Anormalidad policial

El Ministerio del Interior se encuentra bajo el fuego de las cr¨ªticas de casi toda la oposici¨®n tras el descubrimiento del tinglado empresarial organizado en torno al comisario Jos¨¦ Manuel Villarejo, desvelado ayer por este peri¨®dico. Se trata de uno de los dos polic¨ªas que se entrevistaron con Ignacio Gonz¨¢lez en una cafeter¨ªa cuando este ¨²ltimo era vicepresidente de la Comunidad de Madrid, conversaci¨®n que fue grabada, ocultada durante m¨¢s de tres a?os y sacada a la luz en el momento en que se dirim¨ªa la batalla interna en el PP por las candidaturas a las pr¨®ximas elecciones auton¨®micas y municipales.

El propio ministro, Jorge Fern¨¢ndez D¨ªaz, confes¨® ayer en el Senado que esa grabaci¨®n ni siquiera figuraba en el expediente policial sobre la presunta investigaci¨®n ilegal de la propiedad del ¨¢tico de Gonz¨¢lez en la Costa del Sol. Resulta muy poco tranquilizador que el responsable de las fuerzas y cuerpos de la Seguridad del Estado diga desconocer lo que hacen comisarios de polic¨ªa tan peculiares como Villarejo. Tampoco el ministro parec¨ªa al tanto del tinglado empresarial de este agente encubierto, como lo indica la orden de indagar su patrimonio, dada a las pocas horas de la publicaci¨®n de los datos; as¨ª como la compatibilidad o no de tales actividades con las de un comisario en activo.

Bien est¨¢ que el ministro pida informaci¨®n, pero eso no basta. El caso Villarejo solo es el ¨²ltimo de la serie de esc¨¢ndalos policiales que acompa?an algunos de los principales conflictos pol¨ªticos. El modo de operar se parece al que en otros pa¨ªses utilizan los denominados gabinetes negros, aquellos dispositivos o despachos constituidos por expolic¨ªas o polic¨ªas en activo que se mueven entre las sombras, utilizando recursos de investigaci¨®n en los bordes del Estado de derecho, si no al margen del mismo.

Separar el grano de la paja es muy importante para garantizar la limpieza de la competici¨®n electoral; era de temer que en un a?o con tantas convocatorias como 2015 iba a producirse un repunte de actividades fuera de las reglas. Las aclaraciones convienen tambi¨¦n a los 70.000 miembros del Cuerpo Nacional de Polic¨ªa, que tienen perfecto derecho a que las guerras internas entre polic¨ªas de campanillas ¡ªy m¨¢s si se mezclan con la pol¨ªtica¡ª no produzcan el efecto de una mancha general sobre sus actividades.

No cabe duda alguna de que deben investigarse hasta el final las sospechas que existen en torno al ¨¢tico de Ignacio Gonz¨¢lez en la Costa del Sol. Pero eso no es ¨®bice para demandar al Gobierno, con absoluta firmeza, garant¨ªas de que las indagaciones sobre los sospechosos en Espa?a ¡ªse llamen como se llamen y sean quienes sean¡ª se realizan de acuerdo con la legalidad. El Estado de derecho no puede convivir con las actividades de polic¨ªas al servicio de guerras pol¨ªticas, sin pagar el alto precio de una grave adulteraci¨®n de la propia democracia.