Etiop¨ªa usa una fuerza desmesurada para reprimir las protestas del pueblo oromo

Desde el 21 de noviembre de este a?o, las fuerzas de seguridad et¨ªopes han asesinado a docenas de manifestantes en el estado de , seg¨²n denuncian diversas ONG de derechos humanos, entre ellas Amnist¨ªa Internacional (AI) y Human Right Watch (HRW). Estas organizaciones demandan que las fuerzas de seguridad desistan de esta actitud y se abra una investigaci¨®n independiente sobre lo sucedido en esa parte del pa¨ªs.

La polic¨ªa y fuerzas militares han disparado sobre los manifestantes matando al menos a 75 de ellos e hiriendo a muchos otros, seg¨²n denuncian los mismo activistas.

El gobierno et¨ªope ha etiquetado a estos manifestantes como ¡®terroristas¡¯ justificando as¨ª el uso de una fuerza desmesurada para reprimir las protestas contra lo que los oromos tildan de usurpaci¨®n de tierras en la regi¨®n.

Los servicios secretos del pa¨ªs han llegado a afirmar que los activistas oromos planeaban desestabilizar el pa¨ªs y que algunos de ellos est¨¢n ¡°vinculados directamente a un grupo terrorista que ha estado colaborando con grupos similares¡±.

En el ¨²ltimo censo llevado a cabo en el pa¨ªs, los oromos resultaron ser el mayor grupo ¨¦tnico del pa¨ªs, con unos 25 millones de personas. es, adem¨¢s, la regi¨®n m¨¢s grande del pa¨ªs y rodea la capital, Addis Abeba. Ah¨ª justo reside el problema que ha provocado las actuales protestas.

El gobierno del pa¨ªs present¨® el a?o pasado el llamado Addis Ababa and Surrounding Zone Special Zone Integrated Master Plan, conocido popularmente como Master Plan, para ampliar los l¨ªmites de la capital ocupando parte del territorio oromo. Finalmente, el pasado mes de octubre, el plan fue aprobado. Dos millones de personas viven en el ¨¢rea propuesta para la expansi¨®n de la ciudad.

Los activistas oromos afirman que de aplicarse, este plan supondr¨¢ la expropiaci¨®n forzosa de tierras que en la actualidad pertenecen a campesinos oromos o donde existen peque?os pueblos y ciudades donde residen gran n¨²mero de individuos. Se trata de tierras ancestrales en las que estas personas encuentran su sustento. Se teme, por tanto, un desplazamiento forzoso de los campesinos y residentes que viven en esta zona.

La constituci¨®n et¨ªope considera todas las tierras del pa¨ªs como propiedad del estado y a sus ocupantes los califica de inquilinos. Los oromos defienden que solo ellos pueden son due?os leg¨ªtimos de su propia tierra.

Esta protesta vuelven a poner de manifiesto la dif¨ªcil relaci¨®n existente entre los oromos y el gobierno et¨ªope desde siempre, la cual tiene sus ra¨ªces en la lucha por la identidad, los recursos y los derechos de los miembros de esta etnia. Hist¨®ricamente, los oromos se han sentido marginados y discriminados por parte de los distintos gobiernos del pa¨ªs. Muchos de ellos son frecuentemente arrestados arbitrariamente y acusados de pertenecer al Frente de Liberaci¨®n Oromo (OLF), que en el pasado tom¨® las armas para defender su causa y la autodeterminaci¨®n de su pueblo y al que el gobierno califica de organizaci¨®n terrorista.

Los manifestantes tambi¨¦n se quejan de que el Master Plan se ha impuesto desde arriba sin consultar a la poblaci¨®n afectada por ¨¦l, lo cual rompe cualquier regla de convivencia democr¨¢tica, e incluso violando la propia constituci¨®n federal al ignorar al gobierno regional.

Las protestas empezaron en Ginchi, un peque?o pueblo a 80 kil¨®metros al suroeste de Addis Abeba, cuando las autoridades intentaron ¡°limpiar¡± un bosque para implantar un proyecto de inversi¨®n. Las protestas se expandieron r¨¢pidamente por toda la regi¨®n de y derivaron en grandes manifestaciones contra la intenci¨®n del gobierno de aplicar el Master Plan.

En un primer momento fueron los estudiantes los que sal¨ªan a manifestarse, pero desde mediados de noviembre, agricultores y otros residentes de la zona se han unido a ellos.

Leslie Lefkow, directora adjunta para ?frica de HRW ha declarado que ¡°la respuesta del gobierno et¨ªope a las protestas en han tenido como resultado un n¨²mero de muertes y r¨¢pidamente han provocado el peligro de que se produzca m¨¢s derramamiento de sangre. Que el gobierno etiquetara a los manifestantes, mayoritariamente pac¨ªficos, como terroristas y desplegara a la fuerza militar ha provocado una peligrosa escalada de esta situaci¨®n tan vol¨¢til¡±.

Son muchos los testigos que han manifestado que las fuerzas de seguridad golpean y arrestan a los manifestantes, muchas veces yendo a buscarlos a sus casas de noche. Otros hablan de lugares donde existe mucha tensi¨®n y gran despliegue de fuerzas de seguridad.

Tambi¨¦n hay sospechas de que algunos agentes policiales o militares hayan podido morir como consecuencia de los enfrentamientos. En algunos pueblos, los manifestantes han ocupado edificios gubernamentales una vez que las fuerzas de seguridad los abandonaron. En varias zonas tambi¨¦n han levantado puestos de control, bloqueando las carreteras para obstaculizar el acceso de las fuerzas gubernamentales a las comunidades. Igualmente hay informes de que algunas granjas propiedad de compa?¨ªas extranjeras han sido saqueadas y destrozadas.

Las organizaciones de derechos humanos insisten en que el gobierno et¨ªope debe respetar la libertad de expresi¨®n y de asamblea. Adem¨¢s la polic¨ªa solo deber¨ªa utilizar la fuerza cuando sea estrictamente necesaria y de una forma proporcionada.

Human Right Watch dice que el gobierno de Etiop¨ªa tiene como costumbre acusar a cualquier disidente, incluso a las personas que hacen la m¨¢s leve cr¨ªtica de las pol¨ªticas gubernamentales, de asociaci¨®n con el terrorismo. Decenas de periodistas, blogueros, disidentes, manifestantes o activistas han sido enjuiciados bajo la ley antiterrorista de 2009, a la que HRW tilda de draconiana. Esta misma norma es la que se est¨¢ aplicando a los manifestantes que protestan contra la confiscaci¨®n de las tierras de los oromos.

En esta ocasi¨®n, las autoridades han llegado incluso a cortar la cobertura telef¨®nica, sobre todo en ¨¢reas donde se han desplegado grandes contingentes de fuerzas de seguridad, lo cual hace m¨¢s dif¨ªcil conseguir informaci¨®n contrastada de lo que realmente est¨¢ sucediendo en la regi¨®n.

Las organizaciones de derechos humanos piden una investigaci¨®n independiente de lo sucedido en la regi¨®n de en la que est¨¦n presentes la ONU y la Uni¨®n Africana adem¨¢s de expertos en derechos humanos.