La conquista de los derechos a golpe de quejas y denuncias

La reci¨¦n presentada memoria del Defensor del Pueblo 2015 pone de manifiesto que la Administraci¨®n P¨²blica puede estar vulnerando Derechos Humanos por la falta de transparencia y por los errores en la tramitaci¨®n de ayudas sociales. La carencia de previsi¨®n adecuada, la falta de medios t¨¦cnicos y las demoras en la concesi¨®n de las prestaciones agravan mucho m¨¢s esta situaci¨®n. El reconocimiento de los servicios sociales como derechos fundamentales y la existencia de legislaci¨®n estatal que garantice los servicios sociales es el camino adecuado para garantizar los derechos sociales y la dignidad, aunque sea a golpe de quejas al Defensor del Pueblo.

Cuestiones como la necesidad de garant¨ªa alimentaria, la efectividad del Grado I de la dependencia o la inspecci¨®n de residencias han sido denunciadas en los medios de comunicaci¨®n colocando la necesidad de garantizar la dignidad de las personas afectadas en la agenda p¨²blica. El Defensor del Pueblo asegura haber admitido a tr¨¢mite el a?o pasado el 61,4% de las quejas, dando prioridad a infancia y dependencia por entender que tienen una vinculaci¨®n servicios imprescindibles para garantizar la dignidad de las personas.

Al realizar un an¨¢lisis pormenorizado de los motivos de las quejas se puede apreciar que muchas de ellas tienen que ver con la escasez de medios adecuados para abordar las necesidades sociales, pero otras tienen su origen en una mala gesti¨®n y opacidad a la hora de informar de los datos. En este segundo grupo se pueden incluir las quejas recibidas en el sistema de dependencia a causa de la falta de exposici¨®n de las listas de espera para percibir las prestaciones y servicios. Tambi¨¦n se trata de casos donde no se inform¨® de los cambios de tasas del copago. O de la aplicaci¨®n de oficio del Grado I sin saber si se ha hecho el tr¨¢mite de audiencia a las personas usuarias.

Es causa com¨²n la falta de previsi¨®n presupuestaria para los servicios sociales por parte de las Administraciones p¨²blicas. Un claro ejemplo de ello lo constituyen los presupuestos para dependencia del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y otro son las cuantiosas reclamaciones a las comunidades aut¨®nomas por falta de pago y de abono por los retrasos sufridos a la hora de percibir las cuant¨ªas econ¨®micas y servicios. En el caso de Madrid se solventa la situaci¨®n de falta de centros y servicios sustituy¨¦ndolos por una prestaci¨®n vinculada al servicio, es decir, concediendo un cheque-servicio a falta de centros para las personas usuarias de la dependencia.

La discriminaci¨®n a personas con discapacidad desde la propia? Administraci¨®n p¨²blica son inadmisibles

Por otro lado, resulta incre¨ªble el retraso de aplicaci¨®n de la ley debido a las diferentes interpretaciones por parte de cada comunidad aut¨®noma. As¨ª ha ocurrido con el Grado I de dependientes moderados del sistema de dependencia. Deber¨ªa haberse hecho efectiva su incorporaci¨®n generalizada el 1 de julio de 2015 y no ha sido as¨ª, ya que se han incorporado los que estaban recibiendo alg¨²n tipo de atenci¨®n de dependencia en servicios sociales municipales.

Pobreza infantil

Por otra parte, en el informe tambi¨¦n se pone de manifiesto la incapacidad del propio Defensor del Pueblo para poder medir la envergadura del problema de la garant¨ªa alimentaria a la infancia, debido a la falta de transparencia de las Comunidades Aut¨®nomas para aportar los datos. Asimismo, se mencionan recursos de la Administraci¨®n General del Estado para paliar esta situaci¨®n que son anecd¨®ticos por su escasa dotaci¨®n presupuestaria. Es el caso del Plan Concertado de Prestaciones B¨¢sicas de servicios sociales que ha sido recortado en casi un 70% en los ¨²ltimos a?os.

Tambi¨¦n menciona la gesti¨®n del Fondo de Ayuda Europea para las personas m¨¢s desfavorecidas (FEAD) como otra de las acciones puestas en marcha. Desde el trabajo social hemos venido denunciando la falta de profesionalizaci¨®n a la hora de realizar la valoraci¨®n de las familias y el tinte ben¨¦fico-asistencial de esas acciones que dejan de lado al Sistema P¨²blico de Servicios Sociales y con ello el reconocimiento de derechos sociales y trato con dignidad.

