Argentina: renace el debate sobre la gratuidad universitaria

Por, Nicol¨¢s Trotta, rector de la Universidad Metropolitana de la Educaci¨®n y el Trabajo (UMET)

Serie Desaf¨ªos Latinoamericanos, 9

En la Argentina, el debate sobre la gratuidad de la ense?anza superior no es nuevo y ha recobrado impulso en las ¨²ltimas semanas. Las controversias acerca de si las universidades deben o no cobrar colegiaturas o aranceles a los estudiantes, han sido siempre expresi¨®n de disputas pol¨ªticas y de posicionamientos ideol¨®gicos encontrados. Hoy, algunos enfoques contrarios a la gratuidad han vuelto a la escena educativa con argumentos que se sustentan en simplificaciones anal¨ªticas y en enfoques economicistas que parec¨ªan estar superados en el debate p¨²blico nacional.

La pol¨¦mica falaz que opone masividad, pluralidad e inclusi¨®n a calidad acad¨¦mica, as¨ª como la que contrapone redistribuci¨®n y democratizaci¨®n de la educaci¨®n superior a selecci¨®n en el acceso, rigurosidad en la permanencia y eficiencia egreso parec¨ªan haber quedado sepultadas por el peso de una multiplicidad de experiencias, acciones institucionales y pol¨ªticas p¨²blicas desarrolladas en el pa¨ªs durante los ¨²ltimos a?os. En efecto, desde el retorno a la democracia a mediados de los 80 y, particularmente, durante la ¨²ltima d¨¦cada, un conjunto de universidades p¨²blicas y otras de gesti¨®n social, como la Universidad Metropolitana para la Educaci¨®n y el Trabajo (UMET), han puesto de relevancia la posibilidad de ampliar las oportunidades de acceso y permanencia a estudiantes de sectores populares, gran parte de ellos pertenecientes a familias que nunca hab¨ªan tenido la oportunidad de acceso a la educaci¨®n superior, garantizando una oferta educativa de alta calidad acad¨¦mica y pertinencia social.

En varios momentos de este tradicional debate pol¨ªtico y educativo acerca de qui¨¦n debe pagar y qui¨¦n deber ser el principal responsable y proveedor de la formaci¨®n universitaria, se han intentado reducir los complejos y diversos problemas pol¨ªticos, sociales, demogr¨¢ficos, ¨¦ticos, culturales, pedag¨®gicos, acad¨¦micos, organizativos y administrativos que atraviesan la vida de las universidades ¨C de todas las universidades, inclusive de aquellas que cobran aranceles ¨C a exclusivas cuestiones de management, gerencia y responsabilidad en la ejecuci¨®n del gasto que garantiza la provisi¨®n de los ¡°servicios¡± universitarios.

Si se quisiera reflexionar y debatir tan solo sobre su financiamiento, cabe afirmar que la educaci¨®n superior se paga indirectamente a trav¨¦s de impuestos recaudados por el Estado a partir de la responsabilidad que detenta como garante de derechos y que ejerce redistribuyendo oportunidades, recursos y bienes comunes. M¨¢s all¨¢ de que se pretenda esconderlo, lo que niega este protagonismo del Estado en la trayectoria de vida de las mayor¨ªas, a partir de pol¨ªticas que se financian con recursos y fondos p¨²blicos, es una posici¨®n ideol¨®gica, economicista y privatizadora que entiende que la educaci¨®n superior es un bien transable al que se accede de manera individual, que debe ser provisto por un mercado que, como el resto de las esferas de la vida econ¨®mica y social, redistribuir¨¢ beneficios en virtud de los m¨¦ritos y de las condiciones de quienes aspiren a acceder a ¨¦l.

En la Argentina, la actual Ley de Educaci¨®n Nacional se contrapone enf¨¢ticamente a esta posici¨®n, afirmando los principios de un Estado activo y presente en la garant¨ªa de los derechos fundamentales y, al mismo tiempo, rechazando toda forma de mercantilizaci¨®n del conocimiento, la educaci¨®n y la cultura.

