De plebiscitarias a constituyentes

El resultado de las elecciones catalanas del pasado 27 de septiembre no solamente acab¨® forzando la salida de Artur Mas de la Generalitat, sino que ha situado a Junts pel S¨ª y la CUP ante una grave contradicci¨®n argumental que los dem¨®cratas no deber¨ªamos dejar de subrayar. Con un 47,8% de los votos ning¨²n Gobierno del mundo comprar¨ªa la afirmaci¨®n de que existe en Catalu?a un apoyo mayoritario a la secesi¨®n. Al grave problema del choque con la legalidad constitucional espa?ola y el derecho internacional, se a?adir¨ªa la falta de legitimidad para validar una separaci¨®n unilateral. El Financial Timesconcluy¨® que el resultado en las urnas estuvo ¡°muy por debajo de lo que se necesitar¨ªa moralmente para justificar una ruptura con Espa?a¡±. Los anticapitalistas fueron conscientes de esa limitaci¨®n durante la campa?a y la misma noche del escrutinio su cabeza de lista, Antonio Ba?os, reconoci¨® que el independentismo hab¨ªa perdido el ¡°plebiscito¡±. Tambi¨¦n los dirigentes de CDC y ERC, pese a que intentaron obviarlo con afirmaciones grandilocuentes, lo acabaron aceptando a rega?adientes.

Sin embargo, la resoluci¨®n que aprob¨® el Parlamento catal¨¢n el pasado 9 de noviembre no solo se hizo de espaldas a ese hecho incontestable, sino que evidenci¨® la inexistencia del cacareado ¡°mandato democr¨¢tico¡± para quien quisiera echar las cuentas. No est¨¢ de m¨¢s recordar que, en votos populares, los 72 diputados que la aprobaron representan en realidad unos miles de sufragios menos (1.966.508) que los 63 noes del conjunto de la oposici¨®n (1.976.453). ?nicamente el ag¨®nico bloqueo durante meses de la investidura de Mas hizo aflorar un poco de reflexi¨®n entre las filas independentistas sobre la realidad de sus apoyos sociales cuando parec¨ªa irremediable la convocatoria de nuevas elecciones. Ante el fiasco pol¨ªtico que se avecinaba, la paniaguada clerec¨ªa del proceso regres¨® un tiempo a la casilla del derecho a decidir, influenciada en paralelo por la victoria de la candidatura catalana auspiciada por Ada Colau y Pablo Iglesias en las elecciones del 20 de diciembre, partidaria de celebrar un refer¨¦ndum.

La investidura in extremis de Carles Puigdemont permiti¨® a los partidos separatistas salvar el poder y resucitar la hoja de ruta inicial: la celebraci¨®n de unas elecciones constituyentes al cabo de 18 meses, tiempo durante el cual tanto el Parlamento catal¨¢n como el Gobierno de la Generalitat deben completar las estructuras para la futura desconexi¨®n con el Estado espa?ol. Vemos, pues, que ignorando la l¨®gica plebiscitaria que ellos mismos invocaron, han decidido no sacar ninguna consecuencia pol¨ªtica de su fracaso. Frente a esa grave objeci¨®n, ¨²nicamente han sustanciado la distinci¨®n entre ¡°empezar¡± y ¡°culminar¡±. Seg¨²n su doctrina, no pueden culminar la secesi¨®n, pero s¨ª empezar el proceso legislativo y administrativo para dejar a Catalu?a a las puertas de cumplir ese deseo. Es un curioso razonamiento que les autoriza a poner las instituciones del autogobierno al servicio de un proyecto de ruptura, al mismo tiempo que reconocen no poder culminarlo por falta de apoyos. En un esfuerzo por conceptualizar esta anomal¨ªa democr¨¢tica, que quiebra el principio de neutralidad de las instituciones, Puigdemont ha definido la actual etapa como una fase entre la posautonom¨ªa y la preindependencia. La transici¨®n nacional en estado puro.

