Transparencia cero en Nicaragua

La Nicaragua de Daniel Ortega deber¨ªa ser analizada como un estudio de caso sobre el desmontaje del Estado de Derecho y sus efectos perniciosos en la corrupci¨®n. Con su retorno al poder en 2007, se implant¨® un sistema de control y centralizaci¨®n de todos los poderes del estado, sepultando su autonom¨ªa institucional. A la par de los programas sociales Hambre Cero y Usura Cero, surgi¨® el estrat¨¦gico proyecto ¡°transparencia cero¡±, que facilita la impunidad ante las denuncias de corrupci¨®n. Las consecuencias a largo plazo pueden ser devastadoras, como lo demuestran los casos de la ley del canal interoce¨¢nico y los petrod¨®lares venezolanos.

Al amparo de Petrocaribe y el Alba, el presidente Hugo Ch¨¢vez acord¨® con Ortega un generoso convenio estatal de colaboraci¨®n petrolera que le permite al pa¨ªs pagar el 50% del petr¨®leo a 90 d¨ªas, y el otro 50% se convierte en un cr¨¦dito concesional a 25 a?os de plazo. Venezuela decidi¨® que el deudor del cr¨¦dito fuera la entidad privada Alba Caruna, una cooperativa controlada en ¨²ltima instancia por el presidente Ortega.

En consecuencia, en los ¨²ltimos ocho a?os se ha producido el desv¨ªo de m¨¢s de 3.000 millones de euros, originados en la cooperaci¨®n estatal venezolana, hacia canales privados. Una especie de privatizaci¨®n an¨®mala sin ninguna clase de ley, control p¨²blico o rendici¨®n de cuentas, sobre un fondo equivalente a un tercio de los ingresos fiscales, que se maneja como un presupuesto paralelo al margen de toda supervisi¨®n estatal. Un porcentaje de estos fondos se destinan al clientelismo social y partidario, con gran rentabilidad pol¨ªtica, pero la mayor cantidad desemboca en negocios privados. De hecho en 2010, Nicaragua le informo al FMI que el 62% de estos fondos se destinar¨ªan a proyectos con fines de lucro y solo el 38% a subsidios o donaciones sociales.

Del matrimonio de las empresas estatales PDVSA de Venezuela y Petronic de Nicaragua, naci¨® la compa?¨ªa ¡°privada¡± Albanisa, que se ha convertido en uno de los grandes capitales emergentes del pa¨ªs. Albanisa produce el 25% de la generaci¨®n de energ¨ªa, controla las operaciones de la empresa espa?ola (TMI) distribuidora de energ¨ªa, y ya es la segunda empresa exportadora del pa¨ªs. En torno a Albanisa se ha tejido una amplia red de negocios privados controlados por la familia presidencial que incluye canales de televisi¨®n, redes de gasolineras, hoteles, proyectos agropecuarios y bancos, que no tienen nada que ver con el combate a la pobreza o la creaci¨®n de infraestructura para el desarrollo.

En torno a Albanisa se ha tejido una amplia red de negocios privados controlados por la familia presidencial?

En cualquier pa¨ªs donde funcione a medias el Estado de Derecho, una entidad de control estatal investigar¨ªa de oficio la apropiaci¨®n privada de estos millonarios fondos estatales por parte de la familia presidencial. Pero en Nicaragua, el titular de la Contralor¨ªa, Luis Angel Montenegro, se dio por ofendido cuando la prensa independiente le reclam¨® por su inacci¨®n: ¡°No somos polic¨ªa, ni FBI, vaya usted a preguntarle al presidente¡±, respondi¨® airado el funcionario.

En el caso del canal interoce¨¢nico, la situaci¨®n es todav¨ªa peor en materia de opacidad y falta de transparencia. Hace dos a?os, el parlamento otorg¨® al misterioso empresario chino Wang Jing una concesi¨®n canalera, sin pasar por ninguna licitaci¨®n. La ley m¨¢s importante de la historia de Nicaragua, fue aprobada por la bancada oficial en un tr¨¢mite de siete d¨ªas, con una consulta limitada de dos d¨ªas y con tres horas de debate parlamentario.

Esta ley otorga derechos irrestrictos al concesionario, en detrimento del Estado y la soberan¨ªa nacional, creando una especie de enclave en el territorio nacional por m¨¢s de cincuenta a?os prorrogables a cien. Nicaragua incluso renunci¨® a la inmunidad soberana del Banco Central y sus reservas quedaron en riesgo ante cualquier proceso de arbitraje internacional. Y aunque la promesa de empleos e inversiones ciertamente ha generado expectativas entre la poblaci¨®n y en la clase empresarial, la ley canalera ha generado tres preocupaciones fundamentales:

La ley m¨¢s importante de la historia de Nicaragua fue aprobada por la bancada oficial con tres horas de debate?

El derecho de propiedad. La ley permite al concesionario expropiar propiedades privadas, comunales y p¨²blicas, a trav¨¦s de un mecanismo expedito, ofreciendo como compensaci¨®n un pago por el valor catastral de la tierra y no por su valor de mercado. M¨¢s de 23.000 familias, unas 120.000 personas, ser¨ªan afectadas y desplazadas de forma forzosa en la ruta canalera, lo cual ha provocado ya una rebeli¨®n que suma 47 movilizaciones campesinas de protesta.

El impacto ambiental. El proyecto de 278 kil¨®metros de largo, cruza el lago de Nicaragua a lo largo de 105 kil¨®metros y requerir¨ªa de un dragado masivo para que ¨¦ste tenga la profundidad requerida de 30 metros. La comunidad cient¨ªfica ha advertido que esto puede causar un da?o irreversible a la mayor reserva h¨ªdrica de Nicaragua y Centroam¨¦rica. Hace dos semanas, la empresa Environmental Resources Management entreg¨® al Gobierno el estudio de impacto ambiental del canal, pero hasta ahora se mantiene en secreto y no hay planes de someterlo a un escrutinio independiente.

Los subproyectos. La ley canalera contempla, adem¨¢s, la construcci¨®n de diez subproyectos que gozan de las mismas ventajas que el canal. El men¨² de negocios incluye dos puertos, aeropuertos, zonas de libre comercio, proyectos tur¨ªsticos, oleoductos, ferrocarriles, y cualquier otro proyecto que pueda surgir en el futuro de acuerdo al inter¨¦s del concesionario.

Tomando en cuenta la dudosa viabilidad del proyecto canalero --una obra de 50 mil millones de d¨®lares que carece de financiamiento, y que tampoco tiene un plan de negocios que demuestre su viabilidad comercial-- lo m¨¢s probable es que el canal nunca se llegar¨¢ a construir. Sin embargo, a trav¨¦s de la ley 840 Nicaragua est¨¢ atada ad infinitum a una oscura red especulativa de negocios en torno a los subproyectos del canal que, por su magnitud, podr¨ªa derivar en una operaci¨®n de corrupci¨®n a¨²n mayor que el desv¨ªo millonario de la cooperaci¨®n venezolana. Todo depender¨¢, a final de cuentas, de lo que est¨¦n dispuestos a tolerar los nicarag¨¹enses.

Carlos F. Chamorro es periodista. Es director de Esta Semana y Confidencial, de Nicaragua.