Estado de excepci¨®n del gasto

El Gobierno en funciones ha elegido el camino m¨¢s pintoresco para conjurar el desbordamiento del d¨¦ficit. Anunci¨®, como respuesta a las amenazas de sanci¨®n de Bruselas por d¨¦ficit excesivo, que adelantar¨ªa los pagos a cuenta de las empresas por el impuesto sobre sociedades, un parche que no resuelve el problema de fondo (la debilidad de los ingresos p¨²blicos y la urgencia de negociar un nuevo calendario para cumplir el objetivo de d¨¦ficit); tras esta decisi¨®n, el equipo econ¨®mico ha cortado por lo sano tambi¨¦n en el ¨¢mbito de los gastos y ha cerrado a 20 de julio el ejercicio presupuestario a todos los efectos que no sean salarios de funcionarios y suministro de material. Un golpe de mano para aparentar que controla la desviaci¨®n del d¨¦ficit.

Econom¨ªa y Hacienda decretan por este m¨¦todo expeditivo un aut¨¦ntico estado de excepci¨®n administrativa que, si bien no resuelve nada, transmite la sensaci¨®n ilusoria de que el Gobierno toma alguna decisi¨®n. En condiciones normales, el ejercicio se cierra entre octubre y noviembre; a partir de ese momento, se cancelan las licitaciones y otros compromisos de gasto. Pero, agobiados por la presi¨®n de la Comisi¨®n Europea, Guindos y Montoro han decidido adelantar el cierre a julio para ahorrarse una cantidad indeterminada (quiz¨¢ se rasquen 2.000 millones) para chapucear el ajuste final de las cuentas p¨²blicas. De esta forma, estrangulan las decisiones de inversi¨®n del sector p¨²blico y embalsan los compromisos de gasto.

Para ahorrar gastos hay que trabajar en el examen de las partidas presupuestarias. No basta con talar el presupuesto por donde caiga, por dos sencillas razones: los problemas de exceso de gasto se recrudecen pasado el primer choque y los costes de una ablaci¨®n presupuestaria son muy superiores a las ventajas, un mero trampantojo. Las cuentas p¨²blicas necesitan una reforma presupuestaria y administrativa, no un simulacro de ajuste.