D¨¦monos la mano
El problema de Catalu?a no se resolver¨¢ esperando pasivamente a que desaparezca por agotamiento, o neg¨¢ndolo. Hay que actuar con visi¨®n de futuro, de una forma sensata, transaccional y civilizada
Seg¨²n la primera oleada de 2017 del Bar¨®metro de Opini¨®n Pol¨ªticadel Centre d¡¯Estudis d¡¯Opini¨® de la Generalitat, el 23,3% de los ciudadanos de Catalu?a se sienten solo catalanes, frente al 22,6% que se sienten m¨¢s catalanes que espa?oles, el 36,7% tan espa?oles como catalanes, el 5,0% m¨¢s espa?oles que catalanes, y el 7,6% solo espa?oles. Es decir, la realidad sociol¨®gica de Catalu?a es que el 71,9% de los catalanes se sienten tambi¨¦n espa?oles en mayor o menor grado.
A pesar del sentimiento mayoritariamente mixto de pertenencia, y tal vez debido a una extendida percepci¨®n de que el Gobierno de Madrid es hostil, o indiferente, a las necesidades de Catalu?a, los partidos pol¨ªticos secesionistas obtuvieron en las ¨²ltimas elecciones auton¨®micas un 47,7% de los votos, y una mayor¨ªa en el Parlament de 72 esca?os sobre 135. Este es el parvo equipaje con el que la Generalitat pretende llevar hasta el final su refer¨¦ndum de independencia, claramente inconstitucional, pese a la oposici¨®n del Gobierno central y el nulo apoyo internacional con el que cuenta. En estas condiciones de unilateralidad ni siquiera tiene el apoyo de aquellos que, sin ser independentistas, apoyan una autodeterminaci¨®n pactada.
La realidad es que, por mucho que a algunos les parezca infundado, emocional, o construido artificialmente por intereses pol¨ªticos espurios, el problema existe. Y no se resolver¨¢ esperando pasivamente a que desaparezca por agotamiento, o neg¨¢ndolo. Porque hay al menos una mitad de catalanes que est¨¢n descontentos con la situaci¨®n actual, y si se persiste por parte de las instituciones centrales del Estado en la sordera, en el no a todo, se alimentar¨¢ el disgusto, y esa proporci¨®n puede aumentar en el futuro hasta hacer inviable cualquier soluci¨®n pactada ?Qu¨¦ har¨ªa entonces el Estado? ?Recurrir ¡ªotra vez¡ª a la violencia? Tampoco se va a resolver con la huida hacia ninguna parte que pretenden las instituciones pol¨ªticas ¡ªy algunas civiles¡ª catalanas, utilizando demag¨®gicamente el principio de que poner las urnas es democr¨¢tico y nada puede estar por encima de la democracia. ?Ser¨ªa democr¨¢tico que un alcalde catal¨¢n convocara un refer¨¦ndum para sacar a su municipio de la comunidad aut¨®noma de Catalu?a? Todo tiene un l¨ªmite, y el de las urnas es la legalidad, que tambi¨¦n ha sido aprobada democr¨¢ticamente y tiene sus propios mecanismos para ser modificada.
