Aumentan los asesinatos de activistas

Dos disparos. La noche del 2 de marzo de 2016, Berta C¨¢ceres fue asesinada a tiros en su casa en Tegucigalpa, Honduras. Pese a que era una de las m¨¢s conocidas activistas ambientales, fue tras su muerte cuando muchos oyeron hablar por primera vez de ella y su lucha en defensa de los derechos del pueblo lenca, al que pertenec¨ªa, y la batalla que manten¨ªa contra la construcci¨®n de la presa de Agua Zarca. El enorme proyecto afectaba al r¨ªo Gualcarque, sagrado para los ind¨ªgenas.

Como ella, 281 defensores de los derechos humanos fueron v¨ªctimas de homicidio por su labor, tres cuartas partes en Am¨¦rica, seg¨²n datos de Front Line Defenders recogidos en el informe Defensores y defensoras de los derechos humanos bajo amenaza, publicado este martes por Amnist¨ªa Internacional. La cifra supone un incremento del 80% respecto a los 156 asesinados en 2015. Y en 2017 contin¨²a la tendencia alcista, alerta la organizaci¨®n: solo en enero han sido asesinados 10, casi el doble de la media mensual de 2016.

La lista negra es larga y la impunidad de la que gozan los perpetradores favorece la suma de nombres: Abdul Basit Abu Dahab, de Libia; Gloria Capit¨¢n, de Filipinas; Marcel Tengeneza, de Rep¨²blica Democr¨¢tica del Congo; Emilsen Manyoma y Joe Javier Rodallega, en Boaventura (Colombia)... As¨ª, hasta 3.500 asesinados desde 1998, cuando se aprob¨® la Declaraci¨®n para la protecci¨®n de los defensores y defensoras. "Y en la mayor¨ªa de los casos, nadie ha sido declarado culpable o acusado siquiera de estos cr¨ªmenes"; advierte Amnist¨ªa.

Los secuestros, desapariciones forzadas, persecuci¨®n legal, campa?as de desprestigio, violaciones, amenazas o censura, completan el men¨² de macabras estrategias contra la actividad de los defensores de los derechos humanos

Con la campa?a Valiente, presentada por la organizaci¨®n simult¨¢neamente a escala global ¨Cen Espa?a, en el teatro Alfil de Madrid¨C, Amnist¨ªa Internacional pretende destacar la labor de estos activistas que se juegan la vida por defender lo justo. "Y pedir a los Gobiernos que cumplan con su obligaci¨®n de protegerles", ha se?alado el periodista Fernando Olmeda, presentador del evento. Sobre el escenario han charlado Dessale Berekehet, periodista eritreo exiliado en Noruega, Pascual Bernab¨¦, activista ambiental guatemalteco, y Maribel Tellado, coordinadora de la campa?a en la ONG.

El asesinado es el m¨¢s fatal de los desenlaces, pero no es el ¨²nico ataque que enfrentan los activistas por parte de gobiernos, empresas, grupos armados o criminales para frenar su trabajo. Los secuestros, desapariciones forzadas, persecuci¨®n legal, campa?as de desprestigio, asaltos sexuales, amenazas o censura, completan el men¨² de macabras estrategias contra la actividad de estudiantes, abogados, l¨ªderes comunitarios, periodistas, sindicalistas, ecologistas y, en definitiva, cualquiera que ose denunciar violaciones de derechos humanos, abusos de poder e injusticias.

"Autoridades de todo el mundo abusan de forma creciente de leyes penales, civiles y administrativas para atacar y acosar a defensores a fin deslegitimarlos a ellos y sus causas", subraya el informe de Amnist¨ªa. En este sentido, la organizaci¨®n destaca a modo de ejemplo el caso de Farid al Atrash e Issa Amro, ambos detenidos por soldados israel¨ªes tras haber participado en una manifestaci¨®n pac¨ªfica, pero acusados de tomar parte en una protesta ilegal y agredir a los soldados. "Un v¨ªdeo corrobora el relato de Al Atrash de que cuando lo detuvieron sosten¨ªa pac¨ªficamente una pancarta delante de los soldados", asegura la ONG. Otros, prosigue el documento, son enjuiciados en aplicaci¨®n de leyes "excesivamente generales y redactadas de forma imprecisa, en especial las antiterroristas, contra el narcotr¨¢fico, de seguridad nacional o contra el extremismo". Eso cuando no se elaboran normas ad hoc para criminalizar el trabajo de los activistas a los que, con creciente frecuencia, se les acusa de incitaci¨®n a la violencia por organizar manifestaciones, a?aden los autores.

