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El Derecho a la Ciudad. O, dicho de otro modo, intentar garantizar que las personas puedan disfrutar de todos sus derechos ¡ªcomo la libertad de expresi¨®n y asociaci¨®n, pero tambi¨¦n la garant¨ªa de acceder a una vivienda y empleo dignos¡ª en cada municipio. Este fue el hilo conductor de la cumbre que reuni¨® a organizaciones no gubernamentales, movimientos sociales y Ayuntamientos en Barcelona, el pasado 2 de abril. Los participantes, agrupados bajo el paraguas de la Plataforma Global por el Derecho a la Ciudad ¡ªuna red de redes que quiere profundizar el acceso de la ciudadan¨ªa a los derechos sociales¡ª, buscan sumar esfuerzos para marcar la agenda de la Conferencia de Naciones Unidas para la Vivienda y el Desarrollo Urbano Sostenible. La idea es conseguir que el Derecho a la Ciudad sea una parte fundamental del mensaje que salga del encuentro, previsto para octubre en Quito (Ecuador).

El Observatorio DESC, una alianza de organizaciones dedicada a la defensa de los derechos econ¨®micos, sociales, culturales y ambientales, fue la entidad encargada de organizar el evento. Su directora, Irene Escorihuela, cree que la Plataforma, creada en noviembre de 2014, puede ayudar al ¡°aprendizaje mutuo¡± entre los actores que la componen, ¡°movimientos sociales, organizaciones [no gubernamentales], expertos, acad¨¦micos y Gobiernos locales¡±. Es decir, al intercambio de ideas, y a que todo el mundo pueda saber ¡°qui¨¦n trabaja qu¨¦ a nivel internacional¡±. Un instrumento, por tanto, que puede reforzar cada una de las partes que la componen. "Estar ah¨ª [juntas] nos ayuda a precisar qu¨¦ queremos, c¨®mo lo sabemos hacer, qu¨¦ m¨¢s puede hacer la gente, y generar recomendaciones sobre pol¨ªticas [con una perspectiva integral]", abunda Lorena Z¨¢rate, presidenta de la Coalici¨®n Internacional por el Habitat, una alianza de organizaciones en favor del Derecho a la Ciudad.

El Derecho a la Ciudad busca que los Ayuntamientos tengan en cuenta los efectos de sus pol¨ªticas

Otra cosa es que esta red de redes, que ha celebrado en Barcelona su primer encuentro para toda Europa, deba coordinar las acciones de las entidades que la componen hasta Quito. Al tratarse de una alianza mundial, los actores que la componen son diversos. Y sus intereses, tambi¨¦n. Algunos movimientos, por ejemplo, no desean trabajar con Gobiernos locales, debido que son ¡°autoridades con responsabilidades¡±, explica Escorihuela. Sin embargo, la directora del Observatorio DESC no descarta que puedan surgir propuestas a nivel continental, donde los objetivos que buscan las organizaciones pueden ser m¨¢s similares. Del mismo modo que surge la duda acerca de si hay que cooperar con las Administraciones, algunas organizaciones prefieren implicarse en la negociaci¨®n de Quito, mientras otras buscan organizar movilizaciones alternativas.

La relaci¨®n con las Administraciones suscita, precisamente, otro debate. Algunos Ejecutivos pueden ser m¨¢s cercanos que otros a las demandas de las asociaciones, y un cambio en qui¨¦n ostenta la alcald¨ªa puede poner trabas a futuros avances. Para hacer frente a esta situaci¨®n, algunos de los activistas proponen mantener la distancia, apoyando o presionando a los Gobiernos en funci¨®n de las decisiones que tomen.

