Brasil y Colombia: dos modelos

El complejo escenario pol¨ªtico latinoamericano est¨¢ siendo testigo de dos situaciones que afectan a la democracia representativa en sentidos bien diferentes. Brasil y Colombia han puesto a prueba, y van a seguir haci¨¦ndolo en las pr¨®ximas semanas, tanto el grado de institucionalizaci¨®n de sus reg¨ªmenes pol¨ªticos como el componente popular de su accionar pol¨ªtico. Sendos procesos han tenido un desarrollo en los meses precedentes y su desenlace una consecuencia de decisiones no azarosas.

Brasil y Colombia han caminado por rutas distintas sin que ninguna fuente acad¨¦micamente solvente cuestionase que a lo largo del ¨²ltimo cuarto de siglo no fueran democracias. Sus diferencias son producto de su pasado y de esquemas institucionales dis¨ªmiles. Brasil es un Estado federal y el voto es obligatorio mientras que Colombia es un Estado centralizado y el voto es optativo. Respecto a sus sistemas de partidos, si bien ambos partieron de un forzado bipartidismo, Brasil deriv¨® en un sistema hiperfragmentado acerc¨¢ndose a una treintena de partidos en la C¨¢mara de Diputados que abusan del transfuguismo, a la vez que Colombia mantuvo un pluralismo moderado en torno a liderazgos presidenciales.

Durante un cuarto de siglo, y superada en Brasil la crisis de la destituci¨®n del primer presidente elegido por el voto directo tras el retorno de la democracia, ambos pa¨ªses han tenido estabilidad pol¨ªtica eligiendo cada cuatro a?os a sus gobernantes. Sin embargo, Colombia se mov¨ªa en la anomal¨ªa de estar envuelta en un conflicto armado que hund¨ªa sus ra¨ªces en una vieja confrontaci¨®n entre los dos partidos tradicionales iniciada a finales de la d¨¦cada de los cuarenta a la que se vino a unir el legado de la Guerra Fr¨ªa y de la Revoluci¨®n Cubana tres lustros m¨¢s tarde.

Sus diferencias son producto de su pasado y de esquemas institucionales dis¨ªmiles

En este lapso Brasil supo desarrollar una forma de actuaci¨®n pol¨ªtica en clave de presidencialismo de coalici¨®n seg¨²n la cual un presidente de un partido, que dada la fragmentaci¨®n existente estaba lejos de tener un grupo parlamentario mayoritario en sendas c¨¢maras legislativas, constru¨ªa primero una gran alianza social de apoyo para los comicios presidenciales y luego una coalici¨®n de geometr¨ªa variable para asegurar la gobernabilidad. El precio de ello era un Ejecutivo inflado con una cuarentena de carteras ministeriales y partidas presupuestarias repartidas graciosamente entre los socios de la coalici¨®n. La crisis econ¨®mica larvada en 2014 y la impericia de Rousseff para manejar la coalici¨®n llevaron a la utilizaci¨®n de un mecanismo extraordinario como es el juicio presidencial. Dise?ado para afrontar la comisi¨®n de supuestos delitos qued¨® convertido en una moci¨®n de censura en el m¨¢s estricto sentido parlamentario, pero sin que fuera necesario presentar a un candidato alternativo pues ¨¦ste era el vicepresidente de la Rep¨²blica, una figura de uno de los partidos m¨¢s relevantes de la coalici¨®n gubernamental hasta que dej¨® de formar parte de ella. Si pol¨ªticamente el comportamiento de diputados y senadores de partidos que abandonaron el apoyo a la presidenta puede estar justificado, la interrupci¨®n de un mandato sostenido en la soberan¨ªa popular para un periodo fijo supone una burla a un electorado cuya preferencia mayoritaria se ha visto escatimada.

En Colombia, el recurso del plebiscito adoptado para ratificar los acuerdos de La Habana firmados entre el Gobierno y las FARC es una decisi¨®n reivindicativa de la pol¨ªtica. Su llamada a la ciudadan¨ªa para pronunciarse corre el riesgo de comportar un elemento de banalizaci¨®n de la democracia representativa. En efecto, el sometimiento de un documento de 297 p¨¢ginas elaborado desde 2012 y sintetizado en una escueta pregunta a una poblaci¨®n cuyo promedio de participaci¨®n electoral en los ¨²ltimos tiempos apenas si supera el 40% se ha convertido en un acto de confrontaci¨®n presidencial. Alejada una buena parte de la poblaci¨®n urbana del pa¨ªs del centro del conflicto, que ha tenido un neto componente rural, el debate enfrenta la propuesta del presidente Santos con la oposici¨®n reactiva e iluminada de los expresidentes Pastrana y Uribe. La posibilidad de que el 2 de octubre se alcancen 4,5 millones de votos favorables que requiere la convocatoria no es sencilla. La utilizaci¨®n de un mecanismo que se supone institucionalizador de la nueva situaci¨®n promisoria puede traer lo contrario como consecuencia de la irresponsabilidad de quienes nunca asumieron dejar la silla presidencial: la desinstitucionalizaci¨®n del sistema pol¨ªtico v¨ªctima de un proceso que tanto tiempo y esfuerzo ha costado.

Manuel Alc¨¢ntara S¨¢ez es catedr¨¢tico de Ciencia Pol¨ªtica en la Universidad de Salamanca.