El inicio de un nuevo gobierno nacional ha vuelto a poner en evidencia que ciertos sectores sociales acomodados y sus representantes pol¨ªticos conservadores, no parecen dispuestos a aceptar de buen grado que el Estado argentino invierta (ellos dicen, que ¡°gaste¡±) importantes recursos p¨²blicos en educaci¨®n y cultura ni, mucho menos, en inclusi¨®n educativa y cultural. Rechazan por considerarlo ineficiente, dispendioso e improductivo el esfuerzo realizado en los ¨²ltimos a?os por aumentar la inversi¨®n p¨²blica social. Del mismo modo, estos sectores alertan sobre lo que consideran ser el principal rol de un Estado que llaman ¡°moderno¡± y ¡°responsable¡±: evaluar y estimular la competencia, despolitizando su funci¨®n social y reduciendo su intervenci¨®n en la democratizaci¨®n de oportunidades a los sectores m¨¢s postergados. Al confundir que el problema de los recursos para financiar las pol¨ªticas p¨²blicas no s¨®lo es que sean ¡°escasos¡±, sino que sean ¡°finitos¡±, ocultan y solapan el problema de fondo: las razones que explican su particular distribuci¨®n y qui¨¦nes, en definitiva, se benefician de ellos.

La disputa sobre cu¨¢l es el mejor modelo de educaci¨®n superior que necesita el pa¨ªs, vuelve a ganar relevancia ante la ofensiva de perspectivas neoliberales y conservadoras que parecen regresar el debate a los a?os 90.

Durante los ¨²ltimos a?os, hemos observado que s¨®lo la gratuidad de los estudios universitarios no es suficiente, ni permite mejorar por s¨ª misma los ¨ªndices de permanencia y egreso. Sin embargo, tambi¨¦n hemos observado que la gratuidad es una condici¨®n absolutamente necesaria para que el derecho a una educaci¨®n superior de calidad pueda garantizarse universalmente y no s¨®lo a peque?os y privilegiados sectores de la sociedad. En este sentido, la gratuidad no es el techo que debemos alcanzar sino el piso sobre el que debemos construir condiciones que habiliten trayectorias acad¨¦micas de calidad, significativas y relevantes. Lo que deber¨ªamos discutir es qu¨¦ universidad deseamos, c¨®mo logramos la producci¨®n sistem¨¢tica de saberes que atiendan las particularidades del nivel superior y nos permitan crear y discutir modelos y posiciones pedag¨®gicas que acompa?en el desarrollo de esas trayectorias.

La Argentina ha avanzado mucho en el dise?o de pol¨ªticas de inclusi¨®n y de afirmaci¨®n de derechos hist¨®ricamente negados a grandes sectores de la poblaci¨®n. Esos avances nos obligan hoy a buscar los modos de resolver el problema de la calidad de la ense?anza y del derecho al aprendizaje sin restringirlos a la ecuaci¨®n: ¡°menos estudiantes = mayor calidad¡±. Del mismo modo, constituir¨¢ un retroceso de consecuencias negativas bastante previsibles, que reduzcamos el ¨¦xito del sistema universitario argentino a la trayectoria destellante de un peque?o y selecto grupo de egresados (cuyas conquistas laborales se explican mucho m¨¢s por su capital social que por su desempe?o educativo). Tambi¨¦n, que s¨®lo evaluemos y analicemos el desempe?o de nuestras universidades por el lugar que ellas ocupan en alg¨²n ranking internacional que desconsidera la especificidad y relevancia pedag¨®gica o social de nuestras instituciones de educaci¨®n superior.

Hemos avanzado mucho y es imprescindible no retroceder, ya que si lo hacemos se perjudicar¨¢n, una vez m¨¢s, los m¨¢s pobres, los excluidos, los hijos y las hijas de los trabajadores, los sectores populares. Esos que han aprendido que una buena universidad, una universidad de excelencia, una universidad de calidad, es aquella que logra equiparar las desigualdades de origen, logrando ense?ar, producir, construir y transmitir aprendizajes y conocimientos significativos para actuar y transformar la realidad en que vivimos.

Nicol¨¢s Trotta es abogado, docente universitario y rector de la Universidad Metropolitana de la Educaci¨®n y el Trabajo, con sede en la Ciudad de Buenos Aires. La UMET es la primera universidad latinoamericana de gesti¨®n social creada por una organizaci¨®n de trabajadores, el Sindicato ?nico de Trabajadores de Edificios de Renta Horizontal (SUTERH). De su direcci¨®n participan numerosos sindicatos, organizaciones sociales y empresas. 95% de sus alumnos poseen becas y apoyos para el cursado de sus carreras y m¨¢s de 70% de ellos son la primera generaci¨®n de estudiantes de sus familias. Twitter: @trottanico