336 cient¨ªficos exigen al Gobierno que acabe con los sobresueldos a dedo en la ciencia

Internamente la han llamado la Operaci¨®n Ventilador. Un grupo de 336 cient¨ªficos, muchos de ellos los mejores de su especialidad, exigen al Gobierno de Mariano Rajoy que acabe con los ilegales sobresueldos a dedo que existen en media docena de organismos p¨²blicos de investigaci¨®n. Los firmantes denuncian retribuciones extraordinarias otorgadas con ¡°ampl¨ªsima discrecionalidad¡± por directivos, en funci¨®n de criterios opacos y muchas veces de car¨¢cter pol¨ªtico.

Los 336 cient¨ªficos piden dejar de ser juzgados de manera subjetiva por sus jefes y pasar a ser evaluados de manera externa con criterios internacionales, como se hace desde 1989 en las universidades y en el Consejo Superior de Investigaciones Cient¨ªficas (CSIC). ¡°Solo estamos pidiendo que nos paguen en funci¨®n de la calidad de nuestro trabajo cient¨ªfico¡±, resume Marina Albentosa, del Instituto Espa?ol de Oceanograf¨ªa.

¡°Solo estamos pidiendo que nos paguen en funci¨®n de la calidad de nuestro trabajo cient¨ªfico¡±, resume la ec¨®loga Marina Albentosa

La situaci¨®n es una reminiscencia del pasado. Los 60.000 profesores de las universidades espa?olas y 3.000 investigadores del CSIC someten cada a?o su trabajo a una evaluaci¨®n externa del Ministerio de Educaci¨®n. Esta estrategia de evaluaci¨®n continua ha significado un aumento de la producci¨®n cient¨ªfica de calidad en Espa?a. Sin embargo, por detalles burocr¨¢ticos, cientos de investigadores se quedaron fuera de este sistema de retribuci¨®n. Como consecuencia, un cient¨ªfico de uno de estos organismos afectados puede cobrar 800 euros menos al mes que otro con el mismo curr¨ªculo en una universidad. Los incentivos para hacer ciencia puntera no existen.

La Ley de la Ciencia estableci¨® el 1 de enero de 2014 como fecha l¨ªmite para acabar con esta injusticia, pero el Gobierno incumple la legalidad. En media docena de organismos p¨²blicos, los directivos disponen de una bolsa de dinero para repartir discrecionalmente como supuestos complementos de productividad. ¡°Creemos que hay una motivaci¨®n pol¨ªtica para mantener la situaci¨®n. Las direcciones de los organismos emplean estas asignaciones opacas para controlar a los investigadores¡±, sentencia Albentosa, una de las cabecillas del movimiento.

¡°Como sigas as¨ª no vas a tener complemento de productividad¡±, le espet¨® un d¨ªa un jefe a Ra¨²l P¨¦rez, del Instituto Geol¨®gico y Minero de Espa?a, tras dar una opini¨®n contraria a la de sus superiores, seg¨²n su relato. P¨¦rez lidera expediciones que se introducen en algunas de las simas m¨¢s temidas del mundo, como la asturiana del Cerro del Cuev¨®n, de 1.600 metros, para buscar indicios que alerten de futuros terremotos. ¡°Yo no quiero que mi sueldo dependa de que le caiga bien al jefe. Quiero que eval¨²en mi producci¨®n cient¨ªfica¡±, lamenta el ge¨®logo. ¡°No es que queramos ser consejeros delegados de un banco. Yo ganar¨ªa unos 200 euros m¨¢s al mes¡±, se?ala.

