Obed¨¦zcanse a s¨ª mismos
El Govern publica la prohibici¨®n del Constitucional. Ahora debe cumplir
El pulso que se est¨¢ librando en Catalu?a a cuenta del refer¨¦ndum inconstitucional y antiestatutario convocado por el Gobierno de la Generalitat para el primero de octubre proviene de un ¨®rdago pol¨ªtico, y este de una historia de graves desencuentros pol¨ªticos.
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Pero se plasma tambi¨¦n a trav¨¦s de mediaciones jur¨ªdicas, leyes, apariencias de leyes, reglamentos, aplicaci¨®n de normas. Porque de lo que se trata es de si sobrevive o no ¡ªen Catalu?a y en cierta manera en toda Espa?a¡ª el Estado de derecho y las normas democr¨¢ticamente consensuadas, o sus contrarias.
Por eso cada cuesti¨®n jur¨ªdica, cada medida de ejecuci¨®n y aplicaci¨®n de las normas, de las sentencias y las dem¨¢s medidas judiciales, tiene a su vez un impacto pol¨ªtico muy notable. El Govern public¨® finalmente ayer ¡ªtras un prolongado e inaceptable retraso¡ª las resoluciones del Tribunal Constitucional suspendiendo las leyes de ruptura (refer¨¦ndum y transitoriedad) y las consiguientes prohibiciones de darles cumplimiento, as¨ª como las correspondientes admoniciones a quienes desobedezcan de sus eventuales responsabilidades jur¨ªdico-penales.
As¨ª que la falaz excusa blandida por algunos, seg¨²n la cual dichas resoluciones no hab¨ªan entrado en vigor al no haberse publicado ni recibido oficialmente, deja de tener cualquier verosimilitud, por escasa que fuese.
Pero hay algo m¨¢s. Al cumplir la orden de dar publicidad a las resoluciones del alto tribunal, el Govern viene a ejercer un reconocimiento de las mismas, someti¨¦ndose a la autoridad de quien las emiti¨®. Y en virtud del principio jur¨ªdico seg¨²n el cual nadie (y menos a¨²n una Administraci¨®n) puede actuar contra sus propios actos, el Govern viene obligado ¡ªautoobligado, si se quiere¡ª a cumplirlas. Es decir, a desconvocar oficialmente todos los actos, actuaciones y medidas adoptados para la organizaci¨®n de la consulta.
De lo contrario, revela que no ¨²nicamente incumple los leg¨ªtimos mandatos superiores, sino tambi¨¦n que se desobedece a s¨ª mismo, alcanzado el m¨¢ximo descr¨¦dito posible. Y por tanto, como han subrayado todas las asociaciones de jueces, que ha dejado de ser autoridad y es, en consecuencia, susceptible de ser desobedecido.
Esta reflexi¨®n, cuando simult¨¢neamente se contin¨²an celebrando m¨ªtines ilegalizados, la sindicatura electoral sigue dando instrucciones desde alg¨²n lugar secreto, y persiste el desaf¨ªo cibern¨¦tico y propagand¨ªstico al Estado de derecho, podr¨¢ parecer ingenua a estas alturas. Lo ser¨ªa si se confiase exclusivamente en estos tecnicismos para exigir el cumplimiento de la ley. Pero la democracia es un sistema de toma de decisiones complejas, en el que las medidas de fuerza para defenderla de quienes pretenden destruirla deben de ir acompa?adas de otros pasos menos rotundos que sirven para cargarse de raz¨®n. Orientados siempre por el principio de que las medidas que tome el poder democr¨¢tico deben guiarse por el mandato de no generar m¨¢s perjuicios de los que se evitan, igual que hoy es conveniente recordar que la Generalitat incumple su propio BOE, ma?ana ser¨¢ preciso obligar a hacerlo con toda la fuerza coercitiva que sea necesaria.
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