El imperio de la ley avanza en ?frica

¡°La grandeza de una naci¨®n reside en su fidelidad a la Constituci¨®n y a la adherencia estricta al imperio de la la ley¡±. Estas palabras fueron pronunciadas el 1 de septiembre por David Maraga, presidente del Tribunal Supremo (TS) de Kenya, al anunciar la anulaci¨®n de las elecciones presidenciales celebradas en el pa¨ªs el pasado 8 de agosto. El fallo de la m¨¢xima corte afirmaba que la declaraci¨®n de Uhuru Kenyatta como vencedor de las mismas es ¡°inv¨¢lida y nula¡±, a?adiendo que la junta electoral ¡°fall¨®, descuid¨® o rechaz¨® conducir el proceso electoral de acuerdo a los dict¨¢menes de la Constituci¨®n¡±. Entre otras, la junta ¡°cometi¨® irregularidades en la transmisi¨®n de los resultados¡±. Los pr¨®ximos comicios, a celebrar en un plazo de 60 d¨ªas, ¡°han de ser llevados a cabo en estricta conformidad con la Constituci¨®n y la ley electoral¡±.

La seguridad y fiabilidad de los sistemas utilizados por la junta electoral hab¨ªan sido puestos en cuesti¨®n en varias ocasiones y pocos d¨ªas antes de la votaci¨®n la tensi¨®n era m¨¢xima porque Chris Msando, presidente de la junta electoral, hab¨ªa sido encontrado muerto y torturado una semana antes. La firmeza del presidente Maraga sobredimensiona su figura como protagonista de una decisi¨®n hist¨®rica y sin precedentes en ?frica. Y constata su valor al enfrentarse a Kenyatta, un presidente en ejercicio que le design¨® presidente del TS.? Kenyatta era vicepresidente del Gobierno en 2011 y fue imputado por el Tribunal Penal Internacional (TPI) por su actuaci¨®n en los disturbios producidos en las elecciones de 2007 que causaron m¨¢s de un millar de muertos. El TPI hubo de renunciar al encausamiento de Kenyatta por ¡°insuficiencia de pruebas¡±.

Como coloquialmente se dice, a partir de ahora, Uhuru Kenyatta se la tiene jurada a David Maraga, tal como demostr¨® el mismo d¨ªa de autos, aceptando el veredicto, pero insultando y amenazando a los magistrados, a quienes llam¨® "wakora" (ladrones, en suahili) y recordando que tras el fallo no estaban ante un presidente electo sino ante el mismo presidente anterior a los comicios en pleno uso de sus poderes, a?adiendo: ¡°?Me entienden? Maraga ha de saber que se las tiene que ver con el presidente en ejercicio. Mantendr¨¦ los ojos bien abiertos ¡°.

En mayo pasado, el exdictador chadiano Hiss¨¨ne Habr¨¦ fue condenado en Senegal a cadena perpetua por cr¨ªmenes de lesa humanidad

En cualquier caso, la decisi¨®n del TS kenyano es desde luego hist¨®rica y de importancia trascendental para todo el continente, donde, contra lo que en gran parte se cree, hay pa¨ªses donde la democracia est¨¢ relativamente bien asentada y bastante bien la libertad de expresi¨®n. Las elecciones de los ¨²ltimos a?os en Kenya (fui testigo como europarlamentario de las que en 2007 causaron 1.200 muertos) se han celebrado, aunque no plenamente, siguiendo c¨¢nones tribales. Por ejemplo, en las que comentamos, Uhuru Kenyatta, hijo del primer presidente de la independencia, Jomo Kenyatta, es kikuyu y Raila Odinga, su contendiente e hijo de Jaramogi Odinga, vicepresidente con Jomo Kenyatta (del que despu¨¦s se distanci¨®), es luo. Los kikuyu constituyen el 22% de la poblaci¨®n kenyana y los luo, el 15%. Ese factor tribal, siempre condicionante y a menudo determinante, es el caballo de Troya de la democracia africana. El fallo del TS kenyano -que ha restaurado en gran parte la integridad y credibilidad del poder judicial en el pa¨ªs- engrandece la democracia electoral y devuelve la confianza a amplios sectores que hab¨ªan perdido la fe en ella. Ser¨ªa deseable que la resoluci¨®n del presidente Maraga y de los dem¨¢s magistrados que la compartieron ayude a promover la cohesi¨®n social intertribal y la construcci¨®n nacional.

