El riesgo de legislar a ciegas

Un inmigrante recibe asesoramiento en la asociaci¨®n Karibu. Foto: SAMUEL S?NCHEZ/EL PA?S

Desde que el gobierno introdujera en abril de 2012 su norma restringiendo el acceso de los inmigrantes irregulares a la sanidad, este asunto se ha convertido en objeto permanente de debate. Lamentablemente, de todas las cosas que hemos tenido ocasi¨®n de escuchar, ninguna de ellas un c¨¢lculo preciso del ahorro que supondr¨ªa la medida, entre otras razones porqueel Ministerio del Interior ni siquiera es capaz de ofrecer una cifra ajustada del n¨²mero de extranjeros en situaci¨®n irregular que residen en nuestro pa¨ªs.

La ausencia de causas justificadas para la reforma-m¨¢s all¨¢ de las ideol¨®gicas- ha sido se?alada por el Tribunal Constitucional y la Defensora del Pueblo, entre otros muchos.Pero ninguno de ellos ha sido capaz de ofrecer datos que iluminen este debate. De hecho, la intensidad con la que se ha desarrollado el conflicto pol¨ªtico contrasta con la ausencia absoluta de datos firmes para justificar las diferentes posiciones.

Por eso resulta tan relevante la publicaci¨®n hace unas semanas de un informe de la Agencia Europea para los Derechos Fundamentales (un organismo que asesora oficialmente a las instituciones comunitarias) en el que se realiza una estimaci¨®n de los costes asociados a la restricci¨®n de la sanidad para los inmigrantes. Sus resultados merecen ser colgados en m¨¢s de un despacho del Ministerio de Sanidad.

El estudio ha sido realizado en tres pa¨ªses (Alemania, Grecia y Suecia) y se centra en dos grupos de enfermedades: la hipertensi¨®n y los problemas derivados de no recibir atenci¨®n prenatal. Como se?alan sus autores, en ambos casos se trata de patolog¨ªas que afectan al derecho fundamental de los pacientes a la salud. En los tres pa¨ªses el acceso gratuito a la sanidad est¨¢ limitado para los inmigrantes irregulares a la atenci¨®n de emergencia. Cualquier otro tipo de servicio (incluyendo el acceso a los f¨¢rmacos) est¨¢ sujeto al pago de una cantidad variable.

Los resultados admiten poca interpretaci¨®n. En el caso de la hipertensi¨®n, el modelo elaborado para la realizaci¨®n del estudio sugiere que el uso regular de tratamientos preventivos supondr¨ªa durante el primer a?o un ahorro para la sanidad p¨²blica del 9% del gasto en Grecia y Alemania, y del 8% en Suecia. El ahorro medio en los tres pa¨ªses se incrementar¨ªa al 12-13% en el plazo de dos a?os y al 16% a lo largo de toda la vida del paciente. La posibilidad de evitar consecuencias dram¨¢ticas como un ictus o un infarto de miocardio no solo afecta a la salud de la persona, sino tambi¨¦n a la de las arcas p¨²blicas.

?Qu¨¦ ocurre en el caso de la atenci¨®n prenatal de mujeres embarazadas? El an¨¢lisis de dos a?os de atenci¨®n (el per¨ªodo previo al parto y los costes asociados a la mejor o peor salud de los reci¨¦n nacidos) indica que el pleno acceso a los servicios de prevenci¨®n y atenci¨®n sanitaria supone un ahorro tangible para el gasto p¨²blico: hasta el 48% en Alemania y Grecia, y hasta el 69% en Suecia.

Es posible que las estimaciones de la Agencia Europea para los Derechos Fundamentales var¨ªen cuando se consideran otras enfermedades y pa¨ªses. Pero el mensaje principal que quiere trasladar el informe permanece invariable: cuando se trata de la negaci¨®n de derechos fundamentales como el del acceso a la sanidad, hace falta algo m¨¢s que un argumentario de partido y un c¨¢lculo realizado en el reverso de una servilleta, que es precisamente lo que han hecho el Partido Popular y Ciudadanos. Cualquiera de nosotros se alarmar¨ªa si estas formaciones jugasen a la ruleta rusa con nuestra salud. No existe ninguna raz¨®n para que puedan hacerlo con los inmigrantes irregulares.