Corrupci¨®n y transparencia, enemigos ¨ªntimos

Los constantes esc¨¢ndalos y denuncias por corrupci¨®n en Europa en los ¨²ltimos a?os han da?ado de tal forma la credibilidad de las instituciones que ha surgido un sentimiento general de desilusi¨®n p¨²blica y tensiones sociales y pol¨ªticas. La crisis econ¨®mica y financiera ha contribuido a hacer visibles los efectos de la mala gesti¨®n, los conflictos de intereses y la corrupci¨®n tanto en el sector p¨²blico como en el privado.

Desde hace 17 a?os, el Grupo de Estados contra la Corrupci¨®n del Consejo de Europa (GRECO) ha supervisado las medidas contra la corrupci¨®n llevadas a cabo por los Estados europeos y ha seguido de cerca las preocupaciones de los ciudadanos en este ¨¢mbito. Nuestros Estados miembros aceptan evaluaciones, a menudo muy cr¨ªticas, sobre su actuaci¨®n y les exigimos que reaccionen y que pongan en marcha las reformas necesarias. Aunque ha habido avances, lo cierto es que los gobiernos, los parlamentos y las autoridades judiciales deben hacer mucho m¨¢s.

La lucha efectiva contra la corrupci¨®n exige tres elementos esenciales: una voluntad pol¨ªtica sostenida, una pol¨ªtica anticorrupci¨®n estrat¨¦gica, integral y coordinada; y el m¨¢s alto nivel de transparencia posible en la vida pol¨ªtica, administrativa y econ¨®mica. Por ello, la transparencia es el enemigo natural de la corrupci¨®n y del abuso de poder. Un alto nivel de transparencia en la direcci¨®n de los asuntos p¨²blicos (y en el sector privado) es primordial para prevenir la corrupci¨®n, como tambi¨¦n lo es el derecho a expresar opiniones divergentes y la existencia de unos medios de comunicaci¨®n realmente independientes.

Por tanto, sin transparencia es imposible conseguir que la lucha contra la corrupci¨®n sea eficaz. Para ello, la legislaci¨®n sobre el acceso a la informaci¨®n deber¨ªa ser lo m¨¢s sencilla posible y no incluir procedimientos largos y complejos o condiciones que pudieran limitar u obstaculizar la accesibilidad a la informaci¨®n. Por ejemplo, no contribuye a tener unas administraciones transparentes que cuando los ciudadanos o los medios de comunicaci¨®n quieren solicitar informaci¨®n al Estado est¨¦n siempre obligados a hacerlo por escrito y con el requisito de que exista un "inter¨¦s directo y leg¨ªtimo" para conocer dicha informaci¨®n. El acceso libre a la informaci¨®n deber¨ªa ser la norma y la retenci¨®n de informaci¨®n, la excepci¨®n.

El GRECO ha prestado considerable atenci¨®n a los denunciantes, aquellos que informan de sospechas de corrupci¨®n y de otros abusos en la administraci¨®n p¨²blica y en el sector privado. Su actuaci¨®n genera transparencia. La denuncia es una herramienta importante para propiciar que se rindan cuentas, fomentar una cultura de la integridad, y fortalecer la lucha contra la mala gesti¨®n en general y la corrupci¨®n en particular.

Los denunciantes suelen estar expuestos al despido. Por lo tanto, son necesarias normas adecuadas para darles protecci¨®n contra cualquier tipo de represalia. Y es imprescindible que exista un mecanismo que investigue las denuncias de represalias y proporcione una reparaci¨®n a los que las sufren.

La transparencia desempe?a un papel decisivo en cuanto a las inmunidades de que gozan ciertos titulares de cargos p¨²blicos y representantes electos en algunos de pa¨ªses. Estas inmunidades ¨Cen relaci¨®n con la investigaci¨®n, el encausamiento o el enjuiciamiento¨C obstaculizan la lucha contra la corrupci¨®n. Por lo tanto, el GRECO ha recomendado a algunos Estados que reduzcan el n¨²mero de beneficiarios de dicha inmunidad. Tambi¨¦n ha recomendado que los procedimientos de suspensi¨®n de la inmunidad de los parlamentarios sean m¨¢s claros y transparentes y, ante todo, est¨¦n menos politizados.

El nombramiento y la carrera de los altos cargos en la administraci¨®n p¨²blica suele hacerse de una manera excesivamente secreta, marcada por el favoritismo y, por tanto, sin transparencia, sin imparcialidad y sin criterios claros para la valoraci¨®n de los candidatos. Sin embargo, tenemos que reconocer que algunos pa¨ªses han hecho esfuerzos para erradicar el favoritismo y el nepotismo en la administraci¨®n p¨²blica.

La transparencia tambi¨¦n es fundamental en la dif¨ªcil cuesti¨®n de los conflictos de inter¨¦s. Los funcionarios deben trabajar para los ciudadanos, no para su inter¨¦s personal. Ser¨¢ m¨¢s f¨¢cil que los conflictos de inter¨¦s y el patrimonio de origen desconocido salgan a la luz si se exige a los titulares de cargos p¨²blicos que presenten declaraciones de bienes, ingresos e intereses. Si dichos procedimientos se supervisan de manera apropiada, pueden ser de gran utilidad en la lucha contra la corrupci¨®n.

Asimismo es esencial que la financiaci¨®n de los partidos pol¨ªticos y de las campa?as electorales sea transparente. A medida que los Estados fortalecen la legislaci¨®n surgen nuevas formas de eludir las normas, por ejemplo, recurriendo a fundaciones pol¨ªticas. En muchos pa¨ªses, la informaci¨®n financiera no se hace p¨²blica de una manera f¨¢cilmente accesible y a veces las cuentas ni siquiera son objeto de un examen independiente.

La transparencia no basta por s¨ª sola para prevenir de forma cre¨ªble la corrupci¨®n. La experiencia nos ha demostrado que la prevenci¨®n debe ir acompa?ada de una aplicaci¨®n rigurosa de la ley; ambas son complementarias, no alternativas. Las medidas de prevenci¨®n ser¨¢n en vano si no est¨¢n respaldadas por iniciativas para combatir la impunidad, tambi¨¦n en el ¨¢mbito de la corrupci¨®n de alto nivel.

La lucha contra la corrupci¨®n tiene que convertirse en una cuesti¨®n de ¨¦tica y de actitudes, y no s¨®lo de reglas. Y en ello el sistema educativo debe desempe?ar un papel importante. Los efectos de la corrupci¨®n son devastadores y es necesario que nos impliquemos todos. Una mayor transparencia se traducir¨¢ en una mayor rendici¨®n de cuentas y, por tanto, en una mayor confianza del conjunto de la sociedad en la gesti¨®n de los asuntos p¨²blicos. En ¨²ltima instancia, la transparencia se convierte en un requisito indispensable para mejorar la democracia.

Marin Mrcela es presidente del Grupo de Estados contra la Corrupci¨®n del Consejo de Europa.