Un pacto para avanzar

Tras seis meses de intenso trabajo parlamentario y la comparecencia de 66 expertos ante la subcomisi¨®n del Congreso creada al efecto, las fuerzas pol¨ªticas han alcanzado finalmente un pacto de Estado contra la violencia de g¨¦nero. El acuerdo ha de dar un nuevo impulso a una lucha que corr¨ªa el riesgo de quedar paralizada por la impotencia o el conformismo. En lo que llevamos de a?o han sido asesinadas 32 mujeres ¡ªcinco m¨¢s que en el mismo periodo del a?o anterior¡ª y seis menores, y otros 16 han quedado hu¨¦rfanos. La ley contra la Violencia de G¨¦nero de 2004 permiti¨® cambiar el paradigma de fatalidad y dar un salto, tanto en la protecci¨®n de las mujeres amenazadas como en el castigo de los maltratadores. Pero su aplicaci¨®n era desigual y era preciso superar adem¨¢s carencias importantes.

El pacto tiene la virtud de la concreci¨®n: 200 medidas y un presupuesto de 1.000 millones de euros en cinco a?os, que las fuerzas de la oposici¨®n quieren que tenga car¨¢cter extraordinario y finalista. El abanico de medidas incluye cambios legales y de reorganizaci¨®n de los dispositivos con el objetivo de garantizar una respuesta r¨¢pida, eficaz y homog¨¦nea en todo el pa¨ªs. Una de las medidas m¨¢s importantes es el cambio de criterio en la definici¨®n de v¨ªctima. Hasta ahora, para que las mujeres pudieran acceder a servicios de ayuda y protecci¨®n, era preciso que hubiera presentado antes denuncia. Este requisito frenaba la petici¨®n de asistencia, pues muchas mujeres amenazadas no se ven con fuerzas para enfrentarse al maltratador. A partir de ahora, se podr¨¢ acceder a protecci¨®n y ayuda mediante una acreditaci¨®n como v¨ªctima que podr¨¢n emitir tanto organismos judiciales como policiales y sociales espec¨ªficos. Otros acuerdos importantes son la protecci¨®n espec¨ªfica de los menores, la supresi¨®n del atenuante de confesi¨®n, restricciones en la aplicaci¨®n de la custodia compartida y el compromiso de estudiar una f¨®rmula para evitar que la dispensa de la obligaci¨®n de declarar por parte de la v¨ªctima favorezca la impunidad del maltratador.

Desde el punto de vista organizativo hay que destacar la recuperaci¨®n de competencias por parte de los ayuntamientos. Al ser la administraci¨®n m¨¢s cercana, tienen mayor capacidad de detecci¨®n de los casos y, por tanto, pueden ser m¨¢s eficaces. La falta de coordinaci¨®n entre instituciones y la escasa especializaci¨®n de algunos servicios es la causa de que los resultados sean hoy muy desiguales. El pacto prev¨¦ medidas para garantizar que, cuando se detecte un caso, se active de forma r¨¢pida un sistema de acompa?amiento de la v¨ªctima que evite su desprotecci¨®n. La casu¨ªstica demuestra que el momento de mayor peligro es la fase posterior a la ruptura o la denuncia. La existencia de unidades multidisciplinares espec¨ªficamente formadas para este tipo de problem¨¢tica mejorar¨¢ sin duda la respuesta.

Habr¨¢ que esperar a la votaci¨®n del pr¨®ximo viernes para ver c¨®mo queda la redacci¨®n final del art¨ªculo uno. En ¨¦l se contempla introducir otros tipos de violencia contra las mujeres fuera de la pareja, como la mutilaci¨®n genital o la prostituci¨®n forzosa. Tambi¨¦n ser¨¢ una prueba importante del grado de compromiso adquirido el que se apruebe una comisi¨®n parlamentaria de evaluaci¨®n y seguimiento.