Acabar con el pillaje

Un a?o despu¨¦s de iniciada la investigaci¨®n del esc¨¢ndalo, los 60 tomos conocidos del sumario del caso P¨²nicahan puesto al descubierto un bochornoso cat¨¢logo del pillaje institucional: contratos municipales ama?ados a cambio de millonarias comisiones ilegales; recalificaciones urban¨ªsticas que favorecen a determinados amigos de los gobernantes; pago de servicios particulares con dinero p¨²blico; financiaci¨®n de partidos por empresas agraciadas con diversas concesiones administrativas¡­

El caso P¨²nica ha demostrado que, pese a las medidas legislativas aprobadas en los ¨²ltimos a?os para combatir la corrupci¨®n, todav¨ªa existen deficiencias en la normativa sobre contrataci¨®n que permiten esconder las peores pr¨¢cticas pol¨ªticas. La consecuencia es una colosal p¨¦rdida de recursos p¨²blicos para el enriquecimiento il¨ªcito de unos pocos.

El pinchazo telef¨®nico a dos defraudadores fiscales con cuentas bancarias en Suiza ¡ªuno de ellos Francisco Granados, exsecretario general del PP-Madrid, exconsejero auton¨®mico y exsenador, y el otro, su amigo constructor David Marjaliza¡ª ha sido suficiente para destapar media docena de tramas corruptas que se alimentaban de presupuestos p¨²blicos. Estas redes delictivas han funcionado durante a?os sin despertar sospechas. Incluso operaron a pleno rendimiento cuando la corrupci¨®n ya era el segundo problema que m¨¢s preocupaba a los espa?oles y cuando todos los partidos se afanaban en demostrar su compromiso para luchar contra esta lacra.

Cualquier asunto que repartiera dinero p¨²blico era propicio para la actuaci¨®n de los saqueadores. Desde concursos de eficiencia energ¨¦tica para ahorrar gastos a los Ayuntamientos hasta la organizaci¨®n de fiestas municipales, pasando por la adjudicaci¨®n de parcelas para levantar colegios concertados, contratos para el seguimiento de noticias en Internet o para el posicionamiento de las instituciones en redes sociales.

El juez Eloy Velasco tiene todav¨ªa mucho trabajo por delante en una causa que suma 92 imputados, entre ellos una decena de exalcaldes, el expresidente de una diputaci¨®n provincial y dos exconsejeros auton¨®micos de Madrid. Adem¨¢s, los gobiernos municipales de una docena de grandes ciudades est¨¢n bajo sospecha de usar dinero p¨²blico para su promoci¨®n pol¨ªtica personal. Algunos de los cargos salpicados por el esc¨¢ndalo siguen desempe?ando puestos de responsabilidad porque a¨²n no han sido imputados por el magistrado Velasco y sus partidos mantienen la confianza en ellos. La investigaci¨®n judicial necesita tiempo, pero no es posible que personas que gestionan grandes presupuestos permanezcan indefinidamente bajo sospecha.

El caso P¨²nica es la ¨²ltima prueba de c¨®mo la corrupci¨®n escapa todav¨ªa con cierta facilidad a los controles p¨²blicos; de que los delincuentes no temen al endurecimiento de las leyes. As¨ª deben tom¨¢rselo quienes gobiernan en las instituciones: como una lecci¨®n que sirva de acicate para acelerar el cambio de la normativa y aprobar medidas que impidan a los corruptos aprovecharse de los agujeros legislativos, todav¨ªa numerosos, para su enriquecimiento personal.