Extradici¨®n injustificada

Bajo el escudo de las medidas de emergencia adoptadas tras el intento de golpe de Estado de hace un a?o, el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, ha lanzado una nueva ofensiva contra los derechos y libertades. Casi un millar de funcionarios, entre los que figuran militares, profesores y empleados judiciales, han sido despedidos bajo la acusaci¨®n de estar vinculados a organizaciones terroristas o a grupos que ponen en peligro la seguridad nacional.

La misma imputaci¨®n pesa sobre el periodista turco-sueco Hamza Yal?in, detenido en Barcelona el pasado d¨ªa 3 y encarcelado por decisi¨®n de la Audiencia Nacional en cumplimiento de una orden de Interpol. Tanto los jueces como la fiscal¨ªa entienden que debe continuar en prisi¨®n, toda vez que existe riesgo de fuga, ya que el periodista no tiene arraigo en nuestro territorio. Ankara ha reclamado su extradici¨®n y tambi¨¦n la del escritor turco-alem¨¢n Dogan Akhanli, arrestado en Granada y actualmente en libertad condicional.

Sobre Espa?a recae la decisi¨®n de entregar a un pa¨ªs que cada d¨ªa da muestras de una flagrante vulneraci¨®n de los derechos fundamentales a dos intelectuales cuyo ¨²nico delito es ser cr¨ªticos hacia el Gobierno de Erdogan. Numerosas organizaciones internacionales dedicadas a promover y proteger la libertad de expresi¨®n ya han solicitado al Ejecutivo espa?ol que no extradite a Yal?in y Akhanli. El Consejo de Ministros deber¨ªa ir preparando las acciones precisas para que Yal?in y Akhanli puedan retornar cuanto antes a sus lugares de residencia, Suecia y Alemania, respectivamente.