¡°Como sigas as¨ª no vas a tener complemento de productividad¡±, le espet¨® un d¨ªa un jefe al ge¨®logo Ra¨²l P¨¦rez

Su reivindicaci¨®n fue enviada en tres cartas a los ministerios de Econom¨ªa, Educaci¨®n y Hacienda, el 12 de junio. Entre los firmantes figuran Jos¨¦ Alcam¨ª, referencia internacional en la investigaci¨®n del VIH, y Pedro Anda, que como coordinador de alertas del Centro Nacional de Microbiolog¨ªa hizo frente a la crisis del ¨¦bola en Espa?a. Tambi¨¦n firma Julio D¨ªaz, responsable del estudio de las muertes prematuras provocadas por la contaminaci¨®n, como jefe del Departamento de Epidemiolog¨ªa de la Escuela Nacional de Sanidad. Y Marina Poll¨¢n, jefa del grupo que realiza los mapas que muestran la desigual distribuci¨®n del c¨¢ncer en Espa?a. Los cuatro pertenecen al Instituto de Salud Carlos III, el principal organismo p¨²blico de investigaci¨®n biom¨¦dica del pa¨ªs.

Fuentes de la Secretar¨ªa de Estado de I+D+i, dirigida por Carmen Vela, reconocen que hay entre 700 y 800 cient¨ªficos afectados. Sus t¨¦cnicos han calculado que cumplir la ley costar¨ªa alrededor de 1,3 millones de euros al a?o. Las mismas fuentes aseguran que un Real Decreto ya negociado con los sindicatos arreglar¨¢ la situaci¨®n, si se incluye en la Ley de Presupuestos de 2018. Seg¨²n los cient¨ªficos, la Secretar¨ªa de Estado de I+D+i, dependiente del Ministerio de Econom¨ªa, ha culpado al Ministerio de Hacienda de bloquear el desarrollo normativo de la Ley de la Ciencia, aprobada en 2011.

Las reclamaciones de los cient¨ªficos afectados, sin embargo, se remontan a 2001, cuando se cre¨® una escala laboral transversal a todos los organismos p¨²blicos de investigaci¨®n, incluido el CSIC. Desde entonces, han solicitado, incluso en los tribunales, ser evaluados de manera externa, y no de manera subjetiva y opaca por sus jefes. ¡°Llevamos casi 20 a?os peleando. Ahora estamos ante una ilegalidad y ha habido un efecto contagio entre los investigadores. Hemos dicho que basta ya. Si Carmen Vela no es capaz de hacer que se cumpla la ley, que dimita¡±, clama Albentosa.

¡°El ministro de Hacienda es catedr¨¢tico. ?l no tolerar¨ªa que su sueldo dependiera de caerle simp¨¢tico al decano¡±, sentencia el investigador del CSIC Luis V. Garc¨ªa

La cient¨ªfica es una ec¨®loga marina especializada en la contaminaci¨®n de los oc¨¦anos. Su marido comenz¨® hace 30 a?os una carrera paralela a la suya, pero en la universidad. ¡°La brecha salarial con mi marido es de 800 euros cada mes y no es por machismo. Es porque yo trabajo en un organismo p¨²blico de investigaci¨®n no homologado¡±, subraya. El PSOE y Ciudadanos, aplaude, han presentado a lo largo de 2017 proposiciones no de ley instando al Gobierno a que cumpla la normativa.

Seg¨²n las cuentas de la Secretar¨ªa de Estado de I+D+i, el sueldo de dos cient¨ªficos con la misma trayectoria var¨ªa unos 900 euros anuales en funci¨®n del centro p¨²blico en el que trabajen. Pero el ec¨®logo Luis V. Garc¨ªa, del Instituto de Recursos Naturales y Agrobiolog¨ªa de Sevilla, calcula que la diferencia puede llegar a ser ¡°hasta una tercera parte del sueldo¡±, como en su caso. ?l es uno de los 60 investigadores del CSIC que tambi¨¦n est¨¢n afectados por la ilegalidad del Gobierno, como Bel¨¦n Pintado, experta en ratones transg¨¦nicos y expresidenta de la Sociedad Espa?ola para las Ciencias del Animal de Laboratorio.

¡°El ministro de Hacienda, Crist¨®bal Montoro, es catedr¨¢tico de Econom¨ªa Aplicada en la Universidad de Cantabria. Como buen catedr¨¢tico, no tolerar¨ªa que su sueldo dependiera de caerle simp¨¢tico al decano. Nosotros exigimos lo mismo¡±, sentencia Garc¨ªa.