No se vaya del Ej¨¦rcito, comandante
Con el caso de Zaida Cantera se empa?a mucho de lo ganado en los ¨²ltimos a?os
Vaya por delante todo mi respeto por una jefe del Ej¨¦rcito de Tierra que, terriblemente afectada tras una lucha desigual contra una instituci¨®n del Estado, ha perdido parte de su salud y ha decidido abandonar la carrera militar y, con ella, su vocaci¨®n de siempre. Todo mi respeto, toda mi solidaridad y toda mi pena. El asunto, conocido desde hace unos a?os, ha saltado a la actualidad a ra¨ªz de un programa de televisi¨®n de gran impacto y a una interpelaci¨®n parlamentaria de resultado previsible, pero penoso. Un resultado indignante para una parte de la ciudadan¨ªa. El que la afectada, o su entorno inmediato, hayan tenido que recurrir a la ayuda de un partido pol¨ªtico para encontrar una soluci¨®n a lo que consideran un abuso de autoridad de considerables proporciones representa un s¨ªntoma de que algunas cosas no funcionan bien en el seno de la instituci¨®n y, m¨¢s a¨²n, en el Gobierno responsable pol¨ªtico de la misma.
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Las relaciones Ej¨¦rcito-Gobierno(s) tienen una larga y tortuosa trayectoria en nuestra historia contempor¨¢nea. Del continuado intervencionismo militar de generales progresistas, moderados o unionistas decimon¨®nicos se pas¨®, en la Restauraci¨®n, al fin de los pronunciamientos y al relativo abstencionismo militar, excepto en cuestiones de orden p¨²blico. Todo ello a cambio de autonom¨ªa y de privilegios, ganados a veces a fuerza de presiones, como ocurri¨® con la llamada Ley de Jurisdicciones de 1906, que conced¨ªa a la castrense nada m¨¢s y nada menos que las ofensas a la unidad, a la bandera y al propio Ej¨¦rcito.
La ciudadan¨ªa ha descubierto que queda mucho por hacer y ha asistido a un nuevo ejemplo de mala gesti¨®n pol¨ªtica
La segunda gran etapa de intervencionismo militar la abri¨® el general Primo de Rivera en 1923 en una dictadura de siete a?os que, tras el brev¨ªsimo per¨ªodo de la Segunda Rep¨²blica, tendr¨ªa una segunda versi¨®n mucho m¨¢s cruel, ¨¦sta de 41 (1936-1977). El Ej¨¦rcito vencedor, el de Franco, si bien acept¨® formalmente la democracia en 1977 lo hizo con reservas, llegando algunos de sus mandos a conspirar en diversas ocasiones para destruirla o reencauzarla, como se vio el 23 de febrero de 1981.
Conscientes del problema, los Gobiernos socialistas a partir de 1982 se esforzaron por profesionalizar y despolitizar a las fuerzas armadas, dot¨¢ndolas de mejores medios y reformando la ense?anza militar. Un proceso que, aunque criticado por excesivamente contemporizador y timorato, acab¨® dando frutos. Se incorpor¨® plenamente a la mujer y, despu¨¦s, de la mano del Partido Popular, llegar¨ªan la supresi¨®n del servicio militar, de la prestaci¨®n sustitutoria ¡ªy, de paso, la insumisi¨®n¡ª, as¨ª como una creciente presencia del Ej¨¦rcito en misiones internacionales, mayoritariamente de interposici¨®n y mediaci¨®n. Con la notable excepci¨®n de Irak, a donde se fue por la decisi¨®n pol¨ªtica de un Gobierno que ignor¨® la contestaci¨®n masiva de buena parte de la ciudadan¨ªa. Sin embargo, la reconversi¨®n tuvo tambi¨¦n sus agujeros negros y no fue el menor de ellos la resistencia a la plena rehabilitaci¨®n de los miembros de la Uni¨®n Militar Democr¨¢tica, que tuvo que esperar lustros, para verg¨¹enza no s¨®lo de los que se opon¨ªan a ella dentro del Ej¨¦rcito sino de los que no tuvieron el coraje de imponerla desde el primer momento de su llegada al poder.
Lo sucedido tras las reformas ya no es achacable a la ¡ªpor algunos denostada¡ª Transici¨®n, sino a la gesti¨®n pol¨ªtica de las Fuerzas Armadas por los Gobiernos de turno. Algunos de los casos causan indignaci¨®n s¨®lo de recordarlos, como el tristemente c¨¦lebre del Yak 42, con un ministro incapaz de asumir sus responsabilidades, descarg¨¢ndolas en subordinados. Otros, responden a omisiones flagrantes, como no incluir en su d¨ªa en el C¨®digo de Justicia Militar el delito de acoso sexual y tener que hacerlo cuando ya existen v¨ªctimas, conocidas y desconocidas. Y otros casos m¨¢s, como el de la comandante Cantera, responden a la incapacidad pol¨ªtica para enfrentarse a las redes de falso compa?erismo, amiguismo y represalia que al parecer se dan entre determinados mandos. Y muestran la nula voluntad de atajar abusos y enmendar errores, como se ha visto estos d¨ªas en el Congreso de los Diputados, sin que valga escudarse tras sentencias judiciales.
Las Fuerzas Armadas, como cualquier otra parte de la Administraci¨®n del Estado, se merecen una gesti¨®n pol¨ªtica impecablemente respetuosa con los derechos de la ciudadan¨ªa, a la que no le tiemble la mano en la defensa de aquellos, incluyendo los de su propio personal. Me consta la preocupaci¨®n de sus muchos miembros por su imagen ante la sociedad a la que sirven y a la que dedican sus vidas. Me consta fehacientemente su disposici¨®n y colaboraci¨®n desinteresada con otras instituciones, como la Universidad. Por desgracia, la absurda confluencia de incapacidad pol¨ªtica, falta de voluntad y r¨¦moras de rancio corporativismo, como se ha visto en el caso de la comandante Cantera, viene a empa?ar mucho de lo ganado en los ¨²ltimos a?os. Tambi¨¦n por desgracia, la ciudadan¨ªa ha descubierto que queda mucho por hacer y asistido a un nuevo ejemplo de mala gesti¨®n pol¨ªtica. En cambio, y por encima de todo, muchos ciudadanos hemos descubierto a una profesional, no de valor supuesto, sino probado.
Joan Maria Thom¨¤s es profesor de Historia Contempor¨¢nea en la Universidad Rovira i Virgili.
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