La agon¨ªa de los pueblos ind¨ªgenas y quilombolas

¡°En Brasil, los conflictos por la tierra con ind¨ªgenas tienen lugar porque ellos salieron de la jungla y bajaron a las ¨¢reas de producci¨®n¡±. Con esta frase, de enero de 2015, la senadora y entonces ministra de Agricultura, K¨¢tia Abreu, reivindic¨® la vieja consigna anti-ind¨ªgena, que es repetida constantemente en los bastidores del poder en Brasilia. Abreu es una de las pocas senadoras del PMDB, partido de Michel Temer, que se opuso a la destituci¨®n de Rousseff. Cuando la ex presidenta se encontraba a punto de ser defenestrada por la mayor¨ªa del Senado, Abreu la defendi¨® bajo el argumento de que ning¨²n otro presidente hab¨ªa apoyado tanto la agroindustria. No se imaginaba que la bancada ruralista, poderoso frente parlamentario conformado por latifundistas y empresarios del sector agr¨ªcola, contar¨ªa con una presencia a¨²n m¨¢s pronunciada en el gabinete de Temer.

Congresistas vinculados a sectores ultra-religiosos han engrosado el coro anti-ind¨ªgena, al defender la evangelizaci¨®n como alternativa de integraci¨®n de tales pueblos a la sociedad. De esta manera, el asimilacionismo religioso y la captura del Estado por parte de intereses corporativos han reservado un buen lugar para los pueblos ind¨ªgenas y afrodescendientes (quilombolas) en la repisa de malezas que obstaculizan el desarrollo de la naci¨®n. Dicha tendencia se hizo evidente con la Resoluci¨®n 68/17, de enero del presente a?o, emitida por el Ministerio de Justicia. Elogiada por Temer, la resoluci¨®n fue criticada por organizaciones de la sociedad civil e ind¨ªgenas, quienes sostienen que su intenci¨®n es revalidar el despojo de sus territorios. Tras un pronunciamiento del Ministerio P¨²blico cuestionando su legalidad, la resoluci¨®n fue reemplazada por la n¨²mero 80/17, manteniendo, sin embargo, las principales disposiciones criticadas. Entre otras medidas, la nueva resoluci¨®n crea una instancia pol¨ªtica con la potestad de detener y hasta revertir los procesos de demarcaci¨®n de tierras ya realizados por la Fundaci¨®n Nacional del Indio.

De acuerdo con miembros del Consejo Nacional de Pol¨ªtica Indigenista, las resoluciones del Ministerio de Justicia fueron adoptadas de forma sorpresiva, sin ning¨²n tipo de di¨¢logo ni de consulta previa, libre e informada, contrariando as¨ª los est¨¢ndares internacionales aplicables. El derecho a la consulta y al consentimiento previo se encuentra previsto en el Convenio 169 de la Organizaci¨®n Internacional del Trabajo y en las declaraciones de la ONU y de la Organizaci¨®n de los Estados Americanos (OEA) sobre los Derechos de los Pueblos Ind¨ªgenas. Se trata de un derecho esencial, que determina un nuevo tipo de relaci¨®n, m¨¢s sim¨¦trica y respetuosa, entre los Estados y los pueblos ¨¦tnicos. La consulta y el consentimiento son un mecanismo de di¨¢logo intercultural mediante el cual se informa de buena fe, y atendiendo a las tradiciones, sobre el impacto que un proyecto de desarrollo puede tener sobre un territorio, y tambi¨¦n respecto de otras decisiones legislativas o administrativas susceptibles de afectar directamente a los habitantes del mismo.

Congresistas vinculados a sectores ultra-religiosos han engrosado el coro anti-ind¨ªgena, al defender la evangelizaci¨®n como alternativa de integraci¨®n de tales pueblos a la sociedad

En Brasil y en el mundo, sigue siendo un desaf¨ªo garantizar la participaci¨®n efectiva de los pueblos ¨¦tnicos en los procesos de toma de decisiones estatales que les afectan. En un libro recientemente publicado por la Fundaci¨®n para el Debido Proceso y por la Red de Cooperaci¨®n Amaz¨®nica, se demuestra que el derecho a la consulta y al consentimiento es continuamente violado en Brasil por los Poderes Ejecutivo y Legislativo, encontrando, adem¨¢s, serios obst¨¢culos en el ¨¢mbito del Poder Judicial. El documento describe c¨®mo una serie de medidas inconsultas implican violaciones a los derechos territoriales de los pueblos ind¨ªgenas, quilombolas y comunidades tradicionales. Muchas de esas medidas tienen que ver con la expansi¨®n de la agroindustria y la concesi¨®n de proyectos de infraestructura y minero-energ¨¦ticos en tierras reclamadas y, en algunos casos, tituladas en favor de los referidos pueblos y comunidades.

Cabe mencionar que la sumisi¨®n de la pol¨ªtica indigenista a los intereses de la agroindustria y de grandes constructoras no es una invenci¨®n del actual presidente. Basta con mirar el impacto de las hidroel¨¦ctricas de Belo Monte, Jirau y Santo Ant?nio, entre otras obras fara¨®nicas concesionadas en territorios ind¨ªgenas, durante los gobiernos anteriores. En todo caso, Michel Temer parece dispuesto a ceder a¨²n m¨¢s a los frentes parlamentarios que han asfixiado la pol¨ªtica indigenista en las ¨²ltimas d¨¦cadas. El ejemplo m¨¢s reciente de esta realidad son las declaraciones del nuevo ministro de Justicia Osmar Serraglio, tan pronto fue posesionado el 23 de febrero. Justo ¨¦l, autoridad responsable por las demarcaciones de territorios ind¨ªgenas en Brasil, logr¨® superar las oprobiosas palabras de Katia Abreu, al criticar directamente las demandas de los pueblos ind¨ªgenas con el proverbio ¡°no se llena la barriga con tierra¡±. Sobra decir que Omar Serraglio proviene de la bancada ruralista y del infausto PMDB de Michel Temer.

Daniel Cerqueira es Oficial de Programa S¨¦nior de la Fundaci¨®n para el Debido Proceso.?