?Ciudades para todos?

Todas las personas necesitamos un lugar donde vivir; todos los seres humanos tenemos derecho a una vivienda adecuada. Sin embargo, seg¨²n las cifras oficiales, m¨¢s de 100 millones viven en las calles, m¨¢s de 1.000 millones sufren condiciones habitacionales precarias, decenas de millones se ven forzados a abandonar sus hogares cada a?o y otros tantos temen no llegar a pagar los alquileres e hipotecas cada mes, viviendo bajo constante amenaza e inseguridad.

?Por qu¨¦ hay gente sin casa y casas sin gente? ?Por qu¨¦ hay barrios de lujo y barrios de miseria? ?Por qu¨¦ se derrocha dinero en grandes infraestructuras para eventos deportivos o culturales a los que solo unos pocos pueden tener acceso? ?Ad¨®nde van a parar los recursos p¨²blicos y c¨®mo se toman esas decisiones? Sin duda, las respuestas a estas preguntas son m¨²ltiples y complejas porque dependen de contextos culturales, pol¨ªticos e institucionales diversos. Pero hay un elemento central que ayuda a orientar el an¨¢lisis y sirve de principio para guiar la acci¨®n: la funci¨®n social de la tierra, la propiedad y la ciudad.

Aunque muy probablemente resulte una novedad para muchos de los lectores de estas l¨ªneas, se trata de un postulado largamente debatido en corrientes religiosas, filos¨®ficas y jur¨ªdicas de todas las regiones del mundo desde hace al menos dos milenios. En la tradici¨®n occidental, Arist¨®teles, Santo Tom¨¢s, Augusto Comte y L¨¦on Duguit son algunos de los nombres que aparecer¨¢n primero en una b¨²squeda r¨¢pida por Internet. La Biblia y el Cor¨¢n, as¨ª como cosmovisiones y pr¨¢cticas ¡ªpasadas y presentes¡ª de pueblos ind¨ªgenas de los cuatro puntos cardinales, contienen criterios respecto a la utilizaci¨®n socialmente apropiada de la tierra y otros bienes comunes ¡ªpor ejemplo el agua y los bosques¡ª como condici¨®n para la justicia social, la paz y el bienestar.

No llama la atenci¨®n entonces que este principio haya quedado expl¨ªcitamente recogido en constituciones y leyes de diversos pa¨ªses del mundo, y que resulte un componente fundamental en las luchas y propuestas por la reforma agraria y la reforma urbana, muy presentes a lo largo del siglo XX. Pero, ?qu¨¦ implica concretamente y qu¨¦ obst¨¢culos ha encontrado para su efectiva implementaci¨®n?

Dicho en t¨¦rminos sencillos, la tierra es un bien com¨²n, un bien social al que todos tienen que poder acceder, y no solo un bien econ¨®mico ¡ªescaso, nos dir¨¢n¡ª que se compra y se vende seg¨²n las reglas del mercado y que por lo tanto resulta inaccesible para quienes no lo puedan pagar. Al mismo tiempo, la propiedad es una relaci¨®n social que implica responsabilidades para con el conjunto de la comunidad y est¨¢ sujeta a restricciones que buscan garantizar el bienestar colectivo.

Diversos pa¨ªses ¡ªcomo Estados Unidos, Canad¨¢, Australia, Argentina, Brasil, Colombia o Uruguay¡ª han avanzado en la definici¨®n e implementaci¨®n de regulaciones legales, fiscales y de planeamiento que intentan poner en pr¨¢ctica estos principios, cruciales en un contexto de especulaci¨®n, segregaci¨®n espacial y gentrificaci¨®n crecientes. Entre ellas vale la pena destacar:

• la obligaci¨®n de incluir al menos un 20% de vivienda social en los nuevos desarrollos inmobiliarios privados, y/o de destinar terreno a espacios p¨²blicos y equipamientos comunitarios;
• los impuestos progresivos para lotes, viviendas y edificios vacantes o subutilizados;
• la separaci¨®n del derecho de propiedad y el derecho de edificaci¨®n, con el fin de permitir orientar el desarrollo urbano en funci¨®n del inter¨¦s p¨²blico y colectivo;
• la creaci¨®n de cartera p¨²blica de tierras e inmuebles y la concesi¨®n de uso especial para vivienda de inter¨¦s social;
• la protecci¨®n y regulaci¨®n de la vivienda en alquiler;
• la expropiaci¨®n para la creaci¨®n de zonas especiales de inter¨¦s social y cultural -en particular para proteger a las familias y comunidades de menores ingresos y en situaci¨®n de desventaja econ¨®mica y social-;
• la captaci¨®n de plusval¨ªas urbanas: es decir, la aplicaci¨®n de tributos o normativas para recuperar una porci¨®n del sobreprecio de la propiedad privada generado por la inversi¨®n p¨²blica o los cambios de uso del suelo y destinarlo a fines sociales;
• la usucapi¨®n y regularizaci¨®n de los barrios populares autoconstruidos, tanto para otorgarles seguridad de tenencia y como para la provisi¨®n de servicios b¨¢sicos e infraestructura comunitaria de calidad;
• la regulaci¨®n y condiciones para la creaci¨®n de barrios cerrados de sectores medios altos y altos.

