Transparencia y acceso a la informaci¨®n p¨²blica, un tema global

El 7 de noviembre de 2013, la ciudadana salvadore?a Domitila Rosario Piche solicit¨® una copia certificada del acta de los Acuerdos de Paz de El Salvador, que en 1992 pusieron fin a una cruenta guerra civil. La Unidad de Acceso a la Informaci¨®n P¨²blica de la Presidencia de la Rep¨²blica declar¨® improcedente la petici¨®n, alegando la inexistencia de dicho documento en sus archivos, por lo que Domitila apel¨® al Instituto de Acceso a la Informaci¨®n (IAIP), ¨®rgano encargado de salvaguardar este derecho ciudadano en el pa¨ªs centroamericano.

En la Audiencia Oral, Domitila mostr¨® una noticia en prensa con una fotograf¨ªa que evidenciaba que el Presidente del pa¨ªs en el momento de la firma de los acuerdos, Alfredo Cristiani, podr¨ªa tener en su poder el documento original. En base a estos indicios, el IAIP pidi¨® al ex mandatario que le hiciera llegar dicho documento en un plazo de 20 d¨ªas.

Poco despu¨¦s, en un acto solemne y muy simb¨®lico, Cristiani entreg¨® los Acuerdos de Paz al actual presidente de la Rep¨²blica, Salvador S¨¢nchez Cer¨¦n. Domitila recibi¨® una copia y el documento fue clasificado en el Archivo General de la Naci¨®n.

Documentos p¨²blicos a disposici¨®n de la ciudadan¨ªa

¡°En muchas de nuestras realidades predomina todav¨ªa una cultura de la opacidad¡±

Esta iniciativa de una persona preocupada por la transparencia, la cohesi¨®n social y la memoria hist¨®rica de su pa¨ªs lanz¨® un mensaje claro: los documentos p¨²blicos son propiedad de los ciudadanos y deben estar siempre a su disposici¨®n.

Pero este tipo de escenarios no siempre tienen un final feliz. En muchas de nuestras realidades predomina todav¨ªa una cultura de la opacidad: no se facilitan los datos de los salarios de los funcionarios, se ocultan los documentos de licitaciones, desaparecen archivos hospitalarios de pacientes, se desconocen las fuentes de la financiaci¨®n electoral de los partidos, se deniega informaci¨®n sobre violaciones de los derechos humanos o no se informa de manera precisa sobre la ejecuci¨®n de las obras p¨²blicas.

Es por ello que la promoci¨®n de la transparencia y del acceso a la informaci¨®n p¨²blica se ha convertido en un tema global. Ocupa un lugar central de la agenda de desarrollo como herramienta para la rendici¨®n de cuentas del Estado, la participaci¨®n ciudadana y la toma de las decisiones fundadas en las pol¨ªticas p¨²blicas. De ese modo est¨¢ reflejado en los nuevos Objetivos de Desarrollo Sostenible y en la Convenci¨®n Anticorrupci¨®n de la ONU, as¨ª como en los compromisos la Alianza para el Gobierno Abierto (AGA) lanzada por el ex presidente de EE UU Barack Obama en 2011 y que integra actualmente a 75 pa¨ªses.

¡°Los documentos p¨²blicos son propiedad de los ciudadanos y deben estar siempre a su disposici¨®n¡±

Am¨¦rica Latina es precisamente una de las regiones del mundo donde m¨¢s han proliferado estas iniciativas. Salvo Bolivia, Costa Rica, Cuba y Venezuela, todos los pa¨ªses cuentan con normativas espec¨ªficas de acceso a la informaci¨®n, la mayor¨ªa forma parte de la AGA y existe una Ley Modelo en el marco de la Organizaci¨®n de Estados Americanos (OEA). Es m¨¢s, los entes garantes y promotores del derecho a la informaci¨®n en la regi¨®n han dado un paso al frente para conformar la Red de Transparencia y Acceso a la Informaci¨®n (RTA) y varios de ellos son una referencia internacional en la materia.

