto, una clara merma de las legitimidades democr¨¢tica y de ejercicio. Pese a ello, bastantes tienden todav¨ªa a pensar que es mejor no arriesgarse y esperar que escampe... Creemos que esta actitud pasiva o prudente en exceso entra?a un lento suicidio, pues no parece que nuestros problemas vayan a desaparecer por s¨ª solos. La crisis no es ¨²nicamente econ¨®mica sino institucional. Los recortes presupuestarios nos han permitido ver que no todo era tan s¨®lido como cre¨ªamos. Tenemos una d¨¦bil representaci¨®n pol¨ªtica y peor a¨²n la territorial, problemas en la integraci¨®n entre los espa?oles, en particular en Catalu?a, y en el mantenimiento del Estado de bienestar. ?Qu¨¦ hacer?

Las Constituciones se defienden reform¨¢ndolas de tiempo en tiempo, adapt¨¢ndolas a unas realidades sociales cambiantes. Nuestra historia revela, por el contrario, que nunca hemos sido capaces de construir una Constituci¨®n m¨¢s que sobre las ruinas de la anterior, y esa fue una de las causas de nuestra inestabilidad pol¨ªtica. Es preciso abandonar esta costumbre b¨¢rbara. El diagn¨®stico es ampliamente compartido por la inmensa mayor¨ªa de los especialistas. No tanto qu¨¦ hacer ni cu¨¢ndo.

Una veintena de expertos independientes acabamos de publicar un informe con pautas sobre c¨®mo podr¨ªa reformarse nuestra Constituci¨®n. Creemos que es m¨¢s lo que une a los espa?oles que lo que nos separa, pero es necesario reinventarnos desde una firme voluntad de transacci¨®n. El pluralismo es un rasgo definitorio de ese grupo diverso en edades, sensibilidades pol¨ªticas y disciplinas acad¨¦micas. Apreciamos en lo que vale la Constituci¨®n de 1978, puesto que entra?a un admirable ejemplo de compromiso pol¨ªtico y nos ha permitido vivir nuestro mejor periodo hist¨®rico, pero es inevitable reformarla.

No puede exigirse un consenso de partida; el acuerdo surge del di¨¢logo

Hemos trabajado en el estudio durante un a?o y medio sin recibir la encomienda de ning¨²n partido o fundaci¨®n. Mantuvimos sesiones mensuales en las que se expusieron ponencias potencialmente contrapuestas para propiciar la discusi¨®n, pero pronto advertimos que las reformas deb¨ªan ser m¨¢s amplias que las inicialmente pensadas. A cambio, fue m¨¢s sencillo de lo que nos tem¨ªamos ponernos de acuerdo. Bast¨® con recurrir al estudio y al debate y con detener el reloj hasta consensuar una propuesta, pues no nos bastaba con votar sino que era menester argumentar principios y razones que pudieran justificarse a la luz del sol.

No hemos ocultado las dudas ni nos hemos decantado por una ¨²nica soluci¨®n all¨ª donde exist¨ªan varias, desmenuzando las razones de unas alternativas que deben resolver decisiones pol¨ªticas. Pretendemos, en definitiva, promover un debate que impulse a nuestros representantes, antes o despu¨¦s, a actualizar las normas fundamentales y a recuperar un proyecto ilusionante para el futuro de Espa?a. Necesitamos conquistar compromisos constitucionales mediante el di¨¢logo.

El informe muestra que la reforma es urgente y t¨¦cnicamente posible. No tenemos problemas ignotos y ninguno de ellos requiere soluciones m¨¢gicas, todas han sido ya convenientemente estudiadas. Basta con decidir. Las experiencias comparadas pueden adem¨¢s suministrarnos ingredientes como ya ocurri¨® en 1978. Pero la reforma debe seguir unos procedimientos adecuados que permitan la deliberaci¨®n y la participaci¨®n de las minor¨ªas y de los ciudadanos con el fin de asegurarnos de los resultados. No puede hacerse a la carrera.

