El Estado democr¨¢tico responde

Ante un desaf¨ªo excepcional, el Gobierno, con acuerdo de los principales partidos de la oposici¨®n, PSOE y Ciudadanos, ha dado un paso igualmente excepcional: acudir al Senado para proponer una serie de medidas que, de acuerdo con el art¨ªculo 155 de la Constituci¨®n, impidan al presidente de la Generalitat seguir actuando contra el inter¨¦s general y garanticen el cumplimiento por parte del Govern y el Parlament catal¨¢n de sus obligaciones constitucionales. Ambas instituciones se han situado fuera de la legalidad: actuar contra ellas est¨¢ plenamente justificado.

Las medidas propuestas, que incluyen la destituci¨®n del Govern en su totalidad y la disoluci¨®n del Parlament con vistas a la convocatoria de unas elecciones auton¨®micas, son, qu¨¦ duda cabe, tan dr¨¢sticas como contundentes. No es el camino que quer¨ªa emprender el Gobierno ni la v¨ªa deseada por ning¨²n dem¨®crata. Es muy doloroso para quienes concibieron y apoyaron esta Constituci¨®n ¡ªbasada, en gran medida, en el Estado de las autonom¨ªas¡ª asistir a este gran fracaso. Pero el espanto no debe confundirnos: solo Puigdemont y quienes le acompa?aron, abiertamente o en la sombra, en esta disparatada aventura contra el Estado de derecho son responsables de lo ocurrido.

Es imposible desconocer la dificultad de aplicaci¨®n de estas medidas y las posibles complicaciones de orden p¨²blico que se pueden generar en su ejecuci¨®n. Pero es innegable que son, a la vez, proporcionales y sim¨¦tricas al reto planteado por un independentismo cuya amenaza al orden constitucional es tan grave como la que sufri¨® la democracia espa?ola el 23-F de 1981.

No nos dejemos confundir. Todas las instituciones del Estado, desde el rey Felipe VI al Tribunal Constitucional, pasando por los principales partidos, han coincidido en se?alar que con sus actuaciones los d¨ªas 6 y 7 de septiembre, el Govern y el Parlament han suspendido el autogobierno de Catalu?a y derogado tanto el Estatuto de Autonom¨ªa como la Constituci¨®n de 1978. As¨ª lo han reconocido los independentistas en sus manifestaciones p¨²blicas y plasmado en las leyes de refer¨¦ndum y transitoriedad. Aunque no sea sino otra muestra m¨¢s del cinismo al que nos tienen acostumbrados, sorprende que los secesionistas arguyan ahora que la autonom¨ªa ha sido suspendida y reivindiquen su valor.

Las medidas son dr¨¢sticas, contundentes y proporcionales al desaf¨ªo independentista

Hasta ahora el Gobierno ha sido criticado, justificadamente, por no estar actuando pol¨ªticamente y escudarse en otras instituciones y poderes. Ahora, por fin, el Gobierno decide liderar la respuesta constitucional a la crisis catalana. Rajoy ha logrado sumar al PSOE y a Ciudadanos forjando el consenso que el 155 necesitaba: los tres partidos que le apoyan representan 254 esca?os y 16 millones de votos, una mayor¨ªa tan cualificada como leg¨ªtima para actuar.

La democracia no solo tiene el derecho de defenderse sino el deber de hacerlo. El Estado no es un ente abstracto, es la instituci¨®n a la que confiamos la protecci¨®n de nuestra libertad y prosperidad. Por eso tiene una capacidad coactiva, legal y leg¨ªtima. Todos los Estados contemplan mecanismos como el 155 para corregir las desviaciones o abusos de poder de los Gobiernos o regiones. Todos. Que el 155 no se haya usado nunca no deslegitima su aplicaci¨®n, al contrario.

Los ciudadanos catalanes tienen que estar tranquilos: el Estado de derecho les ampara y sus derechos y libertades est¨¢n garantizados. Tambi¨¦n sus empleos, empresas, ahorros e intereses econ¨®micos, puestos en cuesti¨®n por el Govern. Estamos ante el comienzo del regreso de la Constituci¨®n y el Estatut a Catalu?a. Las elecciones auton¨®micas permitir¨¢n restaurar definitivamente esa legalidad y demostrar que, lejos de acallar la democracia y la voz de los catalanes, es la Constituci¨®n la que garantiza el autogobierno.

Es la Constituci¨®n la que garantiza los derechos y libertades de los catalanes, incluido el autogobierno

Deseamos que ese camino se recorra con las menores turbulencias posibles. Pero pedimos a los tres partidos implicados en esta decisi¨®n que, exigiendo como es debido la mejor gesti¨®n posible de este momento tan delicado, mantengan su unidad por encima de las dificultades y obst¨¢culos que puedan surgir en el camino.

Contamos con que habr¨¢ oportunidad a partir de ese momento para abordar los problemas de fondo: la recomposici¨®n de la estructura territorial, la modernizaci¨®n del pa¨ªs, en suma, la reforma constitucional que se hace urgente a la luz de los acontecimientos de los ¨²ltimos meses. Nos parece muy dif¨ªcil abordar ese empe?o en el mismo escenario que tenemos en la actualidad. Unas elecciones generales, quiz¨¢ coincidiendo con las catalanas, podr¨ªa ser el instrumento adecuado para que la necesaria negociaci¨®n posterior quede en manos de figuras reci¨¦n surgidas de las urnas.

Espa?a es un pa¨ªs fuerte. Nuestra democracia goza de las mismas virtudes y defectos que las m¨¢s avanzadas del mundo. Pero como todas ellas, necesita de vez en cuando una revisi¨®n a fondo. Desde el alumbramiento del texto constitucional en 1978, han pasado ya varias generaciones de espa?oles. Es hora de conectar a todas ellas con nuestra ley fundamental, involucr¨¢ndolas en su modernizaci¨®n. Ojal¨¢ que la grave crisis que tenemos ante los ojos nos d¨¦ el aliento que se requiere para emprender esa dif¨ªcil y fundamental misi¨®n.