No es muy democr¨¢tico obligar a los catalanes a elegir entre dos propuestas extremas
No es muy democr¨¢tico obligar a los catalanes a elegir entre dos propuestas extremas, independencia o statu quo actual, con ninguna de las cuales se siente plenamente identificada la mayor¨ªa, seg¨²n todos los sondeos de opini¨®n. Eso es forzar las voluntades en un sentido o en otro, y el resultado solo podr¨ªa ser un nuevo ¡ªy est¨¦ril¡ª empate, o una victoria p¨ªrrica con una alta abstenci¨®n que no resolver¨ªa nada. Sin duda, es m¨¢s democr¨¢tico darles la posibilidad de votar una tercera opci¨®n que satisfaga la mayor¨ªa de sus intereses y deseos, sin comportar una ruptura traum¨¢tica con 500 a?os de historia, que tiene nulas posibilidades de prosperar, dadas las condiciones objetivas nacionales e internacionales. Es necesario, por tanto, llegar a un acuerdo sobre una salida pactada, y los ciudadanos ¡ªcatalanes y del resto de Espa?a¡ª debemos exigir a los partidos que se pongan a trabajar hasta lograrlo. La mayor¨ªa de los que han analizado los puntos que podr¨ªa incluir este posible acuerdo han coincidido en los m¨¢s importantes y viables. Reconocimiento de Catalu?a como naci¨®n cultural y pol¨ªtica, aunque no soberana (sirva de consuelo que la soberan¨ªa absoluta no existe hoy en d¨ªa, al menos en Europa), y, en consecuencia, de sus competencias exclusivas en materias como lengua, educaci¨®n, deporte y cultura. Estos reconocimientos deber¨ªan extenderse a las otras dos comunidades con lengua propia, Pa¨ªs Vasco y Galicia, para evitar agravios comparativos. Aceptaci¨®n del principio de ordinalidad en la distribuci¨®n de los recursos, incluida una cl¨¢usula de solidaridad con las regiones m¨¢s desfavorecidas ¡ªsuficiente y claramente delimitada¡ª que deber¨ªa ser pactada. Este principio deber¨ªa ser extendido a todas las comunidades contribuyentes netas, teniendo siempre presente que es necesario y bueno para todos ir a una progresiva convergencia de rentas. Implementaci¨®n sistem¨¢tica del principio de subsidiariedad, por el cual los asuntos se resuelven siempre en el nivel m¨¢s bajo en el que pueden ser resueltos, siempre que no afecten a los dem¨¢s. Este principio deber¨ªa ser aplicado a todas las comunidades, y podr¨ªa traducirse en un aumento de sus competencias exclusivas, claramente delimitadas, en las que las instituciones centrales del Estado no podr¨ªan entrar. Reparto geogr¨¢fico de las instituciones centrales del Estado.
Los ciudadanos debemos exigir a los partidos que se pongan a trabajar hasta lograr un acuerdo
Pero tal vez tan importante como las competencias propias ser¨ªa estudiar en qu¨¦ forma Catalu?a, y el resto de las comunidades, pueden influir en la pol¨ªtica del Estado y ser copart¨ªcipes de las decisiones que m¨¢s les afecten como comunidad, m¨¢s all¨¢ de su representaci¨®n ¡ªnecesariamente limitada¡ª en el Congreso. Un ejemplo del mecanismo que permite esa influencia lo tenemos en el Consejo Federal alem¨¢n (Bundesrat), en el que est¨¢n representados los Estados federados, que votan como tales, y que tiene derecho de veto sobre las leyes que afecten a sus competencias y sobre los cambios constitucionales. Un nuevo Senado, hecho seg¨²n este modelo, ser¨ªa el foro en el que las comunidades podr¨ªan establecer est¨¢ndares comunes en materias como sanidad, educaci¨®n o dependencia y en el que tendr¨ªan voz y voto para codirigir las grandes l¨ªneas de las pol¨ªticas estatales, al menos en lo que a pol¨ªtica territorial se refiere, sin perjuicio de las competencias del Congreso, que seguir¨ªan afectando a todos los espa?oles, en los asuntos que no estuvieran transferidos.
Este es un acuerdo posible y deseable que puede terminar con el conflicto actual, sin vencedores ni vencidos, y que no destruir¨ªa Espa?a, sino que la reforzar¨ªa. Probablemente, no satisfar¨ªa a la minor¨ªa de catalanes m¨¢s radicalmente secesionistas, que prefieren la independencia aunque sea como en Kosovo, pero s¨ª a una gran mayor¨ªa de los habitantes de Catalu?a que no han perdido su sensatez, y tambi¨¦n a una mayor¨ªa del resto de espa?oles, si se explica bien, aunque tampoco a la minor¨ªa m¨¢s nacionalista. Los cambios tendr¨ªan que ser aprobados en refer¨¦ndum en Catalu?a y, en el nivel estatal, requerir¨ªan una reforma constitucional seg¨²n el procedimiento del art¨ªculo 167 de la Constituci¨®n, que podr¨ªa incluir tambi¨¦n un refer¨¦ndum.
Nos encontramos ante un momento hist¨®rico, que puede marcar por mucho tiempo el futuro de este pa¨ªs, tan cainita y suicida en el pasado, hacia nuevos enfrentamientos o hacia un futuro com¨²n de progreso, prosperidad, paz y concordia. Habr¨¢ que ver si somos capaces por una vez de actuar con visi¨®n de futuro, de una forma sensata, transaccional y civilizada, porque si no lo somos, las consecuencias pueden ser muy serias. Darnos la espalda nos perjudica a todos. Hag¨¢monos un favor, d¨¦monos la mano.
Jos¨¦ Enrique de Ayala es general de brigada retirado y analista de la Fundaci¨®n Alternativas.
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