Arranca con bronca la ponencia para reformar el reglamento del Parlament

La llamada ponencia conjunta que ha de servir para aprobar la reforma del reglamento del Parlament que permitir¨¢ aprobar la ley de ruptura en apenas dos horas y sin debate ha arrancado este jueves con pol¨¦mica. Carme Forcadell, presidenta de la c¨¢mara y que lo es tambi¨¦n de la comisi¨®n del Reglamento, hab¨ªa convocado una reuni¨®n para constituir la ponencia conjunta y a la cita han acudido representantes de los seis grupos parlamentarios.

Toda la oposici¨®n no independentista (Ciudadanos, PSC, Catalunya s¨ª que es Pot y el PP) se han presentado en la reuni¨®n para mostrar su disconformidad por el tr¨¢mite empleado y por la pretensi¨®n que esconde la reforma del reglamento para facilitar la estrategia independentista. Han sido apenas treinta minutos, en los que el portavoz parlamentario de Junts pel S¨ª, Jordi Turull, ha anunciado ante la sorpresa de todos y para replicar a la oposici¨®n que consultar¨ªa a la Mesa del Parlament si se les pod¨ªa sancionar a los grupos parlamentarios que no acudieran a las reuniones de la ponencia, al considerar que estaban obligados a ello.

El anuncio ha indignado a los grupos de la oposici¨®n, que suman 62 de los 135 diputados de la C¨¢mara. "Lo que plantea Turull me parece una aurora boreal", ha dicho el diputado socialista David P¨¦rez para referirse a la ins¨®lita petici¨®n. Por su parte, Joan Coscubiela (Catalunya s¨ª que es Pot) ha recordado que la participaci¨®n de los grupos en una ponencia es un derecho, no una obligaci¨®n.

Las ponencias conjuntas que hasta ahora ha creado el Parlament ten¨ªan 12 miembros (dos por cada grupo) y nac¨ªan con la unanimidad de las fuerzas pol¨ªticas. Nada que ver con este caso, en que los cuatro grupos no independentistas ven¨ªan anunciando desde hac¨ªa d¨ªas que no participar¨ªan en esas reuniones, por lo que dif¨ªcilmente podr¨ªa hablarse de "ponencia conjunta¡±.

Jordi Turull y Roger Torrent por parte de Junts pel S¨ª y Anna Gabriel, de la CUP ser¨¢n finalmente los tres diputados que presenten la proposici¨®n de ley para reformar el reglamento de la c¨¢mara. La oposici¨®n entiende que de esta forma se est¨¢ reproduciendo el escenario del a?o pasado, cuando se crearon las ponencias para aprobar tres leyes de desconexi¨®n y solo participaron los dos grupos independentistas.

Ciudadanos, PSC y PP recurrieron y el Tribunal Constitucional sentenci¨® el pasado mes de diciembre que elaborar leyes sin su presencia supone una vulneraci¨®n de los derechos de los diputados y les dio la raz¨®n. Estos grupos se est¨¢n planteando de nuevo recurrir en amparo.

Con la ausencia de la oposici¨®n en la ponencia, Junts pel S¨ª y la CUP podr¨¢n acelerar a¨²n m¨¢s la reforma del Reglamento, pues ambos grupos se pondr¨¢n f¨¢cilmente de acuerdo y se evitar¨¢ la habitual negociaci¨®n de enmiendas. Junts pel S¨ª ya tiene redactadas las enmiendas de los art¨ªculos que pretende reformar, pues las present¨® hace tres semanas por error cuando reclam¨® que modificara el reglamento del Parlament.

Ser¨¢n diversos art¨ªculos los que se modificar¨¢n, pero la reforma est¨¢ pensada con un objetivo muy claro: cambiar el redactado del art¨ªculo 135.2 para permitir que un solo grupo pueda presentar una proposici¨®n de ley ante la C¨¢mara y se pueda aprobar por el procedimiento de urgencia de lectura ¨²nica. Esta v¨ªa est¨¢ reservada ahora al acuerdo un¨¢nime de todos los grupos parlamentarios o cuando se trate de un proyecto de ley impulsado por el Gobierno catal¨¢n.

Ese hecho, unido a que el reglamento ya permite modificar sobre la marcha el orden del d¨ªa del Pleno del Parlament, facilitar¨¢ la aprobaci¨®n de la ley de ruptura sin el debate habitual. La elecci¨®n del d¨ªa para aprobar esa ley que seguramente servir¨¢ tambi¨¦n para convocar el refer¨¦ndum de independencia quedar¨¢ al albur la estrategia independentista.

Con este procedimiento se pretende esquivar que la ley de ruptura que ya est¨¢ pactada entre Junts pel S¨ª y la CUP y que ambos grupos esconden sea impugnada ante el Tribunal Constitucional por el Gobierno de Mariano Rajoy antes de su aprobaci¨®n.