A modo de ejemplo se puede citar el Estatuto de la Ciudad, legislaci¨®n brasile?a aprobada en 2001, que incluye una explicaci¨®n detallada de algunos de estos y otros instrumentos de inducci¨®n, financiamiento y regularizaci¨®n del desarrollo urbano, como exigencia fundamental para la realizaci¨®n de la funci¨®n social de la tierra, la propiedad y la ciudad. Pero va incluso m¨¢s all¨¢, ya que contiene tambi¨¦n una serie de herramientas para la democratizaci¨®n de la gesti¨®n urbana. Entre ellas, propone ¨®rganos colegiados de definici¨®n, monitoreo y evaluaci¨®n de la pol¨ªtica urbana, as¨ª como debates, audiencias y consultas p¨²blicas sobre asuntos de inter¨¦s com¨²n en las ciudades, desde el nivel municipal hasta el nivel nacional. A su vez, establece como condici¨®n obligatoria la gesti¨®n participativa del presupuesto local y resalta la posibilidad de iniciativas populares para proyectos de ley, planes, programas y proyectos urbanos.

La tierra es un bien com¨²n, un bien social al que todos tienen que poder acceder, y no solo un bien econ¨®mico

Sin embargo, como evidenciaron las manifestaciones y debates en torno a la preparaci¨®n de la Copa Mundial de F¨²tbol (2014) y los Juegos Ol¨ªmpicos (2016), realizados recientemente en ese pa¨ªs, la aplicaci¨®n efectiva y constante de estas medidas presenta enormes desaf¨ªos. Por una parte, se ve claramente enfrentada tanto a la reacci¨®n y resistencia de los sectores terratenientes y especulativos inmobiliarios, as¨ª como a la falta de voluntad pol¨ªtica, la corrupci¨®n, el desconocimiento y/o la extrema cautela o contradicciones de los operadores p¨²blicos. Por otro, debe superar barreras culturales o falsas dicotom¨ªas que se construyen y se refuerzan a trav¨¦s de la propaganda de bancos y otras instituciones financieras, y los discursos imperantes en los medios masivos de comunicaci¨®n en torno a la importancia de ser ¡°propietarios¡± y a los derechos que eso supone.

Este debate cobra nueva vigencia y car¨¢cter internacional en el marco de la definici¨®n de la llamada Nueva Agenda Urbana. Esto es, el documento global que los estados miembros est¨¢n negociando desde hace varios meses, y que deber¨¢n aprobar durante la Tercera Conferencia sobre Vivienda y Desarrollo Urbano Sostenible de las Naciones Unidas, a realizarse en octubre pr¨®ximo en Quito, Ecuador.

Para los movimientos sociales, redes de la sociedad civil e incluso gobiernos locales que venimos trabajando desde hace mucho tiempo en la definici¨®n e implementaci¨®n del Derecho a la Ciudad, est¨¢ claro que estos son principios y compromisos b¨¢sicos que la Agenda debe considerar seriamente si pretende ser un instrumento efectivo para transformar la realidad injusta de nuestras ciudades en las pr¨®ximas dos d¨¦cadas. ?Estar¨¢n nuestros gobiernos a la altura de las circunstancias? ?Para qui¨¦nes ser¨¢n las ciudades del siglo XXI?

Lorena Z¨¢rate es presidenta de la Habitat International Coalition (HIC).

A trav¨¦s de una serie de seis columnas, las organizaciones de la sociedad civil, integrantes de la Plataforma Global por el Derecho a la Ciudad en Am¨¦rica Latina, CLACSO, Habitajes, H¨¢bitat para la Humanidad, Instituto P¨®lis, la Coalici¨®n Internacional del H¨¢bitat HIC y TECHO, buscar¨¢n responder seg¨²n sus miradas y experiencias particulares, cu¨¢les son los desaf¨ªos que enfrentan actualmente las ciudades en la recta final hacia la Tercera Conferencia sobre Vivienda y Desarrollo Urbano Sostenible de las Naciones Unidas, H¨¢bitat III. Esta serie de columnas se enmarca en la iniciativa que el conjunto de organizaciones lanz¨® en 2015: No es una ciudad si no es para todxs.