Que esto ocurra o no depende de la astucia del Gobierno para cambiar el campo de juego

M¨¢s all¨¢ de modular ligeramente su discurso y desarrollar sorprendentes sofismas, la estrategia hacia las llamadas elecciones ¡°constituyentes¡± se mantiene inc¨®lume. Ahora bien, ?c¨®mo puede pretenderse convocar a los catalanes a un proceso constituyente sin mediar previamente un reconocimiento o una declaraci¨®n formal de independencia? Aqu¨ª la contradicci¨®n es tan flagrante que los propios dirigentes separatistas han ca¨ªdo en el desconcierto. El consejero Ra¨¹l Romeva, que pretende ejercer de ministry of Foreign Affairs catal¨¢n, insiste en que se producir¨¢ necesariamente una declaraci¨®n de independencia antes de las ¡°constituyentes¡±, mientras la secretaria general de ERC, Marta Rovira, considera suficiente la aprobaci¨®n de una ley de transitoriedad jur¨ªdica para determinar que el Parlamento catal¨¢n ya es plenamente soberano. Por su parte, la consejera de presidencia y portavoz, Neus Munt¨¦, ha llegado a plantear una estramb¨®tica ¡°declaraci¨®n de intenciones¡±, mientras Puigdemont se ha esforzado en zanjar la cuesti¨®n y en justificar una cierta ambig¨¹edad sobre el detalle de los pasos futuros afirmando que ¡°la independencia no es una ciencia exacta¡±.

En realidad, sabemos de antemano lo que har¨¢n porque lo tienen escrito e incluso se jactan de intentar enga?ar al Estado cambiando el nombre de las tres leyes de desconexi¨®n (relativas a la Seguridad Social, la Hacienda propia y la transitoriedad jur¨ªdica del nuevo Estado) para evitar su anulaci¨®n por parte del Tribunal Constitucional. El independentismo se ha dado un plazo aproximado de 18 meses con el objetivo de: 1. Mantener la tensi¨®n sociopol¨ªtica mediante anuncios en la C¨¢mara catalana sobre c¨®mo se construir¨¢ la futura rep¨²blica, ayud¨¢ndose de su potente maquinaria medi¨¢tica; 2. Ensanchar su base social hacia la izquierda alternativa gracias al proselitismo de las entidades del soberanismo civil con el se?uelo de dise?ar de forma participativa la futura Constituci¨®n catalana; y 3. Calentar el momento final de la legislatura con la aprobaci¨®n de una ley de desconexi¨®n o, si no es posible, de una declaraci¨®n solemne de independencia (condicionada a la ratificaci¨®n en refer¨¦ndum de un texto constitucional en la siguiente etapa).

As¨ª, pues, antes de que finalice 2017, tal vez en septiembre tras otra demostraci¨®n de fuerza en la calle con motivo de la Diada, el independentismo tocar¨¢ a rebato en las urnas. Si las anteriores elecciones pretendieron ser plebiscitarias, estas otras querr¨¢n tener un trasfondo constituyente de la nueva rep¨²blica, aunque pocas dudas caben de que el decreto oficial de convocatoria seguir¨¢ aludiendo a la LOREG, en ausencia de una ley catalana propia. Plebiscitarias o constituyentes, vendr¨¢n a ser lo mismo. La repetici¨®n de la misma jugada, convocadas con un doble objetivo. Asegurarse el control del poder auton¨®mico gracias a la movilizaci¨®n m¨¢xima del electorado soberanista en torno a otra cita hist¨®rica. E intentar un nuevo asalto a la cifra m¨¢gica del 50+1 de los votos populares a partir de la cual los dirigentes separatistas se considerar¨ªan legitimados para materializar la ruptura, exigiendo la mediaci¨®n de la comunidad internacional.

Los independentistas han decidido ignorar las consecuencias pol¨ªticas de su fracaso

Ahora bien, que todo esto acabe o no ocurriendo depende no solo de su probada astucia o de la capacidad de la oposici¨®n en Catalu?a por articular resistencias, sino tambi¨¦n de la inteligencia del futuro Gobierno espa?ol para cambiar el terreno de juego. Se podr¨¢ objetar que el separatismo ha sufrido estos a?os un considerable desgaste de materiales y que la alianza ente Junts pel S¨ª y la CUP experimenta a diario no pocas contradicciones, pero ser¨ªa a¨²n m¨¢s insensato obviar que mantiene firme su hoja de ruta y que har¨¢ todo lo posible por alcanzar su objetivo.

Joaquim Coll es historiador y vicepresidente de Societat Civil Catalana.