Una idea inadmisible

Muy desbordado debe de sentirse el Gobierno con la gesti¨®n de los casos de corrupci¨®n y fraudes cuando su ministro de Justicia, Rafael Catal¨¢, se permite sugerir la implantaci¨®n de sanciones para los medios de comunicaci¨®n que publiquen datos de asuntos que se encuentran bajo investigaci¨®n judicial, incluso la prohibici¨®n de difundir sumarios judiciales. Esas ideas constituyen otro jal¨®n en la cadena de dislates en que est¨¢ incurriendo un Ejecutivo manifiestamente nervioso. La propuesta equivale a restablecer la censura en un amplio n¨²mero de temas sensibles como remedio para evitar la circulaci¨®n de noticias que, por su naturaleza escandalosa, pueden incidir en las perspectivas electorales.

Lo peor es que la idea no es nueva. Alberto Ruiz-Gallard¨®n, antecesor de Catal¨¢, ya plante¨® una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que pretend¨ªa facultar al juez para requerir el cese de la publicaci¨®n de informaciones que comprometieran el derecho a un proceso justo. El intento, aparentemente abandonado, reaparece de la mano de Catal¨¢, quien matiza que no hay un proyecto encima de la mesa, sino que quiere abrir ¡°una reflexi¨®n¡±.

?Qu¨¦ clase de debate es el que propone? ?El de forzar la oscuridad sobre los abundantes casos de corrupci¨®n y fraudes en que presuntamente han incurrido numerosos miembros de la clase pol¨ªtica, muchos de ellos del Partido Popular? ?El de cubrir con un manto de silencio el c¨²mulo de irregularidades observadas en las ¨²ltimas actuaciones de la Agencia Tributaria; por ejemplo, sobre la fulminante detenci¨®n y la no menos fulminante puesta en libertad de Rodrigo Rato, ambas confusamente judicializadas?

Por supuesto que las filtraciones interesadas pueden afectar al honor y la fama de los investigados antes de que sean juzgados: sanci¨®nese, por tanto, a los autores de cada filtraci¨®n. Ni siquiera se ha hecho p¨²blica investigaci¨®n alguna sobre las ¨²ltimas y enrevesadas fugas de datos que la Agencia Tributaria tiene el deber de custodiar, y en cambio se pretende actuar contra los medios de comunicaci¨®n.

Los ciudadanos, los pol¨ªticos tambi¨¦n, disponen del derecho a defenderse de las acusaciones que reciban. Lo inaceptable es que los medios queden a merced de la interpretaci¨®n que el poder decida hacer sobre la presunci¨®n de inocencia en cada caso. Esto recuerda a una censura propia del pasado dictatorial, m¨¢s que al funcionamiento de una democracia moderna.

La inadmisible propuesta conduce a la impresi¨®n de que el Gobierno no entiende lo que es la libertad de informaci¨®n (consagrada por la Constituci¨®n) ni el papel que desempe?an los medios en una democracia. El pol¨ªtico no es el propietario ni el administrador de la libertad de informaci¨®n. El debate y la contradicci¨®n van de la mano del pluralismo. Tener que enfatizar estas cosas puede obligar a interrogarse por el estado de las libertades en Espa?a.