Asunto de Estado

Dos meses despu¨¦s de las elecciones generales, los nuevos descubrimientos de presunta corrupci¨®n en el PP confirman la grave dificultad de este partido para mantenerse en el Gobierno. Lo ¨²ltimo es la utilizaci¨®n de empresas p¨²blicas como supuesta fuente de financiaci¨®n del PP madrile?o, que se suman a los bochornosos pillajes organizados por la trama P¨²nica en la Comunidad de Madrid, los registros de la Guardia Civil en la sede central del PP o las decenas de personas imputadas en la Comunidad Valenciana. Todo ello tras haberse investigado los ama?os de la trama G¨¹rtel y los papeles de B¨¢rcenas (la caja b de la organizaci¨®n central del PP). Pero la corrupci¨®n interpela tambi¨¦n a otros partidos: ah¨ª est¨¢ la responsabilidad socialista en los ERE en Andaluc¨ªa o los casos surgidos en la estructura pol¨ªtica del nacionalismo catal¨¢n.

El volumen del alud se aprecia en los datos difundidos por el Ministerio del Interior. Se citan m¨¢s de 8.000 detenciones por corrupci¨®n desde 2010, con cifras particularmente abultadas en los dos ¨²ltimos a?os, que ponen de relieve una actuaci¨®n administrativa y judicial cada vez m¨¢s fuerte. Hay que notar que la estad¨ªstica comunicada afecta a gran n¨²mero de actividades ¡ªen buena parte se refiere a fraudes a la Seguridad Social y a Hacienda¡ª y en ella no se deslinda cu¨¢ntos detenidos corresponden a personal de las Administraciones y cu¨¢ntos a empresas privadas y particulares.

En todo caso, una econom¨ªa s¨®lida no puede sostenerse sobre la base de que las empresas deban reservar dinero para comprar favores pol¨ªticos (contratos, informaci¨®n privilegiada). Ni una sociedad puede envenenarse con la aceptaci¨®n de la econom¨ªa negra y del soborno. Tolerar tales pr¨¢cticas equivale a instalarse en la mentira y la desconfianza, y a dificultar inversiones productivas en beneficio del tente mientras cobro. La permisividad demostrada durante muchos a?os hacia una econom¨ªa en gran parte sumergida (se estima al menos de un 20% del PIB) es una lacra que ha tenido en la pol¨ªtica su principal consentidora.

La reacci¨®n habitual de los partidos ante sus propios casos de corrupci¨®n ha sido la de imputar mala fe a los que les acusan y usar todos los recovecos legales para proteger a los suyos ¡ªcomo se ve en el caso de la senadora Rita Barber¨¢, exjefa del Ayuntamiento valenciano, que tiene numerosos imputados¡ª. No pocos ciudadanos han podido considerarse autorizados a trabajar irregularmente o no pagar impuestos, confiados en que la impunidad de facto de los protagonistas de la vida p¨²blica daba patente de corso. Ayer mismo hemos tenido otro indicio en las 73 empresas del sector c¨¢rnico investigadas por evasi¨®n de impuestos.

Oponerse a la pol¨ªtica del pillaje exige controles preventivos a la contrataci¨®n y a la discrecionalidad en el uso del dinero p¨²blico, junto al establecimiento de auditor¨ªas exigentes a los partidos. Y el cargo p¨²blico sospechoso tiene que apartarse de la vida pol¨ªtica y defenderse como un ciudadano privado. Las cosas han llegado a tal punto que no vale con endurecer las leyes y confiar en la laxitud de su aplicaci¨®n. Acabar con la corrupci¨®n exige una firme pol¨ªtica de Estado.