¡°Tengo una discapacidad y quiero votar¡±

Rub¨¦n Mart¨ªn tiene 22 a?os y su vida no difiere demasiado de la de cualquier joven de su edad. Sale con los amigos, tiene novia desde hace unos meses, estudia, juega al baloncesto y acaba de iniciar unas pr¨¢cticas laborales. Pero cuando llegan elecciones no puede votar. Una jueza de Pozuelo de Alarc¨®n (Madrid), donde vive, le incapacit¨® al llegar a la mayor¨ªa de edad. Es una de las 100.000 personas que, seg¨²n c¨¢lculos de diversas asociaciones, han perdido el derecho a sufragio en Espa?a por tener una discapacidad intelectual. Esas organizaciones se manifestaron el pasado febrero ante la sede del Tribunal Constitucional, en Madrid, para pedirle que ampare el reconocimiento de uno de los derechos fundamentales que reconoce la Carta Magna a todos los espa?oles.

Rub¨¦n naci¨® con s¨ªndrome de Williams, un trastorno gen¨¦tico poco frecuente que afecta entre otras cosas a la capacidad de concentraci¨®n y a la psicomotricidad. Pas¨® por colegios convencionales y adaptados. Desde hace un tiempo, se prepara en la Fundaci¨®n Gil Gayarre para incorporarse al mundo laboral. El a?o pasado realiz¨® unas pr¨¢cticas en la recepci¨®n de un centro m¨¦dico del Ayuntamiento de Madrid y ahora acaba de iniciar otras en una cadena de restaurantes. Le encanta el deporte y coge hasta seis medios de transporte en un d¨ªa para entrenar con sus compa?eros de baloncesto del Ni?o Jes¨²s del Remedio. Se le da bien. En 2015 form¨® parte del equipo unificado (formado por personas con y sin discapacidad) que gan¨® el oro a los mism¨ªsimos Estados Unidos en la competici¨®n Special Olympics celebrada en Los ?ngeles (oeste de EE UU). ¡°Cada segundo del campeonato era m¨¢gico¡±, recuerda Alberto Moraleda, su entrenador y entonces compa?ero de selecci¨®n. Pero Alberto entonces desconoc¨ªa que en aquel equipo que representaba a Espa?a hab¨ªa jugadores sin derecho a elegir a sus representantes p¨²blicos.

¡°?Para qu¨¦ vamos a ponerle limitaciones desde el principio?¡±. Francisco Mart¨ªn responde con otra interrogaci¨®n a la pregunta de por qu¨¦ su hijo debe votar. La autonom¨ªa personal que ha logrado Rub¨¦n es una suma de su esfuerzo y el de muchas de las personas que le rodean. Al alcanzar la mayor¨ªa de edad, Francisco y su mujer, Catalina Madera, decidieron solicitar una incapacitaci¨®n parcial de su hijo. Quer¨ªan conservar la patria potestad, pero que a su vez Rub¨¦n tuviera derecho al sufragio activo y pasivo como cualquier ciudadano mayor de 18 a?os. Aconsejados por un amigo abogado, llevaron el proceso ellos mismos. Un perito forense evalu¨® las capacidades de Rub¨¦n y el fiscal emiti¨® un informe favorable. Pero al poco tiempo lleg¨® al domicilio familiar un auto judicial que cay¨® como un jarro de agua fr¨ªa. ¡°Debido a la enfermedad que tiene Rub¨¦n, que es una enfermedad, dice la jueza, ¡®degenerativa¡¯ con unas cosas que no tienen nada que ver con el s¨ªndrome de Williams, declara la incapacidad total¡±, relata Francisco.

Con pocos d¨ªas para recurrir el fallo, la familia Mart¨ªn Madera lo primero que hizo fue contratar un abogado. La Audiencia Provincial de Madrid admiti¨® el recurso y todo el proceso judicial se puso de nuevo en marcha. Entrevistas, informes periciales, escritos de la Fiscal¨ªa¡­ Hasta que lleg¨® una nueva sentencia favorable. Sin embargo, el tenor literal del fallo no reconoce la incapacidad parcial que solicitaban los padres de Rub¨¦n, sino que anula el fallo de la anterior jueza declarando la incapacitaci¨®n total. Un ¡°error administrativo¡±, seg¨²n Francisco, que les mantiene en un ¡°limbo jur¨ªdico¡±. Ahora mismo no saben si Rub¨¦n tiene plenos derechos o si est¨¢ incapacitado total o parcialmente.

Sus padres conf¨ªan en que el mismo tribunal pueda subsanarlo para no tener que iniciar un nuevo proceso judicial al que tienen mucho miedo ¡°por lo que est¨¢ saliendo en prensa¡±. Se refiere a una sentencia del a?o pasado en que el Tribunal Supremo fall¨® contra el derecho a voto de una joven gallega. El pasado diciembre, el Constitucional aval¨® el fallo al no admitir el recurso de amparo. Por el contrario, la defensora del pueblo pidi¨® a finales de febrero a los partidos pol¨ªticos que regulen la situaci¨®n de las personas con discapacidad intelectual. As¨ª que Francisco, pese al temor que ha desarrollado a los tribunales en cuatro a?os de vaivenes judiciales, tambi¨¦n se muestra optimista: ¡°Rub¨¦n ha conseguido cosas mucho m¨¢s dif¨ªciles¡±.