El ¡®proc¨¦s¡¯ kamikaze

En v¨ªsperas del 1-0, el estr¨¦pito del debate sobre la crisis catalana ha desembocado, o se ha simplificado, en dos muy visibles posiciones. Las dos de m¨¢xima relevancia pol¨ªtica.

La primera: el refer¨¦ndum convocado por Puigdemont es frontalmente contrario a la Constituci¨®n y por tanto inadmisible. Lo dicen el Gobierno, el Partido Socialista y Ciudadanos.

Opuesta a la anterior es la otra perspectiva: que el origen del conflicto es solo pol¨ªtico, y consiste en que la mayor¨ªa del pueblo catal¨¢n quiere decidir sobre la independencia. Es lo que dicen, como un mantra, la antigua Convergencia, la CUP y la formaci¨®n de Ada Colau, con el a?adido de Podemos, que matiza -solo matiza-, para no perder apoyos en el resto de Espa?a, que ser¨ªa un refer¨¦ndum de autodeterminaci¨®n ¡°legal y acordado¡±, como si eso fuese posible (que no lo es, cosa que sabe bien Podemos con solo leer el art¨ªculo 2 de la Constituci¨®n).

As¨ª que nos encontramos con dos posiciones pol¨ªticas. Cada parte escoge como argumento una de ellas, y la plantea como incompatible con la otra. Expuestas as¨ª, desde luego, lo son.

De un lado, todos sabemos que la secesi¨®n de una parte de Espa?a es imposible de aceptar por los espa?oles. Es seguramente la decisi¨®n m¨¢s inconstitucional y traum¨¢tica que se puede adoptar en un pa¨ªs. En cualquier Estado del mundo es una l¨ªnea roja infranqueable, porque afecta a su propia existencia. Es como si a una persona le amputasen un ¨®rgano vital de su cuerpo.

No tiene precedentes hist¨®ricos (tampoco en Quebec ni en Escocia) que, en un pa¨ªs democr¨¢tico, estable y consolidado por varios siglos, sea reconocida una ruptura de la integridad territorial a trav¨¦s de un refer¨¦ndum ilegal.

Digo que no ser¨ªa ¡°reconocida¡± una hipot¨¦tica declaraci¨®n de independencia de Catalu?a, porque esta no tendr¨ªa bases econ¨®micas, institucionales, fiscales, administrativas, judiciales y legales para ser viable como Estado. M¨¢s a¨²n si naciera enfrentada al Estado espa?ol y a la Uni¨®n Europea. A¨²n en la m¨¢s estricta aplicaci¨®n de la doctrina Estrada en Derecho Internacional, no habr¨ªa modo de encontrar sustento real para un reconocimiento de una Catalu?a producto de un refer¨¦ndum sin garant¨ªas, ni estatuto de legalidad y m¨ªnimamente consistente.

Desde la otra orilla, la del independentismo, tampoco se vislumbran puentes posibles. La operaci¨®n radical ¨Cmodelo CUP- de convocar una consulta por las bravas, m¨¢s se asemeja a un movimiento revolucionario que a otra cosa, con ¡°nueva legalidad¡± catalana aprobada antes incluso de que se realice el refer¨¦ndum convocado por Puigdemont. Se dir¨ªa que Catalu?a es virtualmente independiente, ya que la Ley de Transitoriedad se autoproclama superior a la Constituci¨®n espa?ola (sic).

La secesi¨®n de una parte de Espa?a es imposible de aceptar por los espa?oles. Es la decisi¨®n m¨¢s inconstitucional y traum¨¢tica que se puede adoptar en un pa¨ªs

El proc¨¦s se ha lanzado a un camino ¨Csin retorno posible- hacia la independencia. En los ¨²ltimos d¨ªas, adem¨¢s, esta opci¨®n se ha rellenado de afirmaciones que consideran a la democracia espa?ola como algo parecido al franquismo. Puestas las cosas as¨ª, no cabr¨ªa una negociaci¨®n con un r¨¦gimen al que se considera franquista o, en palabras de Iglesias, en ¡°estado de excepci¨®n¡± (recordemos que, seg¨²n el art¨ªculo 55 de la Constituci¨®n, durante el estado de excepci¨®n, autorizado por el Congreso de los Diputados, se pueden suspender: el derecho a la libertad y la seguridad; el derecho a la inviolabilidad del domicilio y el secreto de las comunicaciones; la libre circulaci¨®n de personas; la libertad de expresi¨®n y el derecho a la informaci¨®n; el derecho de reuni¨®n; el derecho a la huelga y a adoptar medidas de conflicto colectivo). Esto es lo que sucede hoy en Espa?a seg¨²n Iglesias.

En suma, ni el Estado puede aceptar un refer¨¦ndum o una negociaci¨®n dirigida a hacer posible la independencia de Catalu?a, ni el PDeCAT, la CUP, en Com¨² y Podemos pueden aceptar antes del 1 de octubre un acuerdo que no incluya esa posibilidad, por mucho que sea claramente incompatible con la Constituci¨®n y con los tratados europeos.

Este proc¨¦s, que ha devenido bipolar, solo puede ser encauzado si se encuentra un territorio de di¨¢logo en el que la fragmentaci¨®n del Estado quede fuera de la negociaci¨®n. Y para eso hace falta que ese espacio sea aceptado por quienes a d¨ªa de hoy han planteado un ¨®rdago para que el adversario Estado no lo pueda aceptar. Este es, al fin, el problema de fondo: que el independentismo (expl¨ªcito o simulado) ha convertido en su estrategia una propuesta que no pueda ser asumida por el Gobierno y las fuerzas pol¨ªticas que sustentan la Constituci¨®n, la democracia y su principio esencial: el Estado de derecho. Ese es el modo en que se aseguran la ruptura total, y la imposibilidad del acuerdo.

La Generalitat y sus aliados han inventado un proceso independentista premeditadamente kamikaze, cort¨¢ndose su propia retirada, anclado en que la culpa es de Rajoy, como si la electoralista catalanofobia de este a?os atr¨¢s y su combate torpe e injusto contra el Estatut permitiese justificar ahora la quiebra abrupta de todo un pa¨ªs.

Diego L¨®pez Garrido es catedr¨¢tico de Derecho Constitucional.