?Qu¨¦ cabe esperar despu¨¦s del juicio pol¨ªtico a Rousseff?
El descontento en Brasil no solo era contra la p¨¦sima gesti¨®n de la presidenta, sino contra todas las instituciones
Tras el proceso de ratificaci¨®n por parte del Senado brasile?o, el juicio pol¨ªtico contra la presidenta Dilma Rousseff ha llegado a su tr¨¢mite final, concluyendo con la interrupci¨®n definitiva de su mandato. Aparentemente, despu¨¦s de que el presidente interino Michel Temer asuma con plenos poderes la Presidencia de la Rep¨²blica, la situaci¨®n pol¨ªtica en Brasil saldr¨¢ de la par¨¢lisis decisoria en la que se encontraba sumida desde la toma de posesi¨®n de Rousseff en enero de 2015. Esto no significa, sin embargo, que la soluci¨®n dada por las instituciones brasile?as pueda considerarse satisfactoria y que no existan consecuencias del deterioro del r¨¦gimen democr¨¢tico a corto y medio plazo. Tampoco significa que los problemas m¨¢s acuciantes para la econom¨ªa del pa¨ªs, y que ten¨ªan como factor agravante y fuente de retroalimentaci¨®n la falta de gobernabilidad, vayan a tener a partir de ahora una f¨¢cil soluci¨®n.
El final anticipado del mandato de Rousseff no es la muerte de la democracia brasile?a tal y como ella misma ha denunciado en su discurso de defensa ante el Senado, pero s¨ª supone un grave deterioro de su funcionamiento. La estrategia de utilizar el impeachment para apartar a la presidenta aduciendo unas supuestas malas pr¨¢cticas en la conducci¨®n de la pol¨ªtica fiscal son m¨¢s un abuso del poder Legislativo ante un Ejecutivo debilitado por la falta de apoyos que un correcto ejercicio del principio de frenos y contrapesos. Conviene recordar que en el presidencialismo brasile?o la destituci¨®n del presidente mediante el recurso del juicio pol¨ªtico est¨¢ exclusivamente reservada a los casos de crimen de responsabilidad durante el ejercicio de su mandato, circunstancia que no ha quedado demostrada durante todo este proceso. A este respecto, si bien resulta dif¨ªcil definir esta aventura pol¨ªtica como un golpe de Estado, tal y como vehementemente denuncian los sectores contrarios al impeachment, el hecho de que primeramente se tomase la decisi¨®n de destituir a la presidenta y posteriormente se buscase cual es el crimen de responsabilidad que deber¨ªa serle imputado, es un uso arbitrario de los mecanismos constitucionales.
?Qu¨¦ soluci¨®n institucional podr¨ªa darse para solventar tal situaci¨®n de deterioro democr¨¢tico? Desde hace d¨¦cadas amplios sectores sociales y pol¨ªticos abogan por la necesidad de una amplia reforma pol¨ªtica que acabe con el comportamiento oportunista de un Parlamento fragmentado en m¨¢s de una veintena de partidos sin base program¨¢tica, que solo ofrecen su apoyo al gobierno de turno a cambio de cargos dentro de la maquinaria del Estado. Sin embargo, a fecha de hoy, estas demandas carecen de suficiente respaldo popular, una vez que las multitudinarias manifestaciones de junio de 2013 reivindicando mejoras del sistema pol¨ªtico y de los servicios p¨²blicos con el tiempo acabaron degenerando en un conjunto desestructurado de reivindicaciones.
La agenda reformista hoy est¨¢ centrada en la urgencia de equilibrar las cuentas p¨²blicas
Por tanto, lo m¨¢s plausible es pensar que en t¨¦rminos de reforma institucional ninguna medida excesivamente importante vaya a ser tomada en los pr¨®ximos a?os para mejorar el funcionamiento del r¨¦gimen democr¨¢tico. La agenda reformista hoy est¨¢ exclusivamente centrada en las cuestiones relacionadas con la urgencia de equilibrar las cuentas p¨²blicas mediante un ajuste fiscal. Entre ellas cabe destacar medidas como la reforma del sistema de pensiones, la soluci¨®n al problema del endeudamiento acumulado por parte de los estados de la Federaci¨®n, la privatizaci¨®n de servicios p¨²blicos o los problemas que arrastra la petrolera estatal Petrobr¨¢s.
La gran esperanza para los actores pol¨ªticos m¨¢s interesados en mantener el status quo es que la leve recuperaci¨®n econ¨®mica que comienza a atisbarse tenga como efecto una mejora en las expectativas econ¨®micas de la poblaci¨®n, disminuyendo tambi¨¦n la desafecci¨®n de la ciudadan¨ªa respecto de las instituciones. La reciente reapreciaci¨®n del real con respecto al d¨®lar, el super¨¢vit de la balanza comercial del ¨²ltimo semestre, el aumento de confianza tanto de empresarios como de consumidores, o la elevaci¨®n de la tasa de inversi¨®n parecen indicar que lo peor de la recesi¨®n ya ha pasado, aunque esto no significa que los principales problemas econ¨®micos est¨¦n cerca de resolverse, dado que tanto el d¨¦ficit fiscal como la ausencia de un modelo de crecimiento alternativo a la exportaci¨®n de materias primas ser¨¢n resueltos a corto plazo. Sin embargo, fiarlo todo a que una nueva coyuntura favorable resuelva los problemas de gobernabilidad es ignorar que el descontento que la ciudadan¨ªa brasile?a ha venido manifestando en los ¨²ltimos a?os no era simplemente contra la p¨¦sima gesti¨®n econ¨®mica del gobierno Rousseff, sino contra todas las instituciones del sistema pol¨ªtico y que ¨¦ste es, en gran medida, independiente del ciclo econ¨®mico.
Juan Vicente Bachiller, doctor en Ciencia Pol¨ªtica por la Universidad de Salamanca, es profesor de Pol¨ªticas P¨²blicas en la Universidade Federal Fluminense (Brasil).
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