Para aprobar las reformas debe bastar con las mayor¨ªas cualificadas previstas, no es precisa ¡ªni siquiera conveniente¡ª la identidad, si bien debe concederse a las minor¨ªas la oportunidad de participar. Tampoco puede exigirse un ¡ªimposible¡ª consenso de partida, pues el acuerdo s¨®lo puede ser la consecuencia del di¨¢logo durante esos procedimientos y no una condici¨®n previa, lo mismo ocurri¨® en 1978. Ahora bien, s¨ª parece aconsejable alcanzar un acuerdo de m¨ªnimos entre varias fuerzas pol¨ªticas sobre el per¨ªmetro de la reforma, sus tiempos y, sobre todo, una obligaci¨®n de resultado de llevarla a buen puerto. Las reformas deber¨ªan ser estudiadas conjuntamente, pero podr¨ªan ser aprobadas tanto en una ¨²nica revisi¨®n global como una a una y con un ¨²nico objeto por reforma, probablemente comenzando por la m¨¢s sencilla o que mayor consenso suscite. Conviene desdramatizar la reforma.

El Senado deber¨ªa ser una C¨¢mara de representaci¨®n territorial

No podemos dar noticia de todos los contenidos del informe. Pero hemos sugerido colocar a Espa?a a la vanguardia de la integraci¨®n europea incluyendo una cl¨¢usula constitucional referida a la Uni¨®n y la vinculaci¨®n expresa al Convenio Europeo de Derechos Humanos y la Carta de Derechos Fundamentales de forma que actualicen nuestra declaraci¨®n constitucional. Los derechos fundamentales no deber¨ªan seguir creciendo constantemente sin ponderar las limitaciones financieras, pero sugerimos que algunos principios rectores como el derecho a la salud y a la Seguridad Social pasen a considerarse verdaderos derechos fundamentales. Los magistrados del Tribunal Constitucional y los miembros de otras instituciones de garant¨ªa no deber¨ªan estar prorrogados en sus funciones durante varios a?os, erosionando la imagen de independencia del ¨®rgano, para luego designarlos sin excesiva preocupaci¨®n por su excelencia.

Nuestro sistema parlamentario es previsible, formalizado y racionalizado en exceso y requiere de algunas modificaciones en provecho de las minor¨ªas y del propio parlamentarismo, con el fin de permitir la construcci¨®n de la representaci¨®n pol¨ªtica y formar opini¨®n p¨²blica. Es menester facilitar el ejercicio de la funci¨®n de control y de las comisiones de investigaci¨®n e impedir abusos en el recurso a los decretos leyes. As¨ª como fortalecer algunas t¨¦cnicas de democracia participativa como la iniciativa legislativa popular. Los ciudadanos deben poder elegir a otros ciudadanos y no s¨®lo confiar a ciegas en listas de partidos pol¨ªticos, al tiempo que una sociedad tan plural como la espa?ola requiere de unas adecuadas dosis de proporcionalidad en la representaci¨®n; y existen soluciones electorales que as¨ª lo permiten. El Senado deber¨ªa ser una C¨¢mara de representaci¨®n territorial, especializada en algunas funciones ligadas a las leyes territoriales, la colaboraci¨®n y la financiaci¨®n auton¨®micas; y podr¨ªan cumplirse esas funciones adoptando otra composici¨®n de la C¨¢mara. Un verdadero Senado territorial evitar¨ªa muchos de los conflictos competenciales y financieros que actualmente tenemos.

Finalmente, pero no en importancia, el T¨ªtulo VIII de la Constituci¨®n requiere de serios ajustes. Debemos mejorar la integraci¨®n pol¨ªtica de las nacionalidades hist¨®ricas, alcanzar pactos ling¨¹¨ªsticos, clarificar las competencias del Estado en la Constituci¨®n y no en un inabarcable bloque de la constitucionalidad, para poder atribuir el resto a las comunidades aut¨®nomas, as¨ª como subir a la Constituci¨®n algunas normas sobre la financiaci¨®n para lograr su estabilidad. No se trata de hacer un ¡°apa?o¡± en la Constituci¨®n para Catalu?a sino de pactar una oferta moderna, racional y atractiva para todos los espa?oles y tambi¨¦n para Catalu?a.

Desde luego, podemos tambi¨¦n no actuar, pero no advertimos las razones por las cuales este panorama vaya a mejorar en el futuro mediante la simple inacci¨®n.

Javier Garc¨ªa Roca es el editor de un libro elaborado por una veintena de profesores que acaba de publicarse: Pautas para una reforma constitucional. Informe para el debate.