All¨ª donde los movimientos sociales han conseguido difundir la idea del Derecho a la Ciudad, los Ayuntamientos intentan coordinar la labor de sus Departamentos

La clave est¨¢, tal vez, en aceptar estos cambios y buscar puntos en com¨²n. ¡°No estamos obligados a decir lo mismo. Decimos siempre que nuestra fuerza es la fuerza de tomar iniciativas. En M¨¦xico hemos trabajado en juventud y fiscalidad social. En Corea del Sur van avanzando hacia el Derecho a la Ciudad¡±, explica Magal¨ª Fricaudet, de la Red Mundial de Ciudades y Gobiernos Locales y Regionales (CGLU), entidad que agrupa a 1.000 Gobiernos municipales y 140 asociaciones de Gobiernos locales. ¡°Cuando unas ciudades se hacen hermanas, lo siguen siendo pese a los cambios pol¨ªticos. Cuando se construy¨® la red lo hicimos con los socialistas. Cuando pas¨® con la derecha, seguimos trabajando. Y un d¨ªa cambiaremos tambi¨¦n nosotros. Sabemos que tenemos m¨¢s valores comunes, hacemos cosas conjuntas¡±, a?ade Antonio Aniesa, representante de la mancomunitat de Plaine Commune de Par¨ªs (Fran?a) i miembro de CGLU.

Las organizaciones que han participado en el encuentro buscan situar el Derecho a la Ciudad en el centro de la agenda de Habitat III. Y conseguir, con ello, que los municipios del sur y el norte global tengan en cuenta las necesidades de la poblaci¨®n cuando tengan que planificar su pol¨ªtica de espacios p¨²blicos, de vivienda o de infraestructuras. Per¨°, ?qu¨¦ repercusiones ha tenido este concepto?

Eva Garc¨ªa, investigadora del Centro de Estudios Sociales de la Universidad de Coimbra (Portugal), explica que sus efectos se han dejado notar, sobre todo, en Am¨¦rica Latina, m¨¢s all¨¢ de algunos documentos como la Carta Urbana Europa de 2008, del Consejo de Europa; y la Carta-Agenda Mundial de Derechos Humanos en la Ciudad, de 2011. ?Por qu¨¦ es as¨ª? Parte de la explicaci¨®n podr¨ªa estar en el factor tiempo: Los movimientos sociales latinoamericanos empezaron a usar el concepto desde los a?os 80. ¡°Hay una experiencia de d¨¦cadas de trabajo. El valor a?adido del Derecho de la Ciudad a generar alianzas ya est¨¢ superado [all¨ª]¡±, a?ade Garc¨ªa. All¨ª donde se ha usado m¨¢s, permite a las organizaciones compartir un lenguaje com¨²n, con independencia de si trabajan en una gran urbe o una poblaci¨®n peque?a. Y sentirse legitimadas. ¡°Refuerza el sentimiento de que pueden encontrar aliados¡±, apunta la investigadora.

La Plataforma Global por el Derecho a la Ciudad ayuda al intercambio de experiencias entre organizaciones?

Para aquellos Gobiernos locales que han integrado el Derecho a la Ciudad en su pr¨¢ctica diaria ¡ªprincipalmente Administraciones latinoamericanas¡ª, aplicarlo "implica un cambio radical en la forma en que est¨¢ estructurado un Gobierno¡±, apunta Z¨¢rate. Conlleva remplazar una estructura basada en una divisi¨®n por departamentos e ¡°incoherencias de no coordinaci¨®n¡± por otra en la que se vincula lo que hace en un ¨¢rea con las otras.

Cada experiencia es un mundo. Escorihuela explica que los Ayuntamientos de Ecuador han dise?ado mecanismos de participaci¨®n para permitir la revocaci¨®n de cargos electos o la participaci¨®n en los plenos. Se trata, sin embargo, de canales ¡°de escucha¡±, donde las decisiones no suelen ser vinculantes. Hay tambi¨¦n ¡°el peligro de criminalizar aquellos que participan fuera de los canales formales, haciendo huelgas, por ejemplo¡±, avisa la directora del Observatori DESC. Z¨¢rate, por su parte, repasa distintos ejemplos, como ¡°el ministerior de las ciudades en Brasil¡±, que aglutina funciones de ¡°planeamiento urbano, dotaci¨®n de infraestructura y vivienda¡±; o ¡°los planes de mejora de los barrios¡± del Distrito Federal de M¨¦xico ¡ªque ayudan a la puesta en marcha de servicios p¨²blicos como centros comunitarios o parques¡ª. "Entre los que quieren cambiar es muy dif¨ªcil [por la inercia]. Pero hay ejemplos, que en general recogen experiencias y propuestas de movimientos sociales y redes de la sociedad civil¡±, concluye la activista mexicana.