Felizmente, el progreso de la justicia y del imperio de la ley no se circunscriben a Kenya. En mayo pasado, el exdictador chadiano Hiss¨¨ne Habr¨¦ fue condenado en Senegal a cadena perpetua por cr¨ªmenes de lesa humanidad, tortura y esclavitud sexual. Ha sido juzgado en Dakar por un tribunal especial creado por la Uni¨®n Africana, denominado C¨¢maras Extraordinarias Africanas, y condenado -despu¨¦s de 26 a?os de paciente incriminaci¨®n por parte de los abogados de las v¨ªctimas- por 40.000 asesinatos pol¨ªticos y 200.000 casos de tortura durante sus ocho a?os de mandato. Y hace unos meses el Tribunal Supremo surafricano fall¨® contra la decisi¨®n del Gobierno de permitir la entrada y salida del pa¨ªs del genocida presidente de Sud¨¢n, Bachir.

El caso Habr¨¦ sin duda ha reforzado la naturaleza de la jurisprudencia africana y en concreto consolidado el desarrollo de un cuerpo jurisprudencial espec¨ªfico sobre derechos humanos. Ha inspirado la apertura en Burkina Faso (antiguo Alto Volta) del proceso contra el expresidente Blaise Compaor¨¦, asesino y ladr¨®n (anecd¨®ticamente, Burkina Faso significa ¡°patria de hombres ¨ªntegros¡±). En Guinea un tribunal est¨¢ investigando el papel del exdirigente Musa Camara en la muerte de 150 manifestantes y la violaci¨®n de cien mujeres en un estadio de Conakry. Restaurada la democracia en Gambia, se investiga la responsabilidad criminal durante la larga dictadura de Yahya Jammeh, al tiempo que en Mali comenz¨® en 2016 el juicio contra generales y oficiales responsables de asesinatos diversos. Sin olvidar la condena en 2012, pionera, del expresidente liberiano Charles Taylor por cr¨ªmenes de guerra por un tribunal especial de Sierra Leona.

El papel de los observadores electorales es limitado y su escaso n¨²mero puede en ocasiones provocar que sus conclusiones no sean fiables

Coda: Estoy convencido de que, al emitir su veredicto, el Tribunal Supremo era consciente de que varias misiones de observaci¨®n electoral, entre otras, la UE y el Centro Carter, hab¨ªan dado por buenos los comicios, lo que no fue obst¨¢culo para la emisi¨®n del fallo puesto que dispon¨ªa de mejor y mayor informaci¨®n sobre las irregularidades cometidas. Posiblemente, aquellas confiaron en que un moderno sistema electr¨®nico, supuestamente capaz de prevenir interferencias, costeado por Estados Unidos, evitar¨ªa toda supercher¨ªa. Al TS no le impresion¨®. Y al Centro Carter no le interes¨®, como tampoco el que un equipo de asesores norteamericanos y canadienses asesores de Odinga fuera expulsado del pa¨ªs, a pesar de que en su propio informe se mencione la posible responsabilidad de agentes gubernamentales. Se trata de ¡°peque?os errores aqu¨ª y all¨¢, que no consideramos hayan afectado la integridad del proceso en su conjunto¡±. El TS estim¨® lo contrario.

El papel de los observadores electorales es limitado y el escaso n¨²mero de ellos puede en ocasiones provocar que sus conclusiones no sean fiables. Observar la votaci¨®n, aleatoriamente, en unos cuantos colegios es f¨¢cil. Observar el recuento a nivel nacional, no tanto. La UE despleg¨® en Kenya una treintena de observadores, para innumerables colegios electorales y 290 centros de recuento definitivo. En declaraci¨®n formal, la misi¨®n UE tuvo que exigir el 16 de agosto el necesario ¡°respeto por el imperio de la ley y los derechos constitucionales. En ese contexto, la revocaci¨®n de la inscripci¨®n de una ONG clave, la Kenya Human Rights Commission, suscita grave preocupaci¨®n, as¨ª como la decisi¨®n de cerrar el Africa Centre for Open Governance¡±. Finalmente, la responsable de Asuntos Exteriores de la Uni¨®n, Mogherini, en su comunicado (en mi opini¨®n, precipitado) avalando la victoria de Kenyatta, ped¨ªa a la oposici¨®n que ¡°se sirva de los medios legales existentes para presentar recursos¡±. Justamente lo que ha hecho Odinga y el Tribunal Supremo le ha dado la raz¨®n. En resumidas cuentas, creo puede afirmarse que la v¨ªa hacia la consolidaci¨®n del imperio de la ley est¨¢ expedita, al menos en parte de ?frica.

Emilio Men¨¦ndez del Valle ha sido embajador de Espa?a en Jordania e Italia.