Esta pr¨¢ctica no es exclusiva de pa¨ªses en desarrollo donde la pobreza y la fragilidad institucional favorecen la corrupci¨®n. As¨ª lo hace notar Amnist¨ªa cuando dedica un cap¨ªtulo al caso de Edward Snowden, el exagente de los servicios de inteligencia estadounidenses que filtr¨® a la prensa informaci¨®n que desvelaba la vigilancia masiva a ciudadanos por parte de EE UU y Reino Unido, entre otros pa¨ªses. "Se enfrenta a 30 a?os de prisi¨®n en Estados Unidos por revelar datos de enorme inter¨¦s p¨²blico. (...) Altos cargos del pa¨ªs lo han condenado sin juicio, conculcando su derecho a la presunci¨®n de inocencia. (...) Las autoridades le han anulado su pasaporte, por lo que sigue sin poder viajar a pa¨ªses que le han ofrecido asilo", enumera la organizaci¨®n sobre el analista, actualmente residente en Mosc¨².

Espa?a no es una excepci¨®n. Amnist¨ªa Internacional ha criticado y pedido al Gobierno la reforma de la conocida como Ley Mordaza. Tellado lo ha reiterado en su intervenci¨®n: "Jos¨¦ Palaz¨®n, un activista muy conocido, document¨® con grabaciones el uso excesivo de la fuerza con inmigrantes por parte de las fuerzas de seguridad en la frontera. Hoy, esa acci¨®n, con la actual ley de seguridad ciudadana, no ser¨ªa posible".

Espa?a no es una excepci¨®n: Amnist¨ªa Internacional ha criticado y pedido al Gobierno la reforma de la conocida como Ley Mordaza.

Es com¨²n, asimismo, que los activistas sean sometidos a campa?as de difamaci¨®n. Sucede que "las autoridades y otras personas en el poder les acusen p¨²blicamente (en falso) de terroristas, antipatriotas, corruptos, esp¨ªas o enemigos del Estado", entre otras lindezas, apuntan los autores. Eso, cuando no son los llamados trolls, adversarios desconocidos en redes sociales, quienes les acosan verbalmente, desinforman sobre su figura o les amenazan. "Si no te matan, te hacen la vida imposible. Los trolls generan un clima constante de miedo, que hace que la gente deje de publicar", recoge el informe el testimonio de Alberto Escocia, defensor mexicano de los derechos humanos. "Denunciar los ataques a la red social correspondiente no siempre elimina el problema", apunta Amnist¨ªa. Esto se debe, explica, a que los hostigadores van en muchos casos por delante de los proveedores del servicio online en cuanto a cuestiones t¨¦cnicas.

En este sentido, los periodistas y comunicadores, son blanco habitual en un intento de frenar sus publicaciones cuando estas denuncian abusos de poder o delitos. Adem¨¢s de la difamaci¨®n, la vigilancia y la censura son pr¨¢cticas comunes para lograrlo, cuando no les cortan Internet, les impiden acceder a las fuentes o los lugares de los hechos. Es tan sencillo como denegarles asistir a un acto o el visado de entrada a un determinado pa¨ªs. Las restricciones a la libertad de circulaci¨®n han afectado incuso a activistas de Amnist¨ªa Internacional a los que se les ha prohibido viajar a ciertos pa¨ªses o les han expulsado cuando estaban investigando en terreno.

Acoso a mujeres y homosexuales, por serlo y defenderlos

Especialmente vulnerables a los ataques son los colectivos que pertenecen o defienden los derechos de las mujeres y las personas LGTBI (lesbianas, gais, transexuales, bisexuales e intersexuales). Las activistas enfrentan, adem¨¢s de los citados riesgos, la posibilidad de ser violadas para infundirles miedo, as¨ª como calificativos que cuestionan la decencia que se le supone tradicionalmente a la poblaci¨®n femenina. Las amenazas a sus familias tambi¨¦n son habituales, forz¨¢ndolas a elegir entre la defensa de lo que consideran justo y la seguridad de los suyos.

"Las defensoras, por desafiar los roles tradicionales, se enfrentan a discriminaci¨®n. Se les tacha de promiscuas, se las viola, se amenaza a sus hijos. Por ejemplo, en El Salvador, quienes luchan por la despenalizaci¨®n del aborto reciben ataques de la propia prensa, que las califica de antipatriotas o las acusa de llenar las calles de r¨ªos de sangre", ha detallado Maribel Tellado, coordinadora de la campa?a de Amnist¨ªa. "En cuanto al colectivo LGTBI, a las amenazas y asesinatos se suman otras formas de persecuci¨®n. No solo en Uganda. En el v¨ªdeo de la campa?a vemos a Sakris Kupila, que es de Finlandia y ha sufrido acoso e intimidaci¨®n. Ha tenido que abandonar incluso su carrera de Medicina", ha a?adido Tellado.

