Un escudo protector del ciudadano

Comisiones delictivas en adjudicaciones de obras p¨²blicas, fraudes reiterados en cursos de formaci¨®n para desempleados; ominosas prejubilaciones con cargo a fondos p¨²blicos; p¨¦sima gesti¨®n en cajas de ahorro. Ilegalidades y trapacer¨ªas sin l¨ªmite, que han supuesto un da?o incalculable para millones de contribuyentes y cuyo correlato de beneficio ha ido frecuentemente a parar a los bolsillos de unas cuantas docenas de sinverg¨¹enzas.

Junto a ello, el despilfarro y las inversiones disparatadas: estaciones de AVE sin pasajeros, aeropuertos sin aviones, radiales sin tr¨¢fico, hospitales al ralent¨ª, etc. El "delirio¡±, p¨²blico y privado, en feliz enunciado de Mu?oz Molina.

Todo ello no hubiera sido posible, o al menos hubiera sido m¨¢s dif¨ªcil, si los ciudadanos que pagan sus impuestos hubieran contado con un escudo protector, capaz de detectar y contener la corrupci¨®n sist¨¦mica y el desmadre de la deuda, esto es, si existiera una adecuada investigaci¨®n y rendici¨®n de cuentas, ha faltado ¡°accountability¡±.

Porque 'sin informaci¨®n, no hay impuestos' o no deber¨ªa haberlos. De lo que se trata es de algo tan sencillo como garantizar a los ciudadanos -que pagan sus impuestos- que existen mecanismos para conocer a d¨®nde van a parar los impuestos. La representaci¨®n y el sufragio son a todas luces insuficientes y deben ir acompa?ados de informaci¨®n, como paso previo para la rendici¨®n de cuentas, ¡°accountability¡±. Si los contribuyentes pueden estar tranquilos sobre el adecuado destino de los impuestos, se desvanece la impugnaci¨®n de la legitimidad de ¨¦stos y, con ella, la de las potestades de la Administraci¨®n, que se alimenta de ellos.

En 1921, tras la Primera Guerra Mundial, cuando los gastos b¨¦licos hab¨ªan desbocado la deuda nacional, el Congreso americano entendi¨® que necesitaba m¨¢s informaci¨®n y mejor control sobre el gasto. Para conseguirlo se transfirieron funciones de intervenci¨®n, auditor¨ªa y reclamaciones del Departamento del Tesoro a una nueva oficina. As¨ª naci¨® GAO (Government Accountability Office), una agencia independiente del gobierno americano, con cuartel general en Washington, once oficinas en las principales ciudades del pa¨ªs y tres mil empleados, distribuidos en catorce equipos de trabajo.

Su misi¨®n: facilitar al Congreso servicios de auditor¨ªa, evaluaci¨®n e investigaci¨®n sobre c¨®mo gasta el dinero el gobierno federal, mediante una informaci¨®n objetiva, no partidaria, ni ideol¨®gica, transparente y equilibrada. Con un objetivo: mejorar el rendimiento y su responsabilidad en beneficio del pueblo americano.

Su actual jefe, Gene Dodaro, 65 a?os, es a la vez Interventor General de los Estados Unidos y tiene un mandato de 15 a?os lo que le asegura la continuidad hasta 2025.

Cuidadosa de los valores de responsabilidad, integridad y credibilidad, es la suprema instituci¨®n auditora del gobierno americano, conocida como "El perro guardi¨¢n del Congreso¡± o "El mejor amigo de los contribuyentes", debido a que sus auditor¨ªas e investigaciones han servido para descubrir muchos casos de derroche e ineficacia del ejecutivo. Los ejemplos son numerosos: desde la reducci¨®n y eliminaci¨®n de superposiciones y duplicaciones en el gobierno federal, a los "grandes riesgos" que abarcan desde la reducci¨®n de pagos indebidos por la seguridad social hasta la mejora de las pr¨¢cticas econ¨®micas del Pent¨¢gono.

La agencia vigila si los fondos federales se gastan de forma eficiente y eficaz, investiga las acusaciones de actividades ilegales o impropias, informa en qu¨¦ medida programas y pol¨ªticas gubernamentales alcanzan sus objetivos, analiza y plantea opciones para los tr¨¢mites parlamentarios y facilita decisiones jur¨ªdicas, como sucede, por ejemplo, cuando se trata de impugnar adjudicaciones.

Sus informes -por cierto, excelentes- est¨¢n a disposici¨®n de la prensa y el p¨²blico y sirven, adem¨¢s, para sugerir al Congreso la manera en que el gobierno puede ser m¨¢s eficiente y eficaz, m¨¢s ¨¦tico, equitativo y responsable. Y todo ello, con el prop¨®sito, muchas veces logrado, de ahorrar a los contribuyentes miles de millones de d¨®lares.

