Dopajes

El componente m¨¢s contagioso de la actual epidemia de corrupci¨®n es lo que ha sido bautizado metaf¨®ricamente como dopaje electoral. La corrupci¨®n de derechas detrae recursos p¨²blicos para desviarlo hacia para¨ªsos fiscales mientras la de izquierdas los deriva hacia sus redes clientelares. Pero tanto una como otra se blanquean moralmente apelando a la sagrada causa del patriotismo de partido. Pues basta con que desv¨ªes parte de tu bot¨ªn para suplementar con fondos ilegales las arcas del partido para que tus conmilitones te encubran y te amparen. As¨ª se hinchan las campa?as electorales violando el fair play que exige igualdad de oportunidades, pero tan injusto ventajismo queda justificado si se traduce en victoria de los propios colores. Y dada la identidad formal entre la competici¨®n pol¨ªtica y deportiva, nada mejor que llamarlo ¡®dopaje¡¯, entendido como el recurso a fondos opacos que favorecen un mejor rendimiento electoral.

Por desgracia, esta met¨¢fora del dopaje pol¨ªtico no se lleva hasta sus ¨²ltimas consecuencias. A los atletas y deportistas que compiten dopados se les retiran sus t¨ªtulos y medallas, si se demuestra fehacientemente que recurrieron a sustancias prohibidas. Y esto no se hace con los candidatos electorales victoriosos que han competido con financiaci¨®n prohibida. Buen ejemplo es Esperanza Aguirre, que alega inocencia sosteniendo que ella nunca se llev¨® ni un euro a Suiza. Pero tampoco devolvi¨® los cargos que ocupaba, tras constatarse que hab¨ªa competido dopada con mayores recursos financieros que sus rivales.

A los cargos p¨²blicos que ¡°se hacen la infanta¡±, sosteniendo que ¡°no sab¨ªan nada¡± de la corrupci¨®n que les beneficiaba electoralmente, tambi¨¦n se les deber¨ªa desposeer de sus cargos como part¨ªcipes a t¨ªtulo lucrativo

Por eso parece llegada la hora de llevar esta met¨¢fora del dopaje electoral hasta sus ¨²ltimas consecuencias, pasando a destituir de sus cargos a aquellos pol¨ªticos que los hayan obtenido mediante campa?as ilegalmente financiadas. Para ello bastar¨ªa con aplicarles a ellos personalmente, y no solo a sus partidos como personas jur¨ªdicas, el tipo de ilicitud que se define en el art¨ªculo 122 del C¨®digo Penal como ¡°part¨ªcipe a t¨ªtulo lucrativo¡±. As¨ª se hizo con la infanta Cristina que se beneficiaba de los delitos fiscales cometidos por su c¨®nyuge en el caso Noos. Y de modo an¨¢logo, a todos aquellos cargos p¨²blicos que ¡°se hacen la infanta¡±, sosteniendo que ¡°no sab¨ªan nada¡± de la corrupci¨®n pol¨ªtica que les beneficiaba electoralmente, tambi¨¦n se les deber¨ªa desposeer de sus cargos como part¨ªcipes a t¨ªtulo lucrativo, si se demostrase que hab¨ªan competido financieramente dopados.

Al fin y al cabo, el caso Noos ha creado otro precedente jurisprudencial que a la mayor¨ªa nos parece ciertamente perverso, como es utilizar el magisterio p¨²blico no para acusar a los presuntos corruptos sino para defenderlos, seg¨²n la conocida posici¨®n favorable a la infanta del fiscal Horrach. Y tras el precedente as¨ª creado, hoy la fiscal¨ªa anticorrupci¨®n copa los titulares por su dudosa actitud presuntamente favorable a los encausados en el caso Lezo. Por eso convendr¨ªa neutralizar ese uso torticero del precedente del caso Noos con otro opuesto capaz de compensarlo, empezando a exigir que devuelvan sus cargos a quienes los hayan obtenido mediante flagrante dopaje electoral.