Contra el Parlament

El bloque secesionista catal¨¢n pretende aprobar las leyes de desconexi¨®n ¡ªo ruptura del orden constitucional¡ª contra las minor¨ªas que representan la mayor¨ªa social en las urnas del 27-S de 2015, desnaturalizando al Parlament.

El Tribunal Constitucional (TC) ha admitido a tr¨¢mite con acierto la impugnaci¨®n de la reforma del reglamento de la C¨¢mara que dar¨ªa pie a la secesi¨®n expr¨¦s. Y as¨ª, esa reforma (del art¨ªculo 135) ha quedado suspendida. El nuevo reglamento apuntaba contra la oposici¨®n. Romp¨ªa las reglas de juego garantistas de los derechos de los diputados y, a trav¨¦s de estos, del derecho de los ciudadanos a la participaci¨®n pol¨ªtica (art. 23 de la Constituci¨®n).

La reforma estableci¨® que el procedimiento simplificado de lectura ¨²nica (sin discusi¨®n previa en Ponencia y Comisi¨®n) pod¨ªa iniciarse con la iniciativa de un solo grupo, en vez de la anterior unanimidad de todos ellos, y no garantizaba el derecho de las minor¨ªas a presentar enmiendas.

Es la combinaci¨®n de ambas limitaciones lo que el Consejo de Estado consider¨® atentatorio a los derechos de los parlamentarios. La propaganda oficialista de que la suspensi¨®n de la reforma es discriminatoria respecto de otras autonom¨ªas es falaz: en muchos Parlamentos existe la lectura ¨²nica. Pero como norma, con garant¨ªas: o se activa por unanimidad o hay derecho a enmienda. De lo contrario, se produce una suerte de dictadura en la propia C¨¢mara.

Los secesionistas planean como alternativa el uso forzado de otro art¨ªculo (el 81), que permite anular algunos tr¨¢mites tras un acuerdo expl¨ªcito de la mayor¨ªa, esquivando el control del Consejo de Garant¨ªas Estatutarias. O en su caso, una v¨ªa de urgencia ¡ªsupuesto a todas luces abusivo: no hay urgencia social ninguna en romper ni Catalu?a ni Espa?a¡ª, que reduce los plazos y la facilidad de plantear enmiendas.

Como se ve, trucos ¡ªpresuntamente astutos, pero de r¨¢bula¡ª para aplastar, s¨ª o s¨ª, a la oposici¨®n, impidiendo o dificultando su margen de enmendar las leyes o de recurrir al organismo garante de la estatutoriedad de las nuevas normas. Y a su rebufo, a m¨¢s de la mitad de la ciudadan¨ªa representada por ella. No es una cuesti¨®n administrativa, pues los procedimientos legislativos son el coraz¨®n de la actividad del Parlamento. Y por tanto de la divisi¨®n de poderes y del Estado de derecho.

La testarudez de los secesionistas en negar la igualdad de condiciones a sus colegas solo tiene parang¨®n con el uso abusivo de la tarea legislativa para la propaganda. La inminente ley del refer¨¦ndum ha sido presentada cuatro veces: a los diputados (separatistas); en un acto p¨²blico en el Teatre Nacional de Catalunya; con ocasi¨®n de la firma de todos los disputados fieles; al presentarla al registro. Y lo ser¨¢ de nuevo cuando se acepte a tr¨¢mite (antes de que el TC la suspenda).

Lo m¨¢s significativo es su firma por todos los parlamentarios secesionistas. Aparenta fuerza; pero esconde desconfianza e inseguridad. Sirve para que todos se vigilen entre s¨ª, no sea que alguno desfallezca, como sucedi¨® con varios consejeros, y haya que purgarlo, algo m¨¢s arduo con un diputado. Si este autoritarismo m¨¢s bien propio de esp¨ªas prefigura un (esot¨¦rico) Estado independiente, sus partidarios acabar¨¢n huyendo del mismo, despavoridos.