Inconsistencias de la ¡°desconexi¨®n¡±

No nos ha sorprendido. La resoluci¨®n aprobada por el Parlament de Catalunya el pasado 9 de noviembre, que declara solemnemente el inicio del proceso de creaci¨®n de un Estado catal¨¢n independiente, es la consecuencia natural del discurso pol¨ªtico soberanista, que se ha alimentado de diversas aportaciones intelectuales. El problema, a nuestro juicio, es que dichas aportaciones son de una notable inconsistencia, tanto desde un punto de vista pol¨ªtico como jur¨ªdico.

Para empezar, la doctrina independentista oficial se ha basado en la idea seg¨²n la cual todo Estado democr¨¢tico que se precie debe reconocer a los ciudadanos que residen en un determinado territorio el derecho a decidir unilateralmente si permanecen en dicho Estado o, por el contrario, se separan de ¨¦l. En caso de optar por esto ¨²ltimo, se entablar¨ªan negociaciones con el Estado, pero ¨²nicamente a efectos de concretar los detalles de la secesi¨®n. Tal derecho, que ya fue invocado en el Pa¨ªs Vasco con motivo del Plan Ibarretxe, no existe en ning¨²n ordenamiento constitucional. Como es sabido, el ¡°derecho a decidir¡± ha sido un eufemismo para evitar la invocaci¨®n del derecho de autodeterminaci¨®n, del que Catalu?a no es titular, tal como ha recordado recientemente el Secretario General de la ONU. En todo caso, a partir de la resoluci¨®n aprobada por el Parlament, la idea ha sido abandonada. Ahora se trata de iniciar un proceso ¡°participativo¡± que debe culminar en la adopci¨®n de una Constituci¨®n para una nueva Rep¨²blica catalana, sin preguntar antes a los ciudadanos, en un refer¨¦ndum legal y acordado, si est¨¢n a favor de la independencia de Catalu?a.

Los soberanistas m¨¢s l¨²cidos reconocen que la secesi¨®n necesita sustentarse en una justa causa, especialmente si se quiere contar con los necesarios apoyos internacionales. El problema es que las m¨²ltiples quejas que muchos ciudadanos catalanes elevan frente al orden pol¨ªtico existente en Espa?a, por leg¨ªtimas y fundadas que sean (en materia de financiaci¨®n, de nivel de autogobierno, de reconocimiento de la pluralidad ling¨¹¨ªstica, por ejemplo) no son de una gravedad tal como para provocar la movilizaci¨®n de la comunidad internacional, a fin de presionar a Espa?a para que permita la secesi¨®n de Catalu?a. Quienes comparan a los catalanes con esclavos que necesitan ser liberados han perdido el norte moral, o no han viajado por el mundo.

El argumentario jur¨ªdico que los expertos oficiales han desarrollado en los ¨²ltimos a?os contiene tesis verdaderamente sorprendentes. As¨ª, se nos ha dicho que el proceso hacia la independencia se har¨¢ de acuerdo con la ley, de modo que si el Parlamento catal¨¢n inicia un proceso de ¡°desconexi¨®n¡± para crear de forma unilateral una Rep¨²blica independiente, no se infringe la legalidad constitucional vigente, sino que se construye un nuevo marco legal que reemplaza al anterior. Con este argumento, todas las normas que regulan los procedimientos democr¨¢ticos que deben seguirse para reformar el Derecho vigente carecen de fuerza alguna. La Constituci¨®n se convierte en ¡°plastilina¡± jur¨ªdica.

Quienes comparan a los catalanes con esclavos han perdido el norte moral o no han viajado

Nos preguntamos si tambi¨¦n la Constituci¨®n de la Rep¨²blica catalana ser¨¢ tan f¨¢cil de reemplazar en el futuro. La resoluci¨®n del Parlament es taxativa cuando dispone que, a partir de ahora, el gobierno de Catalu?a ¨²nicamente debe cumplir las normas emanadas del Parlament, con exclusi¨®n de las estatales (y se supone que tambi¨¦n de las europeas) y ordena que no se obedezcan las resoluciones del Tribunal Constitucional. Que todav¨ªa haya juristas dispuestos a sostener que todo esto es legal, ¡°si se interpreta adecuadamente¡±, dice mucho sobre la degradaci¨®n intelectual a la que hemos llegado.

