Cobrar sin permiso

El Consejo del Poder Judicial deber¨ªa haber estado al tanto de que un grupo de jueces y magistrados se dedicaba a una tarea como m¨ªnimo dudosamente compatible y ¨¦ticamente reprobable: cobrar directamente de un proveedor, en este caso la empresa Indra, adjudicataria del contrato de digitalizaci¨®n de los juzgados concedido por la Comunidad de Madrid. La ignorancia de lo que hac¨ªan estos jueces no es demasiado sorprendente cuando el propio Consejo tard¨® a?os en darse cuenta de que uno de sus presidentes, Carlos D¨ªvar, cargaba importantes gastos privados al erario. Lo que s¨ª ponen de relieve tantos incidentes es la debilidad del ¨®rgano de gobierno de los jueces y su falta de verdadera autoridad sobre los titulares de un poder cuya independencia est¨¢ garantizada por la Constituci¨®n.

A la desorientaci¨®n del Consejo colabor¨® el presidente del Tribunal Superior de Madrid, Francisco Vieira, quien omiti¨® pedir permiso para organizar el sistema de magistrados llamados a colaborar con una empresa mayoritariamente privada; que, a cambio, cobraron sumas adicionales a sus retribuciones oficiales, como desvel¨® ayer este peri¨®dico.

Todo se ha hecho a espaldas del ¨®rgano de gobierno de los jueces (el Consejo del Poder Judicial), pese a que la ley es muy estricta con las retribuciones de los magistrados. El presidente del Tribunal Superior de Madrid, uno de los beneficiarios del sistema, alega que consideraba esa tarea ¡°exceptuada¡± de la necesidad de pedir un reconocimiento de compatibilidad. En definitiva, es un caso interesante para la figura del ¡°promotor disciplinario¡± creada recientemente en el Consejo del Poder Judicial, que tiene aqu¨ª una ocasi¨®n de demostrar su utilidad.

Tampoco las autoridades de la Comunidad de Madrid pueden mirar hacia otro lado ni recurrir vagamente a pr¨¢cticas supuestamente generalizadas. Los pagos realizados a trav¨¦s de una empresa privada sientan un precedente peligroso. Ahora resulta que para que unos funcionarios colaboren en modernizar el servicio p¨²blico en el que trabajan ¡ªuna labor cuyos resultados ellos mismos deben ¡°revisar y validar¡±, seg¨²n contrato¡ª hay que pagarles aparte. La Comunidad de Madrid deber¨ªa contestar claramente a la pregunta efectuada por el PSOE, que quiere saber si tambi¨¦n se ha pagado a profesores o a personal sanitario por asesorar en programas inform¨¢ticos.

Cuando los funcionarios ¡ª?y por qu¨¦ no bomberos o polic¨ªas?¡ª cobran de los adjudicatarios de contratos p¨²blicos, hay que exigir muchas explicaciones sobre las externalizaciones practicadas por el Gobierno madrile?o, que lleva 20 a?os en manos del Partido Popular. El presidente de la Comunidad, Ignacio Gonz¨¢lez, deber¨ªa reconsiderar el contrato con Indra firmado en ¨¦poca de su antecesora, Esperanza Aguirre. No se puede disponer de los recursos de los contribuyentes y lavarse las manos respecto a todo lo que ocurra despu¨¦s.