Acabar con la confusi¨®n

La exigencia de mayor control sobre la clase pol¨ªtica y que se acabe con el puerto de Arrebatacapas de la corrupci¨®n ha llevado a acentuar el derecho a la transparencia y la limpieza en el uso de fondos p¨²blicos. En fase electoral toca a los partidos buscar c¨®mo articular esa exigencia con la posibilidad de tener en las listas electorales a personas sometidas a una investigaci¨®n judicial.

Estamos ante una colisi¨®n de derechos, porque la presunci¨®n constitucional de inocencia ¡ªmientras no haya sentencia condenatoria¡ª resulta incompatible con la exclusi¨®n de personas de la vida p¨²blica por simples sospechas. Sobre todo cuando la figura jur¨ªdica de la imputaci¨®n es muy confusa. Legalmente se aplica tanto a la formalizaci¨®n de hechos punibles como a la convocatoria a declarar ante un juez asistido de abogado. En ese estadio no suele existir a¨²n acusaci¨®n alguna; por lo tanto, atribuirle la condici¨®n de preculpable puede considerarse un abuso en toda regla.

El expresidente Felipe Gonz¨¢lez ha abierto oportunamente ese debate. En su entrevista de este domingo en EL PA?S sostuvo que echar a todos los imputados de las listas electorales es un error. En la vida p¨²blica se ha introducido la idea de una responsabilidad que alcanza al pol¨ªtico desde los primeros indicios de conducta irregular o punible. Cada partido administrar¨¢ eso como quiera, pero resulta muy discutible que la decisi¨®n de un juez instructor sobre la imputaci¨®n de alguien baste para llevar a la muerte civil al afectado. Se pueden cometer muchas injusticias anticipando la condena de personas a las que nadie reparar¨¢ el honor perdido si resultaran absueltas.

A este respecto, es positivo que el Gobierno modifique la Ley de Enjuiciamiento Criminal para que el imputado sea un investigado en las primeras fases de la causa, y que pase a encausado solo cuando se hayan concretado hechos punibles contra ¨¦l que merezcan juicio. La reforma ayudar¨¢ a matizar entre situaciones muy diferentes.

Decidir qui¨¦n puede ser elegido da mucho poder a las direcciones de los partidos, dada la estructura de candidaturas cerradas y bloqueadas. Con frecuencia se usa ese poder para excluir al disidente y premiar al fiel. Eso representa en s¨ª mismo un abuso, pero tambi¨¦n lo es emplear confusas imputaciones judiciales como otra forma de excluir. Hay que romper esa ley de hierro y avanzar hacia un sistema de listas abiertas ¡ªcomo ha propuesto el secretario general del PSOE¡ª que den m¨¢s capacidad a los electores para decidir por s¨ª mismos.

La inquietud por la corrupci¨®n se ha incrustado de tal modo en el d¨ªa a d¨ªa que los partidos no saben c¨®mo responder a sus consecuencias. Pero deben tener claro que las pr¨¢cticas deshonestas en que han incurrido algunos no se lavan con sobreactuaciones de cara a la galer¨ªa. Tampoco es admisible que sean los jueces quienes acaben decidiendo la composici¨®n de las listas electorales. Lo que hay que hacer es trabajar en serio para yugular los mecanismos de la corrupci¨®n, como esperan los ciudadanos que se haga tras los reiterados abusos cometidos en el pasado.