El refer¨¦ndum catal¨¢n es una burla democr¨¢tica
No existe ning¨²n soporte legal para lo que pretenden las autoridades de Catalu?a
Espa?a es un espacio p¨²blico compartido, una realidad hist¨®rica con m¨¢s de 500 a?os en su per¨ªmetro actual, una de las naciones m¨¢s antiguas del mundo, dotada de una Constituci¨®n moderna, la de 1978, pactada entre las m¨¢s diversas fuerzas pol¨ªticas y ratificada por los ciudadanos de manera muy mayoritaria. Es un pa¨ªs plural y diverso, en el que existen distintas lenguas conviviendo con el castellano, como la catalana, la vasca y la gallega.
Su configuraci¨®n pol¨ªtica est¨¢ fuertemente descentralizada y las que llamamos Comunidades Aut¨®nomas, con sus gobiernos y parlamentos, asumen una gran cantidad de competencias, semejantes a las federaciones m¨¢s descentralizadas como la alemana.
Las normas que rigen el autogobierno est¨¢n fijadas en los Estatutos de Autonom¨ªa, desarrollados en el marco de la Constituci¨®n Espa?ola que garantiza la soberan¨ªa de todos los ciudadanos espa?oles, su igualdad de derechos y obligaciones, al tiempo que reconoce la diversidad de los pueblos de Espa?a.
Llegar a este punto ha sido dif¨ªcil en un periodo hist¨®rico en el que Espa?a trataba de superar conflictos hist¨®ricos conocidos, cuya ¨²ltima etapa fue la salida democr¨¢tica de una larga dictadura, precedida de un golpe militar contra la Segunda Rep¨²blica en los tormentosos a?os 30 del pasado siglo.
Desde ese pacto constitucional, Espa?a ha conocido el periodo m¨¢s extenso de convivencia en libertad, de modernizaci¨®n y desarrollo pol¨ªtico, econ¨®mico y social m¨¢s brillante de su historia.
Contra esta realidad se alza un movimiento secesionista en Catalu?a, que trata de liquidar la Constituci¨®n y el Estatuto de Autonom¨ªa, destruyendo la legalidad vigente y la legitimidad del propio Gobierno de Catalu?a, junto a los grupos parlamentarios que lo siguen en esta aventura.
En los momentos que vivimos lo m¨¢s parecido al fen¨®meno de estos d¨ªas, con la convocatoria de un pretendido refer¨¦ndum de secesi¨®n, acompa?ado de una ley de transitoriedad hacia una nueva situaci¨®n, es lo que est¨¢ ocurriendo en Venezuela con su Asamblea Nacional Constituyente. Una ruptura sediciosa y, por ello, ilegal del ordenamiento jur¨ªdico democr¨¢tico, llevada adelante sin respeto alguno a las normas que le dan legitimidad a los responsables pol¨ªticos que lo quieren imponer al conjunto de la sociedad catalana y al de todos los espa?oles.
En el marco institucional de Espa?a todas las ideas pueden ser expresadas y defendidas con libertad. Por tanto, nadie puede objetar que haya ciudadanos que defiendan la independencia de un territorio o que, en sentido contrario, quieran acabar con la descentralizaci¨®n pol¨ªtica y el Estado de las Autonom¨ªas.
Desde ese pacto constitucional, Espa?a ha conocido el periodo m¨¢s extenso de convivencia en libertad, de modernizaci¨®n y desarrollo pol¨ªtico, econ¨®mico y social m¨¢s brillante de su historia
En este caso se trata de hacer desaparecer la soberan¨ªa de todos los espa?oles para decidir su futuro, sustituy¨¦ndola por una nueva soberan¨ªa que corresponder¨ªa al espacio territorial de Catalu?a, ejerciendo un supuesto derecho de autodeterminaci¨®n que vulnera la Constituci¨®n y el propio Estatuto de Autonom¨ªa, tanto en la forma en que lo plantean como en el fondo.
Es posible defender un cambio constitucional y estatutario, siguiendo los procedimientos establecidos para hacerlo, pero no es posible, ni democr¨¢tico, tratar de imponerlo desconociendo y violentando las normas. Espa?a, como cualquier democracia del mundo es un Estado de derecho, con sus propias reglas de funcionamiento, que tiene todos los instrumentos para cumplirlas y hacerlas cumplir.
Asistimos a paradojas que no parecen alarmarnos en esta crisis de gobernanza de la democracia representativa en los lugares en que esta rige. Asistimos al mismo tiempo a la emergencia de esos nacionalismos de distinta ¨ªndole que llevaron a Europa entera a las cat¨¢strofes de la primera mitad del siglo XX. Por eso escuchamos que la democracia est¨¢ por encima de la ley, no garantizada por la ley.
No existe ning¨²n soporte legal para lo que pretenden las autoridades de Catalu?a, ni en el ordenamiento jur¨ªdico interno, ni en el de la Uni¨®n Europea, ni en el derecho internacional. Por eso es un disparate democr¨¢tico.
Es cierto que se ha creado una fractura que nos costar¨¢ recuperar y que exigir¨¢ talento pol¨ªtico, liderazgo y pacto. Pero en los momentos que vivimos solo cabe respetar y hacer respetar la ley contra la secesi¨®n que pretenden.
Felipe Gonz¨¢lez es expresidente del Gobierno de Espa?a.
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