El valiente Pascual Bernab¨¦

Pascual Bernab¨¦ Vel¨¢zquez, de 61 a?os, es un l¨ªder ind¨ªgena maya Q¡¯anjob¡¯all, en Huehuetenango (Guatemala). Sin posibilidades de cursar secundarias "por situaciones de pobres", su universidad fue conocer los problemas de la gente. Tanto los conoce que es l¨ªder del Gobierno plurinacional de los ind¨ªgenas mayas de la regi¨®n, como atestigua el bast¨®n de mando que porta en las manos durante su intervenci¨®n en la presentaci¨®n de la campa?a de Amnist¨ªa Internacional en Madrid.

Este hombre de hablar pausado y gesto serio, es uno de los numerosos activistas ambientales que se ha opuesto a la instalaci¨®n de las hidroel¨¦ctricas en su comunidad. "Se llevan la naturaleza, se apropian de ella y no dejan ning¨²n desarrollo para la gente", denuncia. Por eso, en las consultas comunitarias que han realizado, los Q¡¯anjob¡¯all han acordado mayoritariamente rechazar la presencia de las transnacionales, principalmente canadienses y espa?olas, en sus tierras.

?Y si les ofrecieran el tipo de desarrollo que ellos reclaman, alternativo, en beneficio de la comunidad y los campesinos? "Eso nunca ocurre", zanja rotundo Bernab¨¦. "La luz se la llevan a M¨¦xico. Si hubiera proyectos para la gente, de desarrollo social y productivo, impulsados por los pueblos, no habr¨ªa problema. Pero la realidad es que el beneficio es solo para las empresas", detalla.

Todas estas razones han empujado a los nativos a la protesta. "Pac¨ªfica", subraya Bernab¨¦. Pero los asesinatos, las ¨®rdenes de captura y el hostigamiento no han cesado contra ellos, denuncia. No solo teme por su vida como l¨ªder, sino tambi¨¦n por la de sus vecinos. Y tiene motivos. "Un atentado puede ser en cualquier lugar. Hace dos meses, la poblaci¨®n se enfrent¨® a una empresa hidroel¨¦ctrica y un anciano fue asesinado con armas de fuego. Otros, fueron v¨ªctimas antes, pero ¨¦l fue el ¨²ltimo", relata. Los datos recabados por Front Line Defenders dan buena cuenta de que sus miedos no son infundados. Dos tercios de los 281 activistas asesinados en 2016 eran de Am¨¦rica. Y la mitad trabajaban sobre problemas de la tierra, territorio y medio ambiente.

?Por qu¨¦ defender hasta la muerte la tierra contra gigantes corporaciones? "Para los pueblos ind¨ªgenas, la tierra, las monta?as, las aguas... son nuestra madre. El agua es la mam¨¢, mamamos de ella porque de ella venimos. Y la tierra es igual, porque de ah¨ª brota la comida", explica pausadamente. Bernab¨¦ se muestra esc¨¦ptico cuando se le pregunta por las posibles soluciones. "El conflicto viene de a?os atr¨¢s, a trav¨¦s de las leyes que el Gobierno ha hecho en favor de las empresas transnacionales que se sienten due?as de las tierras", explica. "Al Gobierno me gustar¨ªa decirle que ya no reprima a la gente, que no dicte ¨®rdenes de captura y que respete las leyes de Guatemala y los convenios internacionales, porque est¨¢ violando, conjuntamente con las empresas, los derechos humanos", termina.

Por su parte, Amnist¨ªa Internacional ha podido constatar el mal uso del sistema de justicia penal en Guatemala mediante la apertura de procesos judiciales infundados como una forma de intimidar y desgastar a defensores y defensoras de derechos humanos. "En varios casos, ser parte de un movimiento social o miembro de una organizaci¨®n que trabaja por los derechos relacionados a la tierra y al medio ambiente ha sido tomado como un indicador de responsabilidad penal", denuncia la ONG. "Los activistas quedan a la espera de juicios que se dan tras a?os de estar detenidas, lo que implica su desgaste y la privaci¨®n de su derecho a la libertad, con el consecuente impacto negativo que su ausencia tiene para la estabilidad de su familia y para la articulaci¨®n de actividades de defensa de derechos humanos", a?ade.