Desde el Programa de la Uni¨®n Europea para la cohesi¨®n social en Am¨¦rica Latina, EUROsociAL+, nos hemos sumado al reto de la transparencia de la mano de la RTA, como espacio privilegiado para la construcci¨®n de Estados m¨¢s abiertos. Dando continuidad a la anterior fase del programa, seguimos impulsando este derecho a trav¨¦s del intercambio de experiencias entre los pares de ambas regiones.

Sin embargo, a pesar de los avances, las bondades de la transparencia no se corresponden todav¨ªa con las expectativas generadas entre una ciudadan¨ªa alarmada por los casos de corrupci¨®n e insatisfecha con la calidad de los servicios p¨²blicos en que en Am¨¦rica Latina. As¨ª, para que las leyes de transparencia no se vean desvirtuadas, es necesario construir una nueva relaci¨®n entre el Estado y los ciudadanos basada en la confianza y la reciprocidad. Es precisamente en ese nuevo paradigma sin barreras donde la transparencia y la libre consulta de los documentos de inter¨¦s p¨²blico juegan un papel fundamental.

Con ese objetivo, los ¨®rganos garantes del acceso a la informaci¨®n deben ser aut¨®nomos, con la potestad de sancionar a los funcionarios que incumplen y capaces de verificar que las instituciones del Estado publican en sus p¨¢ginas web los datos a los que les obliga la ley.

Pero no basta con divulgar los datos, estos deben estar en un lenguaje claro y ser f¨¢cilmente accesibles, aprovechando las oportunidades que nos brindan las nuevas tecnolog¨ªas. Y, adem¨¢s, el Estado ha de ser proactivo y centrarse en aquella informaci¨®n que es m¨¢s demandada por la sociedad, especialmente por los grupos m¨¢s vulnerables.

Adem¨¢s del poder Ejecutivo, en la lista de sujetos obligados por las leyes de transparencia deben figurar el Legislativo, el Judicial, los partidos pol¨ªticos, los municipios y otros actores que reciben recursos p¨²blicos. Como recomienda la OCDE, desde el ¡®Gobierno abierto¡¯ hay que transitar hacia el ¡®Estado abierto¡¯.

Asimismo, para garantizar la efectividad del derecho a la informaci¨®n los integrantes de las unidades de informaci¨®n de las instituciones p¨²blicas han de estar capacitados, su ejercicio debe simplificarse y estar equilibrado con el derecho a la protecci¨®n de los datos personales. El r¨¦gimen de excepciones a la ley (que permite no entregar la informaci¨®n) debe ser razonable y no actuar como escudo protector de la opacidad.

Para articular todos estos procesos, son necesarias pol¨ªticas modernas de gesti¨®n de archivos que faciliten la toma de decisiones sobre la conservaci¨®n y disponibilidad de los documentos.

Y lo m¨¢s importante, es preciso transformar la cultura ciudadana en relaci¨®n a este derecho, que todav¨ªa es muy desconocido, poco utilizado ¨Cmuchas veces por temor a represalias¨C y percibido como algo alejado de las necesidades cotidianas. Resulta imprescindible, por tanto, concienciar a los ciudadanos con objeto de que aprecien la utilidad del acceso a la informaci¨®n p¨²blica como garante de la democracia.

Adem¨¢s, para que esos cambios sean sostenibles y profundos, como destacaba en una reciente entrevista la Presidenta del Consejo para la Transparencia y Buen Gobierno de Espa?a, Esther Arizmendi, ¡°es necesario educar desde edades tempranas en el marco del sistema docente formal¡±. Debemos formar paladines de la transparencia para que casos como el de Domitila dejen de responder al empe?o de una sola persona y se conviertan en algo habitual e interiorizado por el conjunto de la sociedad.

Borja D¨ªaz Rivillas es t¨¦cnico s¨¦nior en Gobernanza Democr¨¢tica, Programa EUROsociAL + de la Fundaci¨®n Internacional y para Iberoam¨¦rica de Administraci¨®n y Pol¨ªticas P¨²blicas (FIIAPP).