Rentas M¨ªnimas de Inserci¨®n

Una vez m¨¢s, los retrasos en la concesi¨®n de una prestaci¨®n aparecen como un fantasma en el caso de las Rentas M¨ªnimas de Inserci¨®n, llegando en algunos casos a ser 18 los meses de espera para poder percibirlas. Se explica como un logro su reducci¨®n a cuatro meses, pero hay que tener en cuenta que las familias que solicitan esta renta no tienen ning¨²n ingreso por lo que se tratar¨ªa de un tr¨¢mite de inmediata necesidad.

Mientras todo esto ocurre, nadie explica c¨®mo se va aplicar la Reforma Local en los Servicios Sociales Municipales, mientras las recomendaciones del Defensor del Pueblo en muchas ocasiones es de reforzar el personal de los servicios sociales, ya que recae sobre ellos una fuerte carga de trabajo y una manifiesta falta de personal para realizar adecuadamente los tr¨¢mites de solicitud, la gesti¨®n de los recursos y la tareas de acompa?amiento y elaboraci¨®n y seguimiento de los planes de intervenci¨®n con las personas usuaria. Esta situaci¨®n es reconocida en el informe como uno de los problemas m¨¢s recurrentes a justificar por parte de las administraciones p¨²blicas.

Es incre¨ªble el retraso de aplicaci¨®n de la ley debido a las diferentes interpretaciones por parte de cada comunidad aut¨®noma

La memoria presentada por el Defensor del Pueblo coincide con los datos que arroja el segundo informe de servicios sociales del Consejo General del Trabajo Social (II ISSE) en cuanto a la mala gesti¨®n del Gobierno de la crisis en los ¨²ltimos a?os: en una situaci¨®n de aumento de las necesidades sociales, riesgo de pobreza y exclusi¨®n social se han aplicado medidas de austeridad que han empeorado la situaci¨®n. Algunas de estas medidas son los recortes sociales y modificaci¨®n de normativas que a su vez han motivado que se pongan a la cabeza las quejas ante el Defensor del Pueblo relacionadas con situaciones de necesidad y lucha contra la pobreza, dejando en un segundo plano las relacionadas con la atenci¨®n a la dependencia o la protecci¨®n a las familias. As¨ª lo muestran los datos de la memoria presentada, donde se explica que el 52% de las quejas en el ¨¢mbito de la pol¨ªtica social de los ¨²ltimos a?os est¨¢n relacionadas con situaciones de necesidad y lucha contra la pobreza. El 15% se refiere a personas en situaci¨®n de dependencia o a la protecci¨®n de las familias, un 10% a las personas con discapacidad y un 6,6% a protecci¨®n de personas mayores.

Las administraciones incumplen la ley

Se puede decir que en Espa?a existe cuantiosa legislaci¨®n sobre pol¨ªticas sociales, pero que es la propia Administraci¨®n p¨²blica la que la incumple en contadas ocasiones. De las 136 resoluciones realizadas de supervisi¨®n a la tarea de las Administraciones p¨²blicas que se han llevado a cabo en 2015 por la Defensor¨ªa del Pueblo, casi el 30 % de ellas se refieren a recordatorios de cumplir deberes legales, siendo las Comunidades Aut¨®nomas de Madrid, Andaluc¨ªa, Catalu?a, la Comunidad Valenciana y Castilla-La Mancha las que han presentado mayor n¨²mero de tramitaciones. As¨ª el informe admite que en 2015 se han dictaminado 77 recomendaciones, 19 sugerencias y 40 recordatorios de deberes legales.

Cuestiones como la falta de accesibilidad y la discriminaci¨®n a personas con discapacidad desde la propia administraci¨®n p¨²blica son claramente inadmisibles a estas alturas, por no mencionar que uno de los efectos m¨¢s graves de los incumplimientos legales de los que existen quejas es que muchas personas en situaci¨®n de dependencia que hab¨ªan sido valoradas han fallecido esperando sin recibir las prestaciones que les correspond¨ªan, aunque ya se hubiera formulado la propuesta de Plan Individualizado de intervenci¨®n (PIA) y esta hubiera sido aceptada por la persona beneficiaria.

Por todo ello, hay que seguir luchando para que los Servicios Sociales P¨²blicos sean reconocidos como derecho fundamental. Este informe demuestra que el reconocimiento de derecho subjetivo en las pol¨ªticas sociales tiene un efecto positivo a la hora de exigir su cumplimiento, ya que el mayor n¨²mero de actuaciones resueltas tras la intervenci¨®n del Defensor del Pueblo se refieren a casos de dependencia.

Ana Isabel Lima es presidenta del Consejo General del Trabajo Social