La independencia de la agencia est¨¢ a salvo gracias a que sus economistas, contables, analistas, abogados, inform¨¢ticos y expertos -en campos que van de los asuntos exteriores a la salud- han sido seleccionados exclusivamente por sus conocimientos, competencia y capacidad.

Entre nosotros, el problema es tanto la ausencia de controles como el exceso de controles puramente formales, que consisten en la aplicaci¨®n de algunos protocolos y se basan en la simple verificaci¨®n de documentos. Su labor se limita a comprobar que se han cumplido los requisitos formales del procedimiento, sin entrar en el fondo del asunto.

Contamos con una amplia panoplia de supervisores, dispositivos, organismos, funcionarios y normas cuya funci¨®n parece ser garantizar la ¡°accountabillity¡±, pero el sistema no funciona, de modo que de lo que se tratar¨ªa es de llevar a cabo un cambio de mentalidad y de sistema para poder ir al fondo de las cosas. Ah¨ª es donde radica el verdadero problema.

Es sorprendente c¨®mo se ha progresado en la regulaci¨®n civil en el ¨¢mbito del comercio y los negocios y seguimos atrasados en el de la pol¨ªtica. A base de discursos enf¨¢ticos se elude responder a preguntas y problemas s¨®lo porque el juego de las preguntas y respuestas est¨¢ dominado por los partidos.

?Cabe imaginar a un presidente del Ibex censurando preguntas en una presentaci¨®n de resultados o al presidente de un banco endi?ando a sus accionistas un discurso ampuloso sobre los grandes principios de la entidad? Si en el ¨¢mbito privado hay controles de eficacia y auditor¨ªas de gesti¨®n, adem¨¢s de los controles y auditorias de los estados financieros, ?por qu¨¦ non se trasladan estos conceptos al ¨¢mbito p¨²blico con la necesaria adaptaci¨®n?

?Por qu¨¦ en la web de Banco de Espa?a, a diferencia de lo que ocurre con la de la Reserva Federal y la OCC (Office of the Comptroller of the Currency), no se hacen p¨²blicos los resultados de inspecciones de cierta trascendencia?

Nuestra deuda alcanza el cien por cien del producto interior bruto y Bruselas ya ha advertido que el gobierno que salga de las urnas tendr¨¢ que recortar diez mil millones de euros. Las reformas no han hecho m¨¢s que empezar y ya emiten muestras de fatiga, pero el despilfarro y los gastos, bravos, contin¨²an impasibles su camino.

Pagos indebidos o no justificados, gastos duplicados, adjudicaciones injustas... constituyen la muestra elocuente de una cultura del aprovechamiento individual o del clan que se ha ense?oreado de las pr¨¢cticas del pa¨ªs en todos los ¨¢mbitos.

Una agencia estatal para desarrollar esta funci¨®n s¨®lo ser¨ªa ¨²til si es un organismo independiente y profesional. Crearla ser¨ªa una prueba inequ¨ªvoca de que hay un inter¨¦s real en la modernizaci¨®n, pero como a nadie se le oculta que crear una agencia de ese tipo comporta el riesgo de superponer una gran estructura burocr¨¢tica, ser¨¢ dif¨ªcil que un gobierno se quiera casar con el proyecto. Tal vez habr¨ªa que comenzar por aplicar el control s¨®lo a grandes proyectos.

Lectores esc¨¦pticos, no frunzan el ce?o, porque no estamos ante un ejercicio de ingenuidad. M¨¢s pronto que tarde habr¨¢ que poner en marcha una soluci¨®n similar para dome?ar la cabalgada de la deuda y poner fin a la impunidad 'que produce monstruos', porque ambas suponen un riesgo para el sistema.

El 26 de junio cabr¨ªa plantearse confiar el voto a la formaci¨®n que se comprometa a impulsar la inmediata aprobaci¨®n de una ley que cree un ¨®rgano -independiente del Ejecutivo y vinculado al Congreso- para auditar, evaluar e investigar c¨®mo se gasta el dinero de los contribuyentes.

Un pa¨ªs con una deuda p¨²blica excesiva y sin una fiscalizaci¨®n del gasto estricta, aut¨®noma y capaz, no puede aspirar a ser un pa¨ªs con control sobre sus propios recursos y, en consecuencia, soberano.

As¨ª que, remedando a Luis Rosales -¡°me he ca¨ªdo tantas veces que el aire es mi maestro¡±- ¡°accountability¡±.

Luis S¨¢nchez-Merlo fue secretario general del presidente del Gobierno (1981-1982)