Fraude a los catalanes

La Diada se celebr¨® este lunes festivamente en la calle, como desde hace decenios. Tambi¨¦n en distintas citas entre las que destac¨®, como desde hace un lustro, la convocada por las entidades soberanistas por cuenta y con el apoyo medi¨¢tico del Govern secesionista.

El derecho a manifestarse libre y pac¨ªficamente es esencial en una democracia. La reiteraci¨®n de amplias manifestaciones reafirma que, pese a la abusiva ret¨®rica secesionista, Espa?a es una democracia avanzada (siempre perfectible) y sigue comport¨¢ndose seg¨²n sus reglas.

Los ciudadanos que ayer ejercieron ese derecho merecen por tanto todo el respeto. Otra cosa es el uso torticero que de ellos puedan hacer, y hacen, los convocantes. Y sobre todo la instituci¨®n que se debe a toda la sociedad catalana ¡ªno solo a un fragmento de la misma, por importante que sea¡ª, como el Gobierno de la Generalitat.

No es coartada para delitos ni bar¨®metro democr¨¢tico la cuant¨ªa de manifestantes

La obsesi¨®n por convertir las manifestaciones en demostraciones de fuerza resulta preocupante. No solo porque los participantes no aumentan de uno a otro ejercicio; no solo porque se contabiliza como militantes de la causa incluso a los ni?os; no solo porque suelen acudir a la convocatoria principal personas que votan de forma diferente. Sino porque la cuant¨ªa de asistentes nunca ha sido bar¨®metro democr¨¢tico: ha habido nutridas manifestaciones en la historia de distintos pa¨ªses, am¨¦n del nuestro, para todos los gustos, entre ellos los populistas y los adscritos a otras causas que no son motivo de orgullo.

Claro que un cortejo puede ser (y lo fue) term¨®metro de aspiraciones leg¨ªtimas: a una reafirmaci¨®n nacional; de rechazo a determinadas pol¨ªticas; o de reclamaci¨®n de autogobierno pleno; incluso de apoyo a la (err¨®nea) salida de la independencia.

Pero un cierto grado de calor popular no constituye ninguna coartada para actuaciones ilegales de las instituciones; ning¨²n escudo para leyes autoritarias y otras medidas que han sido suspendidas por los tribunales correspondientes; ninguna m¨¢scara colectiva que ampare la comisi¨®n de alg¨²n eventual delito individual de sus gobernantes. Ya basta con los intentos del Govern de manipular al ¡°pueblo¡±, a ¡°nuestra gente¡±, ¡°als nostres¡±, a ¡°la gent de casa¡±, y dem¨¢s incitaciones al desprecio y exclusi¨®n de los tibios, cr¨ªticos o disidentes.

Nadie proh¨ªbe votar a los catalanes, lo han hecho desde 1977 en 38 ocasiones, todas legales

La manifestaci¨®n oficial de ayer es el acta de certificaci¨®n del fin de las sonrisas; de la pretensi¨®n de la unanimidad; el registro de la fragmentaci¨®n de la sociedad catalana; la ceremonia que retrata una Catalu?a dividida. Porque el sectarismo de los organizadores se ha multiplicado, ya han olvidado hasta el derecho a decidir, para abonar directamente la ruptura abrupta.

Y porque un Govern que ha decidido dejar de ser el de todos la ha aderezado con proclamas divisorias y divisivas; distinguiendo a los partidarios de su refer¨¦ndum ilegal de los dem¨¢s, a quienes denigra como ¡°s¨²bditos¡±; incitando a la agresi¨®n verbal y el escrache contra los alcaldes que no le son fieles, sino leales al Estatut; presionando e insultando a directores de peri¨®dicos por publicar noticias, mientras organiza tumultos en defensa de una imprenta y una revista investigadas por presunta actuaci¨®n delictiva al imprimir material ilegal, y no, como se ha enga?ado, por defender la libertad de expresi¨®n. As¨ª que el Ejecutivo del president Carles Puigdemont acelera para convertirse en un problema de orden p¨²blico, tras encarnar un problema de moral p¨²blica, y no solo por la corresponsabilidad pol¨ªtica de varios de sus miembros (el portavoz, Jordi Turull, el responsable de Interior, Joaquim Forn, entre otros) en la era de la corrupci¨®n pujolista.

Ese Gobierno enga?a, como enga?¨® la campa?a por el Brexit. Es falso que su pretensi¨®n a la secesi¨®n la respalde el derecho internacional (es para colonias o pa¨ªses bajo ocupaci¨®n extranjera); que el C¨®digo Penal no castigue la malversaci¨®n ni el desacato (los sanciona); que Espa?a ¡°robe¡± a los catalanes (lo hicieron algunos de los dirigentes nacionalistas que le precedieron); que les proh¨ªba votar, cuando han participado desde 1977 en 38 convocatorias electorales y referendarias: todas ellas legales.

Es falso que no haya alternativa al refer¨¦ndum. La hay, el Estatut y su refuerzo y/o la reforma constitucional. Falso que solo el Parlament pueda inhabilitar al president, puede hacerlo la justicia, porque es un poder en un Estado de derecho con separaci¨®n de poderes. Falso que el refer¨¦ndum suspendido sea ¡°legal y con todas las garant¨ªas¡±: es ilegal y carece de censo, de respaldo normativo, de autoridad electoral conforme al Estatuto, de ninguna de las condiciones que dicta el Consejo de Europa.

Catalu?a es hoy relevante por esfuerzo de los catalanes. Y porque este se incardina en una Espa?a libre y digna: si fuese democr¨¢ticamente sospechosa, la UE la pondr¨ªa bajo lupa, como a Polonia o Hungr¨ªa. Y vetar¨ªa una ruptura que desordenase (?por vez primera!) las fronteras de 1945 en lo que es hoy la UE (cosa distinta son las derivadas del desplome sovi¨¦tico y yugoslavo). Nunca Catalu?a ha sido m¨¢s exitosa. Ni lo ser¨ªa si optase por automutilarse y quebrar una parte sustantiva de Europa.