Los te¨®ricos del soberanismo tambi¨¦n sostuvieron en su momento que si el Estado espa?ol se niega a autorizar un refer¨¦ndum sobre la independencia de Catalu?a, cabe acudir a la Uni¨®n Europea para que sancione a Espa?a en virtud del art¨ªculo 7 del Tratado, que alude a ¡°la existencia de una violaci¨®n grave y persistente¡± por un Estado miembro de los valores en los que se fundamenta la Uni¨®n, entre los que se cuentan la libertad, la democracia, el Estado de Derecho y el respeto de los derechos humanos. En la extensa lista de desprop¨®sitos del argumentario soberanista, seguramente ¨¦ste se lleva la palma. Resulta llamativo que quienes juzgan inaceptable, por autoritario y represivo, la utilizaci¨®n del art¨ªculo 155 de la Constituci¨®n espa?ola contra la Generalitat, consideren posible que la Uni¨®n Europea recurra al art¨ªculo 7 del Tratado frente al gobierno espa?ol.

Por cierto, hace dos a?os la entonces vicepresidenta de la Comisi¨®n Europea, Viviane Reding, se refiri¨® al incumplimiento por parte del Gobierno de Ruman¨ªa de las sentencias del Tribunal Constitucional de aquel pa¨ªs, como ejemplo de atentado contra el Estado de Derecho que podr¨ªa llevar a poner en marcha el procedimiento del citado art¨ªculo 7. Ahora el Parlamento catal¨¢n ordena el desacato a las resoluciones del Tribunal Constitucional espa?ol. Curiosa paradoja.

No es leg¨ªtimo quebrantar un orden democr¨¢tico sin el respaldo de una mayor¨ªa clara y estable

Con todo lo dicho no pretendemos desconocer un dato pol¨ªtico de primer orden: existe un amplio sector de la ciudadan¨ªa catalana que ha votado a favor de la independencia. Si este sector se ampliara en el futuro y llegara a abarcar una mayor¨ªa clara y estable a lo largo del tiempo, se deber¨ªa imponer el pragmatismo y pensar en la necesidad de desbloquear la situaci¨®n a trav¨¦s de un refer¨¦ndum. Pero la realidad es que, de momento, el movimiento secesionista no ha superado con ¨¦xito el primer test democr¨¢tico que supusieron las elecciones del pasado 27 de septiembre. El ¡°plebiscito¡± se perdi¨®, y as¨ª lo ha visto el resto del mundo. El Financial Times, por ejemplo, en un editorial sobre la ¡°locura¡± (folly) del actual proceso, afirmaba esta semana que el porcentaje de voto obtenido por los independentistas est¨¢ muy lejos del que moralmente se necesitar¨ªa para justificar una ruptura con Espa?a.

Los secesionistas tienen todo el derecho a seguir defendiendo su causa por medios leg¨ªtimos; as¨ª se lo ha reconocido el Tribunal Constitucional al que ahora desautorizan. Las pr¨®ximas elecciones generales del 20 de diciembre les brindan una nueva oportunidad para convencer a m¨¢s catalanes. La democracia espa?ola, por imperfecta que sea, nunca ha puesto traba alguna a los partidos que han pedido el voto de los ciudadanos con programas independentistas. Lo que no es leg¨ªtimo es quebrantar un orden constitucional plenamente democr¨¢tico para alcanzar un objetivo que carece del respaldo de una mayor¨ªa clara y estable de la ciudadan¨ªa. Resulta desolador tener que recordar hoy en Catalu?a algo tan evidente en esta Europa del siglo XXI.

V¨ªctor Ferreres Comella es profesor de Derecho Constitucional en la Universitat Pompeu Fabra y visiting professor en la Universidad de Texas en Austin, Enric Fossas Espadaler es catedr¨¢tico de Derecho Constitucional en la Universitat Aut¨°noma de Barcelona y Alejandro Saiz Arnaiz es catedr¨¢tico Jean Monnet de Derecho Constitucional en la